El sistema de riesgos del trabajo proyecta más de 138 mil demandas en 2026 y expone fallas en peritajes y el rol de la Superintendencia de Seguros.
El sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo se encamina a un nuevo pico de litigiosidad en 2026, en un escenario que combina presión sobre la Justicia, señales cruzadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación y una reforma laboral que, según el sector, no corrige los problemas de fondo.
La advertencia ya tiene respaldo estadístico. Según el último informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en el primer trimestre del año se registraron 26.697 nuevos juicios y sólo en marzo ingresaron 13.260 demandas, lo que consolida una tendencia creciente.
El dato no es aislado. En los últimos 12 meses, el sistema acumuló 135 mil juicios, con un promedio superior a las 11 mil demandas mensuales, y una proyección que supera los 138 mil casos para fines de 2026, por encima del récord registrado en 2025.
La dinámica es claramente ascendente. El ingreso de juicios creció 13% interanual en marzo y también mostró un incremento respecto de febrero, incluso si se considera el impacto estacional de la feria judicial de enero.
En términos territoriales, la Ciudad de Buenos Aires aparece como uno de los focos más dinámicos, con subas del 26,2% respecto del mes previo y del 27,5% interanual, mientras que la provincia de Buenos Aires también mantiene niveles elevados de litigiosidad.
Detrás de los números, el diagnóstico del sector vuelve a poner el foco en un problema estructural: la falta de cuerpos médicos forenses dependientes del Poder Judicial. La mayoría de las cortes provinciales no avanzó en esa dirección, lo que mantiene la dispersión de criterios en las pericias.
Esa fragmentación es, para las aseguradoras, uno de los principales motores de la litigiosidad. La ausencia de parámetros homogéneos en la evaluación de incapacidades habilita fallos dispares y montos indemnizatorios divergentes, lo que alimenta lo que en el sector describen como “industria del juicio”.
El efecto es directo: más incentivos a judicializar y menor previsibilidad para el sistema, en un contexto en el que la Justicia laboral ya opera con altos niveles de carga y sin herramientas de estandarización.
A ese cuadro se suma el frente regulatorio. Las decisiones recientes de la Superintendencia de Seguros de la Nación vienen reconfigurando el equilibrio interno del sistema, en un contexto en el que el sector percibe falta de una estrategia clara para contener la litigiosidad.
En paralelo, la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei es leída por las ART como insuficiente para atacar el núcleo del problema. El paquete no introduce cambios sustantivos en el esquema pericial ni en los criterios de determinación de daños, dos variables clave en la dinámica de los juicios.
Al mismo tiempo, el propio informe de la UART reconoce algunos avances puntuales -como la incorporación de peritos forenses en Santa Fe o fallos recientes en la provincia de Buenos Aires que buscan limitar la desproporcionalidad indemnizatoria-, aunque todavía con impacto acotado frente a la magnitud del fenómeno.
El escenario que se consolida es el de un sistema tensionado por tres factores: una litigiosidad en alza, una Justicia sin criterios unificados y una regulación que introduce cambios sin resolver el problema estructural.
Con más de 26 mil juicios en apenas tres meses y una proyección récord para el cierre del año, el régimen de riesgos del trabajo vuelve a quedar en el centro del debate sobre su sostenibilidad.
En ese marco, la evolución de la litigiosidad ya no aparece sólo como un problema sectorial de las aseguradoras, sino como un indicador de las tensiones entre Justicia, regulación y mercado en el esquema laboral argentino.
