Con venia del Gobierno y letra de aceiteras, impulsa cambios en la ley para que el complejo exportador abastezca al mercado interno. Empresas chicas en riesgo.
El Gobierno nacional, mediante un proyecto de ley presentado por la senadora Patricia Bullrich, impulsa la reforma del marco regulatorio de biocombustibles que habilitaría a las grandes cerealeras globales -Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD y Cofco- a vender bioetanol y biodiésel a las refinerías de naftas y gasoil locales, desplazando así a las pymes que abastecen el mercado interno.
Si se aprueba el proyecto desregulador que empuja Bullrich, las multinacionales podrían volcar su producción de biodiésel y bioetanol localmente y, de este modo, prometen abaratar el precio del biocombustible. La normativa actual reparte el negocio: las grandes cerealeras vuelcan su producto a la exportación y las empresas locales abastecen al mercado interno.
Eso llevaría al quebranto a 27 pymes que tienen asignada la producción y venta de un millón de toneladas de biocombustibles al año, destino orientado a cubrir el corte obligatorio que deben realizar las refinerías según establece la Ley Nacional 27.640 de Biocombustibles, la que el Gobierno busca reformar completamente.
A las grandes cerealeras se les cerraron los mercados de exportación para su producción de biocombustibles; Estados Unidos, la Unión Europea y Perú impusieron barreras arancelarias y comerciales para frenar el producto argentino. Así, tuvieron que parar las plantas integradas a sus complejos oleaginosos instalados en la provincia de Santa Fe, en el litoral del Paraná.
Allí, las multinacionales tienen ociosa una capacidad instalada para generar 3 millones de toneladas de biocombustibles por año. Argentina, entre 2016 y 2018, fue el principal exportador mundial de biodiésel, con 1,8 millones de toneladas.
Daniel González, secretario nacional de Energía y Minería, reconoció en el Senado que el marco regulatorio propuesto "tiene ganadores, perdedores, afectados".
Argentina fue pionera en la producción de biocombustibles, pero frenó su impulso en la región. Por caso, Brasil ya cuenta con un corte obligatorio del 15% de biocombustibles en el gasoil y las naftas.
El texto que impulsa la todavía jefa del bloque de La Libertad Avanza:
El proyecto oficial enfrenta a las empresas del complejo agroexportador —representado en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC)— con las pymes productoras de biocombustibles, las cuales se integran en dos cámaras: la que agrupa a las de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis (CEPREB) y la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer).
Las pymes aseguran que el gobierno busca “concentrar el mercado en las grandes empresas y destruir empleo”. Desde CIARA-CEC admiten que trabajaron “todo el verano” en la redacción del proyecto oficial.
Resta saber si el Gobierno logra el número para aprobar el proyecto en el Senado. Los gestos de autonomía de Bullrich respecto del Presidente podrían empantanar el trámite de la iniciativa. La negociación involucrará a los gobernadores. En Córdoba y Santa Fe advirtieron sus reparos sobre el proyecto, mientras que Buenos Aires todavía no se sumó al debate.
Las petroleras dueñas de las refinerías, YPF, Raízen (en proceso de venta a un holding que tiene como socio a José Luis Manzano), Trafigura y Pan American Energy quedaron alineadas con el proyecto del Gobierno tras obtener dos ventajas. Por un lado, lograron que el porcentaje de corte obligatorio de biocombustibles no aumente demasiado —pasa del 7,5% al 10% en biodiésel—, debido a que un incremento mayor encarece sus combustibles. Por el otro, el proyecto de Bullrich permite que un 3% del biocombustible que están obligados a integrar lo cumplan directamente con aceite de soja o de maíz.
Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, aseguró que “el proyecto del futuro va a permitir volver a poner en funcionamiento las fábricas de biodiésel más grandes del mundo, que están cerradas por un capricho insostenible, una ley soviética, antiempleo, antiproducción y antiinversión".
Por su parte, Luis Zubizarreta, quien preside la Cámara Argentina de Biodiésel (CARBIO), que reúne a las plantas de las multinacionales, dijo que el régimen actual excluye del mercado interno a las plantas más eficientes del país y aseguró que, si se produce más biodiésel, se podrían sustituir importaciones de gasoil por unos 550 millones de dólares anuales.
El director ejecutivo de la CEPREB, Federico Martelli, dijo a Letra P: “El proyecto de Bullrich pretende una libre competencia imposible entre las pymes y las grandes cerealeras, lo cual no se puede hacer por el dato más básico: las grandes cerealeras proveen a las pymes el aceite para fabricar los biocombustibles y, además, se lo cobran más caro que el precio de exportación del mismo aceite”.
Resaltó también que no hay libre competencia porque las cerealeras “no pagan ingresos brutos ni impuesto al cheque sobre su materia prima porque ya la tienen en sus plantas, y el biocombustible es un paso más de su cadena”.
Martelli presentó su disidencia al proyecto en una reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda del Senado.
Allí resaltó que el proyecto de Bullrich es un certificado de extinción para las pymes que fabrican biocombustible, porque el artículo 38 establece un cronograma de reducción de la cuota de biocombustible asignada a la producción pyme, la cual pasa del 7,5% actual al 3% en 2030, para luego liberarse totalmente.
También señaló como negativo que el proyecto permita que las petroleras compradoras del biocombustible puedan adquirir hasta un 3% de aceite a las cerealeras e incorporarlo directamente en la producción de los combustibles.
Asimismo, marcó que el proyecto discrimina “a las pymes de la provincia de Buenos Aires" y "protege con un 6% cerrado al bioetanol de caña de azúcar por razones federales válidas. La discriminación entre regiones productivas es arbitraria”, manifestó.
El proyecto de Bullrich aumenta el corte obligatorio del bioetanol que se usa para integrar a las naftas, lo cual representa un gesto hacia el sector azucarero, que incluye a 19 ingenios, 4000 productores cañeros y más de 40.000 puestos de trabajo en Tucumán, Salta y Jujuy.
Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), aseguró que “el proyecto de Bullrich es esencial porque normaliza y regula, fomenta la competencia y elimina burocracia”.
