La norma dispone que los trabajadores cobren indemnizaciones, aunque mantengan la relación laboral. Los Neuss se quedaron con la usina que fue a desempate.
Los Neuss se quedaron con la hidroeléctrica Cerros Colorados
La privatización de las cuatro hidroeléctricas del Comahue a las nuevas concesionarias privadas, que le dejarán u$s 706 millones al gobierno de Javier Milei, podría ingresar en un terreno laboral conflictivo por la decisión oficial de no reconocer en forma plena el pago de las indemnizaciones surgidas de la controvertida “ley Moyano”.
Impuesta por la fuerza hace más de tres décadas por el gremio de Hugo Moyano y los metrodelegados del Subte porteño, la ley es un mecanismo que establece que cada vez que un concesionario deja de prestar un servicio o una actividad determinada debe indemnizar a quienes trabajan aun cuando mantengan sus puestos de empleo con los nuevos operadores.
Para la reprivatización de las represas El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila, la gestión libertaria introdujo en los pliegos licitatorios un par de modificaciones sobre la cuestión del personal que van camino a alterar las reglas de juego previstas en los contratos de las concesionarias salientes que aún están vigentes.
La letra chica de las concesiones de las centrales adjudicadas por Carlos Menem a mediados de los 90 establece que cada sociedad operadora “deberá adoptar, a su costo, todas las medidas que efectivicen la disolución del vínculo jurídico que mantenga con el personal bajo relación de dependencia o contratado”.
Tras el cobro de las indemnizaciones correspondientes, el personal que seguía trabajando con la nueva concesionaria lo hacían ingresando con antigüedad cero.
Con el esquema normativo actualizado, sólo podrían cobrar indemnización quienes decidan no pasar a la nueva concesionaria y opten por desvincularse de manera definitiva de sus actuales empleadores.
Según explicaron a Letra P fuentes del sector que analizaron a fondo los documentos, quienes opten por seguir trabajando en las centrales con las nuevas concesionarias no cobrarán ninguna clase de indemnización ni gratificación. El único “premio” será que ingresarán a la nómina de las nuevas operadoras manteniendo la antigüedad y los beneficios salariales que poseen actualmente.
Otro punto que genera incertidumbre respecto del futuro funcionamiento de las usinas es el hecho de que el personal especializado, con varias décadas de experiencia acumulada, no estaría obligado a seguir en actividad si es convocado por las nuevas concesionarias. Si un técnico o trabajador declina incorporarse, la operadora actual deberá garantizarle continuidad laboral o despedirlo con todos los componentes indemnizatorios previstos en las normas vigentes.
En cuanto a los nuevos adjudicatarios, la administración mileísta terminó de otorgar la central de Cerros Colorados, que permanecía pendiente, al grupo local Edison Inversiones (EI), liderado por los hermanos Juan Neuss y Patricio Neuss.
El grupo Edison —que también integran Rubén Cherñajovsky, Luis Galli, Guillermo Stanley, Federico Salvai, Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli— logró quedarse con la represa de 472 MW de potencia instalada tras mejorar en casi 70% su oferta inicial.
En la primera instancia se habían presentado seis propuestas y las dos más elevadas fueron a "desempate" porque la diferencia entre ambas no superó el 10%. La segunda vuelta quedó planteada entre el grupo Edison, que valuó la central en u$s 38 millones, y BML Inversora (del grupo MSU), que había ofertado u$s 41,6 millones.
En el repechaje, el grupo de los Neuss presentó una mejora de u$s 26 millones que elevó su oferta final a algo más de u$s 64 millones, frente a los u$s 62,7 millones de BML.
Con ese movimiento, el grupo conducido por los Neuss —que tiene línea directa con el asesor presidencial Santiago Caputo— se transformó en el jugador más relevante del negocio hidroeléctrico en la era libertaria. Controlará dos de las cuatro represas licitadas y comprometerá un total de u$s 226 millones.
La semana pasada había ganado la concesión para operar la central Alicurá por un plazo de 30 años. Se quedó con esa represa, de 1050 MW de potencia instalada, con una oferta de u$s 162.040.000 que superó a la presentada por la estadounidense AES, operadora histórica desde mediados de los 90.
Formado poco después de la llegada de Milei a la Casa Rosada, Edison debutó en el ámbito energético a principios de este año con la compra de un paquete que incluyó las distribuidoras eléctricas de Tucumán y Jujuy, la transportista Litsa y la hidroeléctrica Cempsa, operadora de la represa Potrerillos.
Otra ganadora de la licitación fue BML Inversora, del grupo MSU encabezado por Manuel Santos Uribelarrea, empresario que pasó del agro a la energía eléctrica. Según cifras oficiales, el grupo ya lleva invertidos u$s 1000 millones en tres centrales térmicas de ciclo combinado en Buenos Aires y Córdoba, con una potencia total de 750 MW.
Con una oferta de u$s 235,6 millones, superó a cinco competidoras y logró hacer pie en la emblemática central de El Chocón, de 1200 MW, más los 128 MW del dique compensador de Arroyito. Dejó fuera de juego al grupo italiano Enel, operador de la represa durante 30 años.
El único que logró conservar su posición y obtuvo una nueva concesión hasta 2056 fue Central Puerto (CP), actual operador de Piedra del Águila, la hidroeléctrica más grande y moderna del paquete.
Con accionistas como Carlos Miguens, Guillermo Reca, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany, CP controla 14 centrales térmicas e hidráulicas y parques eólicos que suman 6703 MW, equivalentes al 20% de la oferta eléctrica nacional. En gas, maneja las distribuidoras Gas del Centro y Gas Cuyana y posee el 20% de la Transportadora de Gas del Mercosur (TGM).
Retuvo la central de 1440 MW, que venía operando desde hace años, con una oferta de u$s 245 millones, superando propuestas que oscilaron entre u$s 170 millones y u$s 205 millones.