El proyecto de Javier Milei prevé un shutdown si hay déficit. Obras, provincias y el funcionamiento del Estado concentran el recorte potencial.
El ajuste del gasto público "mas grande de la historia de la humanidad" se muerde la cola: el 95% de las erogaciones del Estado se destinan a partidas presupuestarias esenciales que quedarán afuera del shutdown que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional.
Jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales, salarios del sector público y subsidios económicos a la energía y al transporte integran ese universo protegido. Según confirmó a Letra P el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, uno de los impulsores de la reforma, esas partidas quedarán afuera del "grillete fiscal".
En la práctica, el margen de ajuste se concentraría sobre el 5,5% restante del gasto primario, integrado principalmente por obra pública, funcionamiento de la administración (excluido el pago de salarios) y transferencias discrecionales a provincias, que ya fueron objeto de fuertes recortes desde el inicio de la gestión libertaria.
Según los datos del primer semestre que compiló Analytica, de los $94,3 billones -a valores constantes- que gastó la Administración Pública Nacional, unos $89,1 billones corresponden a partidas blindadas. El margen de recorte se concentraría en gastos de funcionamiento, contrataciones, viáticos, bienes de consumo, transferencias discrecionales a provincias y parte de la estructura política del Estado, mientras quedarían excluidos los principales componentes del gasto social y los subsidios.
La iniciativa forma parte del paquete institucional anunciado por el Presidente junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El objetivo es impedir tanto el déficit persistente como el financiamiento monetario del Tesoro, reforzando la disciplina fiscal y reduciendo la denominada "dominancia fiscal" sobre la política monetaria. Con el paquete de leyes, Milei busca blindar su política económica y convertirla en política de Estado.
El proyecto establece que, si las cuentas públicas permanecen en déficit durante un período determinado y el Congreso no recompone el equilibrio fiscal dentro del plazo previsto, se activará automáticamente un esquema similar al shutdown estadounidense.
En ese escenario quedarían suspendidas las actividades no esenciales, se congelarían nuevas contrataciones, adjudicaciones y parte de las transferencias discrecionales a provincias. En cambio, seguirían ejecutándose las partidas destinadas a jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), salud, seguridad, defensa y otros servicios considerados indispensables.
La principal diferencia con Estados Unidos es que la estructura del gasto argentino deja muy poco margen para aplicar un congelamiento efectivo, ya que la mayor parte del Presupuesto está protegida por leyes específicas o responde a obligaciones permanentes del Estado.
En paralelo con el grillete fiscal, Milei anunció la prohibición de financiar gastos con emisión. El Poder Ejecutivo propicia la derogación del artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central, eliminando los adelantos transitorios al Tesoro.
En los fundamentos de la iniciativa, la Casa Rosada justificó la medida al señalar que el régimen previo permitía solicitar asistencias por hasta "$36,6 billones, una suma que supera el 80% de la base monetaria actual".
El proyecto, además, prohíbe que el Banco Central otorgue créditos al Estado nacional, provincias y municipios o compre deuda pública en el mercado primario.
También impide distribuir al Tesoro utilidades originadas por diferencias de valuación del tipo de cambio o del oro. El mensaje enviado al Congreso sostiene que esos fondos sólo podrán utilizarse para cancelar Letras Intransferibles y adelantos transitorios existentes, "sin efecto monetario ni aptitud alguna para financiar el gasto público".
La experiencia reciente muestra dónde recae el ajuste cuando la administración libertaria busca preservar el equilibrio fiscal. De acuerdo con Estudios Económicos del Banco Provincia, "Milei se encamina a registrar el menor gasto de capital —obra pública, viviendas, rutas y escuelas— desde el retorno de la democracia".
En la misma línea, la consultora Analytica calculó que en el primer semestre "el mayor incremento real se dio en subsidios económicos (+29,6%), impulsado exclusivamente por los energéticos (+73,7%), en tanto que los destinados al transporte continuaron ajustando (-24,0%)".
Dentro de la energía, las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) explicaron el 79,5% de los fondos, en un contexto en el que "en mayo de 2026 la cobertura de las tarifas abonadas sobre el costo de generación fue del 65,5%, frente al 70,1% registrado en mayo de 2025".
Las mayores caídas interanuales reales de junio se registraron en la obra pública (-74,9%), con contracciones drásticas tanto en construcciones (-78,0%) como en transferencias de capital (-72,6%), acompañadas por un desplome de las transferencias discrecionales a las provincias (-62,1% acumulado en el semestre).
Para el mercado, el paquete busca blindar el programa económico frente a futuros cambios políticos. Max Capital sostuvo que "la reforma fortalecería el balance del BCRA mientras permanezca vigente, limitando la dominancia fiscal, algo que debería permitir una moneda más fuerte incluso en escenarios en los que el populismo regrese".
Sin embargo, el trasplante del modelo estadounidense genera interrogantes sobre su encastre institucional en el marco macroeconómico argentino. Al respecto, el economista Marcelo Trovato advirtió que "la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y la idea de incorporar un mecanismo similar al shutdown estadounidense parecen ir en una misma dirección: acercar el funcionamiento institucional de la Argentina al modelo de Estados Unidos. La pregunta no es si esas ideas son buenas o malas. La pregunta es si pueden funcionar igual en un país con una Constitución, una historia económica y una cultura política completamente diferentes. Las instituciones no son piezas de Lego que se trasladan de un país a otro sin consecuencias".
En cambio, Federico Domínguez destacó especialmente los mecanismos de cumplimiento del proyecto y afirmó: "Lo mejor de las medidas que enviará el Presidente al Congreso no es la medida en sí, sino el mecanismo que asegura su aplicación (enforcement). Si hay déficit, se congela el gasto y el Presidente, los senadores, los diputados, los ministros, los secretarios y los subsecretarios no cobran sus sueldos. Por otro lado, si el Presidente y el directorio del BCRA financian al Tesoro, van presos por estafa y asociación ilícita". En la misma línea, la remoción de las autoridades del Central requerirá la aprobación de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso.
