Las objeciones al esquema de financiamiento y las obligaciones que asumirían los distritos, entre los obstáculos en la Legislatura. Massismo en guardia.
Los reclamos de intendentes, complican la reforma sanitaria de Kicillof y Kreplak
El proyecto del Sistema Integrado de Salud impulsado por el gobernador Axel Kicillof enfrenta cuestionamientos del massismo y de intendentes bonaerenses por el financiamiento de los hospitales, la distribución de responsabilidades y la autonomía municipal. Las objeciones apuntan a la falta de compensaciones económicas y a las restricciones previstas para administrar los recursos sanitarios.
Pese a que obtuvo despacho de las comisiones del Senado, los tres representantes del Frente Renovador explican que para los jefes comunales el proyecto contiene algunos lineamientos que representan un “avasallamiento de las autonomías municipales”. Según sostienen, la iniciativa busca unificar protocolos de atención hospitalaria y reducir las brechas salariales y tecnológicas entre los establecimientos municipales y provinciales, sin establecer mecanismos de compensación para los municipios.
Precisamente, el artículo 43 del Sistema Integrado de Salud -uno de los dos proyectos sanitarios enviados por el oficialismo- propone armonizar los salarios de los trabajadores de la salud municipal con los previstos en la ley 10.471. Esa equiparación requeriría recursos adicionales para los distritos, aunque la iniciativa no precisa cómo se financiaría. Entre las alternativas reclamadas figura un mecanismo de asistencia para los municipios que no pudieran afrontar esos costos.
La segunda objeción es al artículo 8, que establece la adhesión municipal al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), destinado al recupero de prestaciones hospitalarias. Según el massismo, la propuesta también restringiría los acuerdos directos de los municipios con empresas de medicina prepaga, obras sociales y otros distritos. El FR cuestiona, además, las demoras del sistema, que podrían extenderse durante casi un año hasta el envío de los fondos recuperados.
El massismo busca incorporar modificaciones durante el tratamiento en el Senado bonaerense. Para hacerlo, Fuerza Patria debería reunir los dos tercios en la reunión de labor parlamentaria o devolver la iniciativa a las comisiones que ya la habían aprobado. El FR no tenía representantes en las comisiones de Salud ni de Legislación General, por donde pasó el proyecto.
Los reparos municipales exceden las diferencias salariales y el funcionamiento del SAMO. Los cuestionamientos sostienen que la iniciativa centralizaría recursos de los distritos y les transferiría responsabilidades sin garantizar los fondos necesarios para cumplirlas.
Uno de los principales planteos apunta al recupero de las prestaciones. Según el documento, los ingresos que los hospitales municipales obtenían de obras sociales y prepagas pasarían al Fondo Provincial de Salud y su devolución quedaría sujeta a decisiones de las regiones sanitarias. Los intendentes reclaman que esos recursos sean considerados ingresos propios, no centralizables y de libre disponibilidad.
También advierten sobre la falta de precisiones respecto de los contratos vigentes con financiadores como el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y las obras sociales sindicales. Por ese motivo, los cuestionamientos incluyen el pedido de revisar la obligatoriedad de adherir al SAMO y de garantizar la continuidad de los acuerdos existentes.
Otro foco de conflicto fue la obligación de atender a personas de cualquier domicilio y aplicar las disposiciones del Ministerio de Salud provincial sin una garantía explícita de financiamiento. Los intendentes sostuvieron que esas exigencias podían comprometer los presupuestos locales, en particular en los municipios que prestaban servicios de mayor complejidad ante la falta de cobertura provincial suficiente.
El documento invocó el artículo 8 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que atribuye al Estado provincial la garantía del acceso a la salud, y la Ley Orgánica de las Municipalidades, que contempla competencias locales vinculadas con la sanidad y la asistencia social. A partir de esas referencias, propuso establecer una competencia concurrente, de acuerdo con los recursos y las posibilidades de cada distrito.
Los cuestionamientos también señalaron que el proyecto no definía con suficiente precisión el funcionamiento de la red ni la relación entre la libre elección de los pacientes y el financiamiento de los servicios. Según el planteo municipal, un sistema basado en presupuestos fijos podía trasladar la demanda hacia los efectores con mejores respuestas sin contemplar adecuadamente las diferencias de recursos y capacidades.
Crecen las versiones sobre una posible convocatoria a sesionar en el Senado para la próxima semana. En ese caso, el peronismo deberá reunir los dos tercios para tratar el proyecto modificado sobre tablas; de no hacerlo, volverá a las comisiones. Tras su paso por el Senado, la iniciativa deberá enfrentar una discusión más amplia en la Cámara de Diputados. Allí advierten sobre la conformación de una comisión ampliada con participación de Economía, Salud, Asuntos Municipales y Legislación, entre otras áreas, para incorporar la perspectiva de los intendentes.
Las modificaciones que surgieran de ese ámbito podrían obligar a devolver la iniciativa al Senado para un nuevo tratamiento. Las objeciones sobre el financiamiento, las responsabilidades sanitarias y la autonomía de los distritos se perfilan así como obstáculos para el avance del proyecto durante el período legislativo de este año.
