Imputan también a la cámara que las nuclea y a quien ejerció como su titular. Es por un aumento coordinado de las cuotas entre diciembre de 2023 y abril 2024.
Prepagas y prestadoras en la era Javier Milei
El gobierno de Javier Milei, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), imputó por presunta cartelización a siete prepagas, a la Unión Argentina de Salud (UAS) y a quien ejerció como su presidente. Es a raíz de un aumento coordinado de las cuotas entre diciembre de 2023 y abril de 2024.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este jueves que, en el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la CNDC resolvió imputar a un conjunto de empresas de medicina prepaga por haber hallado indicios múltiples de un acuerdo colusivo.
Las empresas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la imputación son Galeno, Hospital Británico de Buenos Aires, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE; y también a UAS.
La CNDC también imputó a Claudio Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical y quien fue titular de la UAS.
La apertura de la investigación, que se encuentra en curso, se realizó a partir de una denuncia ante la CNDC por cartelización al realizar un aumento coordinado de los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales de estas empresas, entre los meses de diciembre de 2023 y abril de 2024.
Tras conocerse la imputación de la CNDC, fuentes de las empresas de medicina prepaga consultadas por Letra P dijeron que la causa "es parte del pasado. Es por el período de diciembre a abril".
Asimismo, negaron "cualquier tipo de cartelización" y confirmaron que continuarán con la defensa sectorial.
"No hay cuestionamientos con el accionar actual del sector de las prepagas", aseguraron y consideraron que "era esperable que esta causa no se cerrara y avanzara".
Las fuentes consultadas por este medio sostuvieron que "el Ministerio de Salud está trabajando con buena sintonía con el sector" y ratificaron que el empresariado al frente de las prepagas "está para acompañar los cambios profundos en el sistema que se quieran encarar".
"Esto que ocurrió refiere a una situación del pasado", reiteraron en referencia a la imputación y expresaron confianza en que esta instancia legal no afectará la relación presente y a futuro con las autoridades gubernamentales.
En abril de este año, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía y la CNDC intervinieron dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre y cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la UAS o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.
De acuerdo con los plazos fijados por la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), a partir de la notificación, las personas jurídicas y humanas imputadas tienen 20 días hábiles para realizar su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar la conducta imputada.
La CNDC fijará un plazo, que no podrá ser mayor a 90 días hábiles -y que de considerar necesario podrá prorrogar por otro período similar- hasta 90 días hábiles más- para que se produzca la prueba concedida. Concluido este período, las partes imputadas contarán con seis días hábiles para presentar sus alegatos.
En caso de que la prueba producida resulte suficiente para desvirtuar la imputación, la CNDC podrá disponer el archivo de las actuaciones.
En caso contrario, la Secretaría de Industria y Comercio en conjunto con la CNDC podrán multar a las imputadas con hasta el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido.
La CNDC recuerda que los acuerdos entre competidores o prácticas concertadas, comúnmente conocidos como cárteles, constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 30% de la facturación de las empresas infractoras en Argentina.
En particular, el artículo 2 de la LDC clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) determinó que la desregulación económica decretada por Milei y el ministro Toto Caputo provocó que el costo de la cuota de las prepagas que prestan servicios de medicina representa el 30% de un salario formal promedio; mientras que entre 2013 y 2019, implicaba el 11%.
Letra P contó en abril que la incidencia del precio de la cuota de las empresas de medicina prepaga en el salario aumentó un 19% desde diciembre de 2013.
En aquel estudio se sostenía que el salario real de las personas trabajadoras perdió un 62% de la capacidad de pagar un servicio de salud en los últimos 12 años; y puntualizaba que en los últimos seis meses, se produjo la mitad de esa pérdida de capacidad de compra: un 32%.
“En la evolución del valor real de la prepaga en los últimos 12 años hay cuatro etapas. En 2016-2018 subió un 61% en 19 meses. En la actualidad, subió un 59% en tan solo 4 meses. La recomposición actual se está haciendo en la quinta parte del tiempo”, precisaba el estudio.