El argumento, reducir costos y ampliar el acceso a la tecnología. Rechazo fueguino por su impacto en la industria electrónica. Paro general este miércoles.
El Gobierno oficializó la baja de aranceles para importar celulares a horas de la huelga en Tierra del Fuego
El gobierno de Javier Milei oficializó este martes mediante el Decreto 333/2025 una drástica reducción de aranceles e impuestos internos para la importación de productos electrónicos, entre ellos los teléfonos móviles. La norma fue publicada en el Boletín Oficial a horas del paro general convocado en Tierra del Fuego en rechazo de la medida.
La decisión marca el inicio de un proceso de apertura comercial con el que la Casa Rosada apunta a fomentar la competitividad y reducir precios. Sin embargo, el anuncio provocó un inmediato rechazo de los sindicatos y del propio gobierno fueguino, quienes consideran que esta política pone en riesgo la actividad productiva y miles de empleos en el extremo sur de la Patagonia.
La medida establece que el arancel de importación de teléfonos inteligentes pasará del 16% actual al 8%, con un cronograma que lo llevará al 0% el 15 de enero de 2026. Además, se eliminó la posición arancelaria de consolas de videojuegos, lo que implica una baja del 35% al 20% y su alineación con el Arancel Externo Común del Mercosur.
También se redujeron los impuestos internos del 19% al 9,5% para aires acondicionados, monitores, televisores y otros dispositivos. El objetivo, según el texto oficial, es “mejorar el acceso a bienes tecnológicos y fortalecer la competitividad industrial”.
Para las empresas radicadas en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, el decreto establece una exención total del impuesto interno, siempre que se certifique el origen local de los productos. Esta exención tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2038.
A pesar del beneficio para fabricantes fueguinos, la medida fue rechazada de manera unánime por los gremios. La CGT, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y otras entidades convocaron este miércoles a un paro general en la provincia “en defensa de la soberanía, los puestos de trabajo y la industria nacional”. Por su parte, la UOM de Río Grande había resuelto una huelga por tiempo indeterminado en el mismo momento en que la semana pasada se conoció la iniciativa oficial por parte del vocero Manuel Adorni.
Los sindicatos calificaron la medida como “un devastador ataque contra Tierra del Fuego AIAS”. En un comunicado conjunto, aseguraron que “estas decisiones implican la asfixia de la producción, amenazan a la industria y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo”.
Además, los gremios denunciaron que la medida es “una nueva concesión del Gobierno de Javier Milei al Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de financiamiento para sostener un plan económico inviable”.
Las organizaciones sociales y sindicales alertaron sobre la posible “pérdida de más de la mitad de los puestos laborales en la industria fueguina” y denunciaron que se prioriza el beneficio de “un minúsculo sector de la población en contra de la mayoría”.
Según los considerandos del decreto, el Gobierno busca “generar un impacto positivo en la oferta y reducir precios al consumidor final”. La medida se ampara en la Decisión N° 8/21 del Consejo del Mercado Común del Mercosur, que autoriza a los países a aplicar alícuotas reducidas hasta el 31 de diciembre de 2028.
El texto legal fue suscripto por el presidente Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Toto Caputo. Además, fue notificado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
A pesar de los argumentos oficiales, la tensión con los gremios no cede. “Hoy le decimos basta a un plan que solo apunta a la especulación financiera y la depredación de nuestras riquezas naturales”, afirmaron los sindicatos en un comunicado, reafirmando su compromiso con la medida de fuerza que se llevará a cabo este miércoles.