Lesa humanidad: comienza un nuevo juicio por secuestros y el robo de bienes desde la ESMA.
El Tribunal Oral Federal número 5 de Comodoro Py comenzará este miércoles un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar. El debate permitirá examinar uno de los aspectos menos juzgados del entramado genocida: la estructura criminal montada por los represores de uno de los mayores centros clandestinos del terrorismo de Estado para apropiarse del patrimonio de las personas secuestradas y desaparecidas.
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El tramo que llega a juicio es el primero de un expediente judicial que abarca el robo de más de una decena de bienes muebles e inmuebles que pertenecieron a hombres y mujeres secuestrados y torturados en la ESMA y que, en su mayoría, permanecen desaparecidos.
La causa acumuló décadas de instrucción en el Juzgado Federal número 12, que originalmente tuvo al frente al juez Sergio Torres y luego fue subrogado por varios colegas. Varios de ellos intervinieron en este expediente en el que, según el Ministerio Público Fiscal aseguró en sus requerimientos de elevación a juicio, quedó algo en claro: que los genocidas de la ESMA no sólo operaron en aquel campo de concentración el plan de secuestros, torturas y desaparición de personas, sino también una asociación ilícita destinada a la apropiación ilegítima de los bienes de los detenidos-desaparecidos, para beneficio personal y financiamiento de la estructura represiva.
En esta ocasión, los represores Jorge Eduardo “Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Alberto González y Juan Antonio Azicse sentarán, una vez más, ante los juecesDaniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg, para dar explicaciones sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la última dictadura, mientras ordenaban y ejecutaban el Grupo de Tareas 3.3.2, la jauría de la ESMA. El banquillo de los acusados lo completará Eduardo Enrique Massera, hijo del genocida y excomandante en jefe de la Armada Emilio Eduardo Massera, el único que por primera vez enfrentará a la Justicia.
Los represores están acusados de haber secuestrado, torturado y extorsionado a personas dentro y fuera de la ESMA y de haber integrado, junto con Massera hijo, aquel grupo criminal para robar casas, terrenos, empresas, autos y hasta caballos.
El debate reúne dos historias que permiten reconstruir esa lógica: Chacras de Coria, que investiga secuestros, tormentos y maniobras para apropiarse de tierras valiosas en las afueras de la capital de Mendoza y otros bienes, y Basterra, que vincula el secuestro de Víctor Basterra —uno de los sobrevivientes de la ESMA— y su familia con la extorsión contra su madre para quedarse con la vivienda familiar.
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Chacras de Coria: secuestros para quedarse con las tierras
La trama comenzó el 10 de enero de 1977. Ese día, integrantes del GT 3.3.2 irrumpieron en una oficina ubicada en avenida Santa Fe 1713, en la ciudad de Buenos Aires, y secuestraron a Conrado Higinio Gómez, Emilio Assales Bonazzolla, Marcelo Hernández, Carlos Gumersindo Romero y Juan Gaspari.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el operativo tenía un doble objetivo: detener a personas a las que los genocidas vinculaban con el sector de Finanzas de Montoneros y apropiarse de los bienes de Gómez. Las víctimas fueron atadas, encapuchadas y trasladadas a la ESMA. Gómez quedó clandestinamente detenido y tuvo su último contacto con su familia el 25 de marzo de 1977. Continúa desaparecido.
Según reconstruyó el fiscal Jorge Taiano en su requerimiento de elevación a juicio –que data de 2007– el procedimiento había sido diagramado desde el sector Inteligencia de la ESMA, supervisado personalmente por el “Tigre” Acosta. Durante el operativo, los secuestradores se apoderaron también de documentación de Cerro Largo S.A.C.I.A., una sociedad en la que participaban Gómez, Horacio Palma, y Victorio Cerutti y su yerno, Omar Masera Pincolini, ambos provenientes de la industria vitivinícola de Mendoza.
Un día después del secuestro de Gómez fue capturado Palma en su domicilio de Hurlingham. También fue llevado a la ESMA, donde permaneció en condiciones inhumanas de cautiverio. También continúa desaparecido.
La persecución siguió en Mendoza. Entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de enero de 1977 fue secuestrado Cerutti en la casa principal de la finca que tenía la familia en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. El operativo continuó en el hogar que habitaba una de las hijas de Victorio junto a su esposo y sus hijos, también localizado en la finca. Allí fueron secuestrados los cinco: el matrimonio de Omar y María Beatriz, y sus hijos Raúl Omar, Diego y Mariana Masera Pincolini.
El requerimiento describe golpes, amenazas y tormentos. Pero, además, sostiene que esos secuestros estuvieron estrechamente relacionados con el interés del grupo en el patrimonio de Cerro Largo, propietaria de terrenos de alto valor en Chacras de Coria.
Documentos falsos y una empresa bajo control
Según la acusación, el grupo de tareas montó una estructura para convertir el cautiverio clandestino en una herramienta de despojo. Una vez capturadas las víctimas, los genocidas investigaban qué inmuebles, vehículos, dinero u otros bienes poseían. Después las obligaban a simular operaciones voluntarias, firmar poderes o entregar documentación.
Así ocurrió con Cerutti. Mientras permanecía cautivo en la ESMA, fue obligado a dar por cancelada una deuda que Cerro Largo mantenía con él por la venta de tierras. Los documentos hicieron constar falsamente que había comparecido ante un escribano y recibido un pago que, según la acusación, nunca había percibido.
Palma y su esposa, Hebe Serna de Palma, también fueron forzados a entregar documentación societaria y dinero. Omar Masera Pincolini y María Beatriz Cerutti fueron obligados a entregar papeles de la empresa.
El objetivo, según reconstruyó la fiscalía, era tomar el control de Cerro Largo y sus activos. Para hacerlo se utilizaron documentos falsos, identidades apócrifas y operaciones societarias que permitieron desplazar a los propietarios originales y disponer de las tierras de Chacras de Coria. La familia Cerutti sufrió un verdadero saqueo. Victorio y Omar Masera Pincolini permanecen desaparecidos.
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El otro tramo de la causa que será juzgada a partir de este miércoles tiene como víctima central a Víctor Melchor Basterra, cuya historia quedó ligada además a una de las pruebas más importantes contra los represores de la ESMA: las fotografías que logró sacar clandestinamente del centro de detención.
Basterra fue secuestrado el 10 de agosto de 1979 en su casa de Valentín Alsina junto con su esposa, Dora Laura Seoane, y la hija de ambos, María Eva Basterra Seoane, que tenía apenas dos meses.
El operativo fue realizado por integrantes del GT 3.3.2 y comandado por el genocida Adolfo Miguel Donda Tigel, que colecciona varias condenas por su actuación en la patota de la ESMA. Las tres víctimas fueron trasladadas al centro clandestino que la Armada montó en el Casino de Oficiales de la escuela. Seoane y la beba permanecieron allí durante cuatro o cinco días. Basterra continuó detenido clandestinamente hasta casi terminada la dictadura.
La Fiscalía acusa en este caso a Donda y a Juan Antonio Azic, entonces integrante de la Prefectura Naval y miembro de la patota. Basterra y Seoane fueron sometidos a golpizas y descargas eléctricas. El requerimiento señala que Basterra llegó a ser amenazado con que colocarían a su hija sobre su pecho mientras le aplicaban la picana.
Durante los años que pasó bajo control de la ESMA, además, fue obligado a trabajar en el laboratorio fotográfico del centro clandestino. Allí debía fotografiar a integrantes del grupo represivo, otros detenidos y producir documentación falsa.
Entre quienes cumplen condena allí, están:
• Jorge Luis Guarrochena, acusado en el actual juicio ESMA VII • Mario Sandoval, represor de la ESMA • Jorge Héctor Di Pasquale, responsable de desapariciones y del asesinato de Laura Carlotto, hija de Estela de Carlotto pic.twitter.com/szVjjgAWWP
El cautiverio de Basterra también fue utilizado, según la fiscalía, para apoderarse de la propiedad familiar ubicada en la calle Tuyú —hoy Ucrania— al 1200, en Valentín Alsina.
El requerimiento sostiene que Donda y Azic llevaron a Basterra ante su madre, Aída Lucinda Aguirre de Basterra, para presionarla a entregar el inmueble. El 14 de julio de 1980, Azic la llevó hasta una escribanía, donde fue obligada a otorgar un poder irrevocable con el que luego se concretó la venta de la vivienda.
Los documentos establecieron un precio de 32 millones de pesos, pero la acusación afirma que la mujer nunca recibió ese dinero. Para la fiscalía, se trató de una extorsión perpetrada bajo la amenaza contra la vida y la integridad física de su hijo.
A Azic y Donda se los acusa por las privaciones ilegítimas de la libertad y los tormentos sufridos por Basterra, Seoane y su hija, y por la extorsión contra Aguirre de Basterra. El requerimiento sostiene que los delitos fueron cometidos desde el aparato estatal y los encuadra como crímenes contra la humanidad.
