El ministro impulsa reformas para abrir definitivamente el comercio exterior. Preocupación de operadores y trabajadores. La UIA reclama por falta de vigilancia.
Las medidas que el ministro Federico Sturzenegger aplicó sobre el funcionamiento de la Aduana y el proyecto de reformas futuras preocupan a quienes integran la cadena de comercio exterior nacional. Advierten por la desarticulación del control operativo en las fronteras, denuncian congelamiento de salarios, achique del plantel de trabajadores y cero inversión en tecnología.
Fuentes del sector afirman que Sturzenegger envió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el borrador de las reformas al Código Aduanero que incluye, por ejemplo, la eliminación de la figura del delito de contrabando para configurarlo como una infracción que se resuelva con el pago de una multa, sin consecuencias penales.
Las personas consultadas advierten que, al bajar la calificación del delito, se puede abrir la puerta a maniobras de lavado de dinero a través del comercio exterior.
Sturzenegger, junto a Eugenio Marí Thomsen, subsecretario de Reformas Estructurales, y colaborador de la Fundación Libertad y Progreso, son los autores intelectuales de los cambios ya implementados y de las futuras modificaciones a la ley 22.415 (Código Aduanero).
El proyecto también plantea ecualizar los procedimientos administrativos de la Aduana para validar los estándares regulatorios de los Estados Unidos, buscando concretar el acuerdo de comercio e inversión que firmó la Cancillería con la administración de Donald Trump. El Gobierno busca, así, abrir la puerta a tratados de libre comercio con otros países.
El avance del ministro sobre la Aduana se produce mientras el titular de la ARCA, Andrés Vázquez —quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo—, quedó debilitado tras el pedido de indagatoria del fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
A Vázquez de lo investiga por omitir la declaración de tres departamentos de más de u$s 2 millones en Miami y las sociedades financieras en paraísos fiscales con las que administró dichas compras.
Por su parte, el titular de la Dirección General de Aduanas, Andrés Velis —quien también reporta a Caputo y es un hombre de carrera en el organismo—, resiste los cambios: está en contra de la idea de Sturzenegger de configurar una “Aduana que no se vea, sin gente”.
La Aduana tiene actualmente 5300 trabajadores; en 2024, unos 800 adhirieron a los retiros voluntarios de la ARCA. Desde la llegada del gobierno libertario no se incorporaron agentes, ni siquiera para reemplazar al centenar que se jubila anualmente.
Esta baja exponencial de personal debilitó la fiscalización en fronteras, puertos y aeropuertos; incluso la Unión Industrial Argentina (UIA) denunció que, actualmente, la Aduana “es un colador”.
En sintonía, los armadores de electrónicos de Tierra del Fuego (Afarte) revelaron que uno de cada tres teléfonos que se encienden en el país ingresó de contrabando. La situación se replica en textiles, calzado, cigarrillos, cervezas y medicamentos.
“Esto configura una dinámica peligrosa: peor aún cuando se incrementa el nivel de exposición internacional del país mientras se debilitan las capacidades de control del Estado y no se capacita a los trabajadores para detectar, por ejemplo, explosivos sofisticados”, explicó una fuente del sector, al sentenciar que “el problema es Sturzenegger”.
Días atrás, el Centro de Despachantes de Aduana (CDA) convocó a más de 20 cámaras de importadores y exportadores junto al gremio Supara. El bloque solicitó una reunión con Vázquez, quien aún no los atendió. Cristian Jerónimo, triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT) y secretario general del Sindicato del Vidrio, también mostró preocupación: “Sturzenegger busca avanzar sobre controles que dañan aún más a la industria”.
Entre las reformas ya ejecutadas, el ministro eliminó la obligación de pagar garantías ante discrepancias en las operaciones: ahora basta con una declaración jurada para liberar el trámite.
Sturzenegger extendió, también, el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a todos los insumos importados para procesos productivos; así, las empresas pagan el impuesto recién al vender el producto final internamente o quedan exentas si exportan. Además, eliminó la obligatoriedad del despacho a través de profesionales matriculados, creando la figura del “declarante”.
Finalmente, el cambio de lógica implica que el importador jura que su producto cumple las reglas y pasa directamente. El control ahora es ex-post, directamente en góndolas y a partir de denuncias en la web de Defensa al Consumidor, aunque el Gobierno aún no informó cuántos inspectores nacionales quedan operativos para realizar dichas fiscalizaciones.
