En una nota a entidades vinculadas al proceso, la empresa preadjudicada cuestionó la propuesta de rebaja tarifaria de su competidora.
La empresa Jan De Nul, que integra junto a Servimagnus la oferta preadjudicada para operar la hidrovía, salió a cuestionar públicamente la propuesta de rebaja del 17,4% en la tarifa mínima de peaje planteada por su competidora DEME luego de haberse cerrado la compulsa por precios y requisitos técnicos.
En una nota enviada a todas las entidades que forman parte del proceso licitatorio (la Cámara de la Industria Aceitera -CIARA-, la Unión Industrial Argentina -UIA-, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y otras), Jan De Nul sostuvo que el supuesto ahorro prometido por la otra firma belga no surge de una mayor eficiencia operativa sino de una serie de supuestos que, según afirma, incluyen la omisión del pago de impuestos, menores inversiones y errores en la proyección de ingresos.
El principal argumento de Jan De Nul apunta al tratamiento del IVA dentro del plan económico-financiero presentado por DEME en la licitación de la hidrovía.
Según la empresa preadjudicada, actividades como el charteo de buques, la compra de combustibles y otros costos relevantes de la concesión están alcanzados por el impuesto. En ese marco, sostiene que DEME proyectó pagos de IVA por apenas u$s 95 millones durante los 25 años de contrato, cuando una estimación ajustada a la normativa vigente elevaría esa cifra a alrededor de u$s 1600 millones.
"En su oferta DEME no incluyó el IVA en gran parte de los costos y por ello la rentabilidad que presenta es tan alta que le permite ofrecer un descuento en la tarifa", señala la nota firmada por Wim Bosteels y Leonardo Román.
Jan De Nul también cuestionó el nivel de inversiones previsto por su competidora. De acuerdo con el documento, DEME contempla desembolsos por u$s 280 millones durante los primeros cinco años de concesión y no prevé inversiones para las dos décadas restantes.
La empresa compara esa cifra con los más de u$s 850 millones contemplados tanto en el modelo elaborado con participación de la UNCTAD como en su propia propuesta económica.
Otro de los cuestionamientos apunta a la estimación de los ingresos por peaje. Según Jan De Nul, DEME calculó tarifas posteriores a la profundización de la vía que superarían los máximos autorizados por el pliego, lo que habría generado una sobreestimación de ingresos cercana a los u$s 370 millones.
La firma también recordó que DEME participó del proceso licitatorio sin impugnar las reglas de juego y destacó que la empresa había valorado públicamente la transparencia del esquema diseñado con asistencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Por esa razón, cuestionó que las objeciones al proceso de privatización aparezcan después de conocida la evaluación de las ofertas.
El intercambio refleja que la tensión entre los competidores no cesa, aunque el proceso licitatorio esté en sus instancias decisivas. Tal como contó Letra P, a DEME solo le quedaba impugnar la licitación, pagando una tarifa de u$s 10 millones, para evitar que la compulsa se resuelva en favor de su competidora.
