La meta fiscal se consigue cada mes a expensas de un deterioro en la infraestructura y los servicios. Las inversiones pisadas afectan la competitividad.
Javier Milei y su motosierra para reducir el Estado a la mínima expresión.
Por cada $ 100 que el Estado destinaba a hacer obra pública en 2023, ahora pone 23. En el año y medio de gobierno de Javier Milei y Toto Caputo, el ajuste en los recursos para mantener y mejorar la infraestructura continúa. El poder de compra de los salarios públicos cayó 15 puntos. Docentes universitarios y científicos perdieron hasta 35%.
Estos recortes explican buena parte del superávit fiscal, piedra basal del programa económico. El economista Haroldo Montagu, de la consultora Vectorial, mostró que el presupuesto para las obras públicas es el único que no recuperó algo del ajuste de 2024. Incluso comenzó a caer el gasto en jubilaciones, por el efecto del bono congelado.
Estos ajustes de la administración libertaria tienen costos económicos que en la actualidad se tapan con la alfombra.
“No tiene sentido pensar un país sin obra pública, porque si las rutas se rompen y las personas y las mercancías no pueden circular, hay costos adicionales muy difíciles de cuantificar”, dijo Martín Kalos, economista de Epyca.
“En algún momento, las aseguradoras incluirán en sus primas este costo mayor de eventuales accidentes con riesgo sobre la vida y las mercaderías”, graficó.
Lo mismo ocurre con el ajuste de las jubilaciones mínimas. "Que dos tercios de los jubilados cobren un haber inferior a la línea de pobreza significa que las familias tienen que ayudar a los ancianos, por más que hayan trabajado toda su vida. O que tengan que seguir trabajando para llegar a fin de mes. Este costo social de la pauperización de los adultos mayores no es fácil de cuantificar, pero está", agregó Kalos.
El ajuste en el gasto de obra pública rozó el 80%, en términos reales, en 2024. En el primer cuatrimestre de 2025, hubo una mejora marginal, pero la inversión en infraestructura sigue en niveles históricamente bajos y se destruyeron 100.000 empleos.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), significó el 0,4% del PBI en 2024, contra el 1,6% de 2023 (impulsado por el gasoducto ex Néstor Kirchner).
El Gobierno quiere que la obra pase a una gestión privada -rutas que se financien con peaje, por ejemplo- o a las provincias. Estas, a su vez, enfrentan caídas en las recaudaciones propias y una presión de la Nación para achicar impuestos y gastos. En 2024, el gasto consolidado en provincias cayó 16% real, contra recursos -propios y coparticipables- que se redujeron 14%, según la consultora MAP.
Según constructores, las provincias tomaron a su cargo algunas ejecuciones menores, pero nada más.
Los gobernadores se juntarán esta semana en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) preocupados por la caída de la caja y para hacer catarsis sobre la falta de obras, pero no proyectan una articulación ante la motosierra nacional.
“Algunas obras muy puntuales las continuaron, pero la mayoría quedó paralizada. Cuando es así, la obra se interrumpe, se retiran los equipos. Hay un contrato, pero se conversa para intentar llegar a un arreglo”, dice el titular de una de las constructoras más grandes del país, que se focaliza, ahora, en algunas provincias.
La gestión privada de las obras no avanza. Los constructores esperan que, en estos días, el Gobierno publique los demorados pliegos para licitar la ruta del Mercosur, primer ensayo para el sistema de concesiones viales que piensa el Ejecutivo.
Si los pliegos suponen mantenimiento a cambio de cobrar peajes, avisan, puede ser negocio. Si piden nuevos kilómetros de asfalto con financiamiento privado, la ecuación financiera será compleja.
Todo gasto no ejecutado tiene un costo, incluso en los términos del modelo de crecimiento que piensa el Gobierno, anclado en los sectores primarios exportadores.
En octubre último, los investigadores Patricio Rozas y Ricardo Sánchez (CEPAL) publicaron el documento Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico. “La mejora en la provisión de servicios de infraestructura permite optimizar la gestión de costos de los agentes económicos”, escribieron, al mejorar el acceso a los servicios y reducir costos en las operaciones de los agentes privados.
Una ruta en buen estado baja los precios de las exportaciones y las importaciones. Es decir, ayudaría a bajar la inflación de manera más sostenible: “Se intensifican las oportunidades para incrementar las importaciones y exportaciones de una manera similar a cuando se rebajan los aranceles externos”, indicaron los especialistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La ruta que va al puerto también ayuda, de manera indirecta, a mejorar la competitividad, al bajarle costos al proveedor y al trabajador del exportador, o simplemente mejorarle la calidad de vida. Si la licitación de los tramos potencialmente rentables viene demorada, no se ve un plan del Estado para ejecutar estas obras que a los privados no les interesan.
La obra para exportar, claro, puede hacerla el sector privado. Es lo que ocurre con el oleoducto Vaca Muerta Sur (con YPF con rol protagónico). Pero “los costos que considera el sector privado para tomar decisiones de inversión no contemplan las externalidades, que son frecuentes y significativas en la infraestructura”, continuaron Rozas y Sánchez.
Eso se nota, por ejemplo, con la represa Chihuido, paralizada desde tiempos de Mauricio Macri por falta de financiamiento y sin avances desde la asunción de Milei. "Es una represa clave para contener las crecidas del río Neuquén, con una gran incidencia sobre Vaca Muerta, porque gran parte del desarrollo está en la cuenca de este río", dijo el diputado neuquino por Encuentro Federal Pablo Cervi. "Una crecida como la que hubo en 2006 puede generar un gran daño", advirtió.
Con la educación, la salud y la ciencia pasa lo mismo. Estos gastos que no se ejecutan tendrán un costo. El Hospital Garrahan atiende a niños y niñas de todo el país y realiza 10.000 cirugías por año. Actualmente trabaja con 170 profesionales menos. Renunciaron ante la falta de actualización salarial. Hasta el mes pasado, el recorte salarial llegaba al 50% en términos reales. El hospital, además, forma especialistas que luego se desempeñan en todo el país. Un profesional residente gana menos de $ 900.000.
La CEPAL y la Organización Panamericana de Salud (OPC) remarcaron en un informe conjunto que "el goce de una buena salud física y mental contribuye no sólo a la generación de ingresos, lo que tiene un efecto reductor de la desigualdad y la pobreza". Ayuda, además, "al desarrollo de habilidades y al incremento de los niveles de educación, a una mayor inclusión laboral y participación en las diversas esferas de la sociedad (y) a mayores niveles de productividad y crecimiento económico".
La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) denunció que, durante la gestión de Milei, "la ciencia nacional perdió 4.178 profesionales". Numerosas investigaciones dan cuenta del impacto de la inversión en I + D en el crecimiento de los países. En Argentina, en 2022, el 60% de la inversión en I + D se hacía con presupuesto público.
"Discutir que la inversión en Ciencia y Técnica correlaciona con el desarrollo de los países es absurdo, ni siquiera los libertarios lo dicen en esos términos", afirmó el físico Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. "Ellos dicen que la inversión en CyT la tienen que hacer los privados, porque en los países con mucha inversión, como Corea del Sur e Israel, esta es mayoritariamente privada", añadió.
"Pero esta es una foto, no la película", agregó Aliaga. "Los países llegaron a esta situación, pero empezaron con mucha inversión estatal. Los privados recién tomaron el control cuando se volvió rentable. Si no generamos un despegue fuerte con inversión estatal, no salimos nunca", advirtió.
La meta fiscal tiene estos costos. El Gobierno los paga con más entusiasmo que los intereses de los Bontes por $ 169.000 millones que abonará a los inversores del exterior que ingresaron esta semana a hacer carry trade. Para pagar esta suma, el 30 de noviembre, habrá que profundizar el superávit financiero, con mayores ajustes de gastos. La serpiente libertaria se muerde la cola.