TGS se quedó con la ampliación del ex gasoducto Néstor Kirchner. Invertirá u$s 700 millones para ampliar la capacidad. Precios dolarizados, en la mira.
Javier Milei adjudicó su primera obra pública a Mindlin y Sielecki
A 20 meses de haber desembarcado en la Casa Rosada y en medio de la incertidumbre económica, el gobierno de Javier Milei adjudicó su primera obra pública de infraestructura energética, que demandará una inversión de u$s 700 millones financiada con fondos privados, a Transportadora Gas del Sur (TGS), controlada por Marcelo Mindlin y el grupo Sielecki.
Se trata de la ampliación del gasoducto Perito Moreno -ex Néstor Kirchner-, que la compañía había iniciado el año pasado bajo el formato de “iniciativa privada”. Esta figura le permitió impulsar la propuesta técnica y financiera que ahora fue adoptada por el Estado.
La obra permitirá incrementar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta, pasando de 21 a 35 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d), y su finalización está prevista para el invierno de 2027, siempre que no surjan contratiempos en la financiación privada.
El gasoducto, inaugurado en 2023, une Tratayén (en el corazón de Vaca Muerta) con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, donde se conecta con las redes reguladas de TGS para abastecer los principales centros de consumo.
Con 563 kilómetros de longitud y 36 pulgadas de diámetro, el tendido cuenta con dos plantas compresoras que permiten actualmente un despacho máximo de 21 MMm³/d.
El contrato adjudicado incluye la ejecución y financiamiento de la ampliación por 14 MMm³/d, con opción de una extensión adicional de 6 MMm³/d, además de la operación y mantenimiento de toda la infraestructura.
La inversión total asciende a u$s 700 millones y está destinada a dotar de confiabilidad al suministro interno y sustituir importaciones de GNL y gasoil con gas proveniente de Vaca Muerta. Está estructurada bajo dos regímenes regulatorios.
El primero -por unos u$s 500 millones- se enmarca en la figura de iniciativa privada, mientras que el segundo -unos u$s 200 millones- corresponde a mejoras contractuales que TGS deberá realizar como parte de sus obligaciones de concesión.
En ambos casos, el repago recaerá sobre usuarios residenciales, comercios e industrias, a través de mayores cargos tarifarios, y sobre las petroleras exportadoras, que utilizarán el gasoducto para enviar gas a Brasil o a las futuras plantas de GNL orientadas a mercados externos.
Según las estimaciones oficiales incluidas en el proyecto, la ampliación permitirá sustituir importaciones de GNL y combustibles líquidos durante los meses de alta demanda invernal, con un beneficio para la balanza comercial superior a los u$s 700 millones anuales y un ahorro fiscal estimado en u$s 567 millones.
Durante los próximos 15 años, la operación y mantenimiento del gasoducto quedarán bajo la órbita de TGS, que recuperará su inversión mediante el cobro de una tarifa de transporte de u$s 0,69 por millón de BTU (MMBtu).
Antes de la adjudicación, la transportadora de Mindlin y Sielecki ya había recibido dos decisiones favorables del Ejecutivo.
En primer lugar, el decreto 495/25 extendió su licencia de transporte de gas hasta 2047, luego de que la empresa solicitara una prórroga en septiembre de 2023. Originalmente prevista por diez años, la extensión se amplió a 20 años, a partir de diciembre de 2027, tras la aprobación de la ley Bases.
Además, TGS logró normalizar su ecuación económica gracias a la Revisión Tarifaria Quinquenal (RTQ) aprobada por la Secretaría de Energía, que estableció desde abril un esquema de ajustes reales y graduales para cubrir gastos operativos y financiar el plan de inversiones 2025-2029.
De acuerdo con la resolución 397/25 de Energía, “la ampliación del tramo I del gasoducto Perito Moreno aumentará la disponibilidad de gas natural de la cuenca neuquina hacia los centros de consumo del AMBA y el Litoral; reducirá los requerimientos de GNL y combustibles alternativos en invierno; y mejorará el perfil de gas para generación eléctrica en los períodos estivales de alta demanda”.
La licitación, a cargo de Enarsa, acumuló varios meses de demora por ajustes en los pliegos y diferencias internas. Finalmente, la adjudicación quedó bajo sospecha por una denuncia de “irregularidad e ilegitimidad” presentada por el exinterventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) Walter Martello.
Martello cuestionó que el Gobierno incorporara en los pliegos un mecanismo de ajuste tarifario indexado al Producer Price Index (PPI) de Estados Unidos, lo cual -según advirtió- contraviene la legislación argentina.
“El PPI en dólares como mecanismo de ajuste contractual constituye una cláusula incompatible con la legislación vigente, porque utiliza un índice extranjero sin habilitación legal expresa y porque la indexación en moneda extranjera está prohibida por normas de orden público económico”, señaló el actual defensor del Pueblo adjunto general bonaerense.