Pujan hace décadas por un desarrollo inmobiliario que apunta a un mercado de élite internacional. Ya controlan el cerro Catedral y La Hoya. Apoyos y rechazos.
Vista de una de las laderas de Catedral, en Bariloche, sobre la que podrían desarrollar una urbanización
El holding de la familia Trappa, cuya empresa principal es la transportadora Vía Bariloche, detenta la concesión del cerro Catedral en Bariloche desde 2011. Desde entonces, en cada renegociación de contrato y prórroga obtenida, intentan conseguir luz verde para un proyecto inmobiliario en 80 hectáreas de la montaña, cuya sola aprobación significaría un negocio multimillonario para una desarrolladora multinacional.
Catedral Alta Patagonia (CAPSA) es la concesionaria del grupo para los medios de elevación en el cerro de Bariloche, el complejo de esquí más importante de Sudamérica. Además, tienen en la montaña otros negocios, como la exclusividad de la publicidad y el alquiler de locales comerciales.
En 2019, a través de otra de sus firmas controladas, Transportes Don Otto, los Trappa ganaron la licitación del centro invernal de La Hoya, en Esquel, que operan mediante la misma empresa, CAPSA.
En el arranque de junio se definirá si también se quedan con la concesión del centro de esquí Chapelco, de San Martín de los Andes, licitación en la que son favoritos y compiten contra dos oponentes: Santiago Hernán Casanova (asociado a Isela Costantini) y el prestador lacustre neuquino Plumas Verdes.
En sus inversiones e iniciativas en el cerro Catedral, los Trappa siempre contaron con el acompañamiento político municipal y provincial. Correlato de igual sintonía a nivel nacional, que se remonta a las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
En Bariloche, el cerro Catedral es una concesión municipal y el entonces intendente Gustavo Gennuso (Juntos Somos Río Negro) durante sus dos mandatos, al igual que el actual jefe comunal Walter Cortés(partido vecinal PUL) apoyaron a la empresa.
También recibieron el apoyo del poder político provincial cuando Río Negro tenía el poder concedente, hasta 2023, y se efectivizó el traspaso de las tierras a la Municipalidad. Fueron el gobernador Alberto Weretilneck, en sus dos mandatos anteriores y en el actual, y su antecesora Arabela Carreras, protagonistas de negociaciones y acuerdos previos.
El ex concejal del PRO en Bariloche Daniel González percibió apenas una muestra del entramado de poder que rodea al grupo Trappa cuando se discutía la renegociación y prórroga del último contrato. Fue a recibir al entonces presidente Macri y por todo comentario al saludarlo en el aeropuerto escuchó: “A ver si arreglan de una vez el tema de Catedral”. Sin más palabras, Macri subió al vehículo que lo llevaría a Villa La Angostura y se fue. Pese al mandato, el contrato recién terminó de definirse en 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández.
“Al corto plazo es un negocio enorme. Con sólo la aprobación del desarrollo, CAPSA puede venderlo en el corto plazo a una desarrolladora como IRSA, que tiene intereses y negocios acá. Es la última joya de la abuela, la última bala de Bariloche”, graficó Tomás Guevara, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), investigador de la Universidad Nacional de Río Negro y exfuncionario municipal de Cortés. Renunció el año pasado.
Guevara era vicepresidente del estratégico Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social y provocó ruido al renunciar y expresar públicamente su oposición a la política sectorial del intendente.
Es una de las voces principales contra la urbanización de Catedral por cuestiones ambientales y económicas, acompañado por las ONG Asociación Civil Árbol de Pie y la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables. También comparten esa posición sectores del peronismo local, como Incluyendo Bariloche, que tiene dos concejales, además de otros partidos.
“No se trata de prohibir, nadie quiere impedir el desarrollo. Apoyamos el desarrollo, sí, pero sustentable. No queremos hacer de Catedral una zona de sacrificio ambiental y económico”, aclaró Guevara.
Entre los cuestionamientos principales está la protección del bosque nativo, que en este caso demanda intervención de la provincia, y desprendido de una eventual tala masiva, de la estabilidad de los suelos. En Catedral ya se registraron aludes debido a la deforestación y en este punto la autoridad de aplicación es el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).
El dirigente destacó que la lucha de décadas de estos sectores logró reducir la superficie a urbanizar de 140 hectáreas a poco más de 70.
La Carta Orgánica de Bariloche establece que un desarrollo así debe ser aprobado en última instancia por el Concejo municipal por una mayoría agravada de ocho votos, de los 11 ediles del cuerpo.
Antes el trámite del proyecto puede ingresar por Rango 1 (propuesta del Estado) o Rango 3 (propuesta del privado), tras lo cual debe ingresar al Consejo de Planeamiento (cuyo dictamen no es vinculante) y luego pasar a audiencia pública, tampoco vinculante. Recién así pasa a la sesión del Concejo para ser rechazado o aprobado definitivamente.
Durante la gestión de Gennuso, la discusión generó un gran conflicto y las dos renegociaciones terminaron sin definir esta cláusula.
Apenas comenzó la gestión en 2023, el intendente Cortés puso a Catedral sobre la mesa, en el contexto de la ordenanza de Emergencia Habitacional y la extrema necesidad de conseguir tierras y promover desarrollos. Una política pensada para los sectores más postergados, pero también en la clase media, que no logra acceso al mercado inmobiliario debido a la masiva oferta de casas y departamentos que los propietarios volcaron al turismo y sacaron de la oferta a quienes residen en la ciudad, lo que elevó los precios a niveles demasiado altos.
A fines del año pasado Cortés amenazó con someter la “privatización de Catedral” a una consulta popular si continuaban las resistencias a la propuesta, que en esta oportunidad planteaba iniciar como Rango I, el que todavía no elevó al Consejo de Planeamiento. Entonces, hablaba de tierras ociosas en Catedral, aunque la oposición lo calificó como un “loteo VIP”, y lo contrastó con la necesidad de conseguir terrenos.
Apenas trascendieron detalles del proyecto se reactivó la movilización en contra. Guevara indicó que se está hablando de permitir el desarrollo a cambio de un pago de 10 dólares por hectárea. “Sería un despojo, es el valor que se maneja para un loteo social al este de circunvalación, en la estepa”, dijo.
Además, señaló como un problema adicional el abastecimiento de servicios del eventual desarrollo. Indicó que la ciudad sufre el colapso con la energía eléctrica, que sólo se resolverá con la construcción de Alipiba II (conexión de alta tensión desde la represa Alicura, pendiente hace muchos años), y también con el gas natural, por una inconclusa obra en el Gasoducto Cordillerano, igualmente antigua.
“Ya está muy mal el servicio de saneamiento de Catedral, no sólo el que corresponde a CAPSA, y en ningún proyecto está contemplado lo que suceda con eso”, agregó.
El contrato de concesión de Catedral establece un canon a pagar a la Municipalidad calculado a partir del costo del pase de esquí para un adulto mayor en alta temporada, además de inversiones y servicios derivados de la negociación aprobada.
Para el invierno del año pasado la Municipalidad aprobó un pase de $115.000, considerado el más caro del país y tan costoso como el pase de algunos centros de esquí europeos y norteamericanos. El canon consiguiente se redondeó en 1.000 millones de pesos (fue aumentado en un 50% en conversaciones durante 2024).
Para este año, la concesionaria pidió en septiembre llevar el pase a $166.000, pero Cortés dejó boquiabiertos a propios y extraños al anunciar en mayo en una feria de San Pablo que “congelará” los precios de los pases de esquí en Cerro Catedral para la temporada 2025, manteniendo el valor de $115.000, igual que en 2024.
Entre desmentidas y ratificaciones, estalló otra polémica que enrareció toda la discusión con Catedral. A dos o tres semanas del inicio de la temporada, de manera inédita, el cerro Catedral aún no tiene precios oficiales de los pases ni siquiera para la preventa.
Por consiguiente, no se conoce el canon que debe pagar CAPSA, las inversiones en la ciudad ni los servicios que deberá cumplir la empresa por la concesión de todo el año.