La emergencia en discapacidad, el reparto de ATN y otros proyectos avanzan. El déficit financiero sería de 0,4% este año, según las estimaciones.
El Congreso Nacional pasó a ser el centro de la escena en la disputa por mantener las cuestas fiscales y cumplir con el FMI.
Confirmado el veto presidencial al aumento de jubilaciones y la moratoria, aún quedan en discusión en el Congreso proyectos con impacto en las cuentas públicas. Según las estimaciones, la presión adicional sobre el gasto equivaldría a un punto del PBI para este año y a cerca de dos en 2026, comprometiendo las metas fiscales y el programa con el FMI.
El debate parlamentario volvió a encender las alarmas fiscales luego de que el Poder Ejecutivo confirmara el veto a las leyes de aumento de jubilaciones y moratoria previsional. Sin embargo, en el Congreso siguen en pie iniciativas que, de prosperar, elevarían el gasto público que el Gobierno no está dispuesto a aceptar.
De acuerdo con la Fundación Mediterránea, si todas las propuestas opositoras se convierten en ley y los vetos son revertidos, el superávit primario proyectado para 2025 caería al 0,87% del PBI (frente al 1,6% comprometido con el FMI); mientras que en 2026 se reduciría al 0,49% del PBI, lejos del 2,2% pactado con el organismo.
El déficit financiero pasaría al 0,4% del PBI en 2025 y al 1,7% en 2026. Economía prevé cerrar este año con nu superávit luego del pago de intereses de deuda del 0,3% del Producto.
En tanto, la fundación PENSAR calcula que el conjunto de proyectos implica una presión sobre el gasto de hasta 1,98% del PBI en 2026, cuando en 2024 el superávit financiero apenas alcanzó 0,30%.
Una por una, las iniciativas en disputa:
El Congreso sancionó la ley 27.793, que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026. La norma incluye condonación de deudas, refinanciación y asistencia a instituciones, con el objetivo de sostener pensiones no contributivas y prestadores del sistema.
Este proyecto fue el que mayor respaldo político obtuvo: 148 votos afirmativos en la Cámara de Diputados y aprobación unánime en el Senado. Diputados rechazó el veto y el Senado también tendría los votos para ratificar la ley.
En términos de impacto fiscal, la Fundación Mediterránea estima un costo de 0,39% del PBI anualizado, mientras que PENSAR lo calcula en 0,51% para 2026.
Otra de las iniciativas en debate es el financiamiento universitario, que prevé actualización automática de partidas por inflación, recomposición salarial docente y no docente desde diciembre de 2023 y más fondos para hospitales universitarios, becas y extensión.
El costo proyectado es bajo en comparación con otras leyes: 0,01% del PBI en 2025 y 0,02% en 2026.
En paralelo, se analiza la Emergencia Sanitaria en Salud Pediátrica, que surge tras el conflicto con el Hospital Garrahan. El proyecto contempla aumentos salariales para personal del sector, reasignación de partidas y exenciones de Ganancias para trabajadores de la salud.
El impacto previsto también es limitado: 0,01% del PBI en 2025 y 0,02% en 2026.
El Congreso sancionó la reforma del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa busca que los recursos se distribuyan en forma automática y diaria, a diferencia del esquema actual en que dependen de la decisión del Poder Ejecutivo. Tiene media sanción en el Congreso, debe tratarse en la cámara baja.
El costo fiscal, de aprobarse, se ubicaría en 0,05% del PBI anual. Según la Fundación Mediterránea, este podría ser el proyecto menos conflictivo para el Gobierno, ya que garantiza participación automática del Tesoro en la distribución.
El Senado también dio media sanción a la reforma del Impuesto a los Combustibles, que elimina fideicomisos de infraestructura, transporte y vivienda y eleva la participación de las provincias en la recaudación del 25% actual a 57%. Todavía debe tratarse en la Cámara de Diputados.
La medida significaría para la Nación una pérdida de ingresos de 0,16% del PBI anual. Según fuentes parlamentarias consultadas por Letra P, "combustibles y moratoria es muy difícil que salgan en Diputados".
Además de los proyectos legislativos, el Poder Ejecutivo redujo alícuotas de derechos de exportación (DEX) para seis productos agroindustriales.
Según cálculos privados, la pérdida de recursos equivale a 0,26% del PBI anual. La medida, sin embargo, mejoraría la rentabilidad del sector y la recaudación de impuestos coparticipables como Ganancias e IVA.
Los informes de PENSAR y la Fundación Mediterránea coinciden en que los proyectos sancionados y en discusión comprometen la estrategia oficial de equilibrio fiscal.
Con gastos que superan los ingresos, el superávit primario se vería reducido a niveles incapaces de cubrir los intereses de la deuda, generando déficit financiero y mayor necesidad de endeudamiento.
El debate se da en un contexto en el que, además, persisten reclamos por bajar la presión tributaria, con provincias que en el primer trimestre de 2025 aumentaron su gasto real 16% interanual, muy por encima del 3% registrado en el nivel nacional.