La preocupación se profundizó tras el cimbronazo político del domingo. Toma de deuda en stand by y partidas presupuestarias extra para contener a la gente.
Maximiliano Pullaro junto al equipo ecónomico de Santa Fe, este lunes.
El gobierno de Santa Fe observa con inquietud el cuadro macroeconómico a nivel nacional tras las elecciones del domingo en Buenos Aires. “Con un ojo en la economía y otro en la política”, advierten, mientras observan números que podrían derivar en recesión a fin de año.
Mientras tanto, la demanda social sigue en alza: la ampliación presupuestaria para áreas sociales será del 35% para diciembre.
El seguimiento de la dinámica cambiaria se transformó en rutina. El movimiento del dólar, las intervenciones del Banco Central y la estrategia del Tesoro son mirados con lupa. El lunes posterior al terremoto político en Buenos Aires el gabinete económico provincial comandado por Pablo Olivares se juntó con el gobernador Maximiliano Pullaro para mapear el estado de situación. En el medio, el índice de inflación del INDEC mostró cierta estabilidad, aunque con un número que los especialistas ven difícil bajar.
El comité de política económica, que reúne a Hacienda, Finanzas e Ingresos Públicos, entre otras áreas, diagrama lo que viene con análisis diarios y encuentros semanales. “Nos permite reaccionar rápido”, razonan. En la proyección nacional, el año debía terminar con un crecimiento del 5%. “Hoy no nos asombraría una recesión cercana al 2 o 2,5%”, deslizan mirando a diciembre.
A la par, estudios privados dan cuenta del rojo en distintos sectores. La industria, que festeja su día en Las Parejas este viernes con presencia del gobernador y del presidente de la UIA, Martín Rappalini, exhibió una caída del 5,2% en julio.
En esa lógica, la otra pata ineludible tiene que ver con el factor social. “La paz social la estamos sosteniendo los gobernadores”, dijo semanas atrás Pullaro en la Bolsa de Comercio de Rosario, con su par cordobés Martín Llaryora a su lado. Los números a los que accedió Letra P marcan que, para julio, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Victoria Tejeda debió pedir una ampliación de presupuesto a Economía con un panorama a futuro poco alentador. “Hoy ya es del 12% y para fin de año vamos para el 35%”, adelantan.
Si la economía preocupa, el frente social alarma. “La falta de sensibilidad en estos tiempos es brutal”, aseguran en el gabinete provincial. La mirada está puesta en la parálisis de los programas nacionales y en la necesidad de ampliar partidas para sostener la asistencia. La situación de las personas con discapacidad marcó un quiebre. La demora en el reparto de fondos y convenios dejó a miles de familias sin cobertura y obligó a la provincia a reforzar su esquema.
El deterioro del consumo de la clase media es otro dato que se repite en cada informe que da cuenta de restaurantes vacíos, viajes postergados y menos compras de ropa. Rosario y la capital provincial concentran la mayor parte de la demanda en un tema hipersensible: la gente en situación de calle. En la ciudad de la bandera, según un informe reciente elevado a la Nación, se pasó de 400 a 1.000 personas en un año; en la capital, de cerca de 200 a 415. A ese cuadro se suma la variable del consumo problemático, que desborda dispositivos y asistencia.
“Centros de jubilados que antes pedían talleres, ahora reclaman bolsones de alimentos, lo más básico”, ejemplifican con dureza. En paralelo, Sedronar cortó acuerdos con instituciones locales y dejó a la provincia sin respaldo para políticas de prevención y tratamiento en adicciones. “La realidad es lo que te marca y lo que marca es que los recursos no alcanzan”, reconocen.
En la administración Pullaro, que se diferencia de LLA y apuesta al armado de Provincias Unidas, entienden que el Gobierno eligió un camino de ajuste, pero sin atender las necesidades del territorio.
En tanto, la posibilidad de tomar deuda en el exterior está en veremos. “El escenario cambió completamente: antes había mercado y no teníamos la autorización de la Nación. Ahora puede ser al revés”, dice un conocedor del paño, mientras el riesgo país apunta a los 1.100 puntos, lo que achica posibilidades. A la par, en el aspecto social reclaman por las asistencias cortadas. “Lo único que nos están dando es mercadería que se libera de la Aduana. A fin de año mandaron mochilas que terminaron en comunidades indígenas. Ahora, ropa de rezago. Programas, cero”, describen crudamente.
Por último, la seguridad alimentaria se volvió un frente caliente. Según cuentan, localidades como San Vicente o algunas del departamento San Martín, ajenas a ese tipo de pedidos, ahora solicitan asistencia. La combinación de variables configura un cuadro que, en palabras de un funcionario, “pone a prueba la capacidad del Estado para resistir”.