Veinticinco, el número urgente que apuró los acuerdos. La interna peronista metió la cola. La topadora Arietto quedó sola contra el ecosistema judicial.
Verónica Magario- Senado.
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó este miércoles los pliegos con las designaciones de 135 cargos para la magistratura bonaerense -jueces, fiscales y defensores oficiales- enviados por el gobernador Axel Kicillof. El alarmante porcentaje de vacancias empujó la negociación, aunque con una demora inusual explicada en una fuerte interna política.
El debate obtuvo los acuerdos de Unión por la Patria, PRO, UCR+Cambio Federal, La Libertad Avanza y La Libertad Avanza 1, aunque con el rechazo de Florencia Arietto, miembro de esta última bancada -línea Casa Rosada-, quien no levantó la mano.
La luz verde para ocupar la vacancia judicial llegó con varios meses de demora que se explican en diferentes circunstancias, aunque básicamente en dos ejes centrales: la urgencia para cubrir el 25% de los cargos vacantes que tiene la Justicia bonaerense; y la interna del peronismo por el control de algunas departamentales clave en el ecosistema judicial.
En el primer punto, el oficialismo y la oposición lograron acordar -no sin negociar- asumiendo la urgencia del caso. Los pliegos de candidatos a cargos en la Justicia no salen si no hay un consenso amplio de la política en general, y aquí está el núcleo del avance de las designaciones que se votaron este miércoles.
La Justicia provincial tiene casi 2.600 cargos, de los cuales 600 están vacantes, lo que representa un 24% del total. La situación ya era inviable. Lo era aún más hace un par de meses cuando se aprobaron otros 46, es decir que a inicios de 2024 casi el 25% del sistema judicial estaba sin designaciones. La realidad indica que en la era Kicillof fueron muy pocos los nombramientos que se realizaron y que en ese tiempo, nunca se había llegado a los tres dígitos de candidatos para aprobar en una sola sesión, lo que habla de la premura del caso.
En las tribus de la oposición asumen como un acto de responsabilidad haber acordado con el Poder Ejecutivo sin mayores trabas y atendiendo la gravedad del asunto. Lo ejemplifican con un caso puntual: “Si hoy tenés un juicio laboral en La Plata te dan turno para 2026, con fecha de sentencia para 2027 o 2028. No se aguanta más”. Así fue que la oposición se sentó junto al oficialismo a discutir para acelerar el proceso. Aquí entra en escena el segundo punto: la interna peronista.
El Senado que preside Verónica Magario frenó los pliegos iniciales que habían ingresado y no fueron derivados a la comisión de Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) para darle el curso legislativo hasta que no se saldó una disputa entre dos sectores del peronismo, que tuvo varias semanas de negociaciones, cuatro nombres clave y un par de episodios para explicar.
La Cámpora, que protagoniza una interna a cielo abierto con el Ejecutivo provincial, tiene como propiedad constitutiva de su esencia cristinista un particular interés por los asuntos judiciales. Para muestra sobra un botón, o varios en este caso. La agrupación que conduce Máximo Kirchner tiene representantes directos en al menos tres de los sectores centrales del universo judicial: preside la comisión de ACA con Emmanuel González Santalla; tiene una vicepresidencia en el Consejo de la Magistratura, con Facundo Tignanelli; y controla el ministerio de Justicia bonaerense con Juan Martín Mena. Difícil que algún tema judicial le pase por el costado al camporismo.
El listado de los apellidos enviados por Mena al Senado no era lo que Magario esperaba. Las designaciones en La Matanza, el pago chico de la vicegobernadora, no estuvieron ajenas a las tensiones entre La Cámpora y el kicillofismo. Allí chocaron los intereses de Magario -junto al intendente de ese distrito, Fernando Espinoza- con el jefe del bloque UP en Diputados, Tignanelli.
El joven legislador matancero es camporista hora cero, con mucha injerencia en asuntos judiciales de la provincia, pues, como se dijo, tiene una de las vicepresidencias del Consejo de la Magistratura. “Matanza es 100% Tigna”, le confesó a Letra P un especialista en temas judiciales. Según explican en la cámara alta, las diferencias del listado entre los espacios pudo saldarse recién con el nombramiento de ocho nombres más referenciados en ambas tribus, que habrían calmado las aguas.
Pero el juego siguió con, tal vez, el mayor exponente de la disputa entre camporistas y kicillofistas con el capítulo Avellaneda-Lanús. La departamental que nuclea a esos dos municipios fue escenario de otra batalla entre el titular de la comisión de ACA, Santalla -vecino de Avellaneda-, y el intendente de ese municipio, Jorge Ferraresi. El jefe comunal tiene una disputa territorial con los alcaldes encolumnados en la agrupación de Kirchner, Mayra Mendoza (Quilmes) y Julián Álvarez (Lanús).
Los camporistas elevaron a la Justicia un pedido de informes acerca de la actividad económica del Consorcio del Puerto de Dock Sud (en Avellaneda), tras lo que denunciaron una lluvia de ataques trolls vinculados a Ferraresi. Mientras el histórico intendente combatía esa batalla, con la otra mano le daba pelea a Santalla por los pliegos en el Senado. Se trata de cinco expedientes que estaban en juego para esa departamental, de los cuales “salió algo y lo otro quedó trabado”, le apuntaron a este medio.
El proceso de designación de funcionarios judiciales comienza tras una vacante que puede ser por renuncia, fallecimiento o jubilación de un funcionario. En esa instancia, el Consejo de la Magistratura llama a concurso y establece una fecha de evaluación. Los aspirantes deben sortear una prueba escrita y, tras aprobar, se incluyen en un listado para ser entrevistados personalmente.
Los nombres de los preseleccionados en ternas son enviados al Poder Ejecutivo provincial, desde donde se termina de confeccionar la nómina final de postulantes con la elección del gobernador. Tras ello, la lista depurada se envía al Senado bonaerense para dar el acuerdo final en las entrevistas en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Si eso sucede, se le da curso y se vota en el recinto.
Una vez superadas aquellas diferencias en el interior del peronismo que demoraron el proceso, la comisión presidida por González Santalla realizó la semana pasada tres sesiones de 45 entrevistas cada una, a los candidatos propuestos por el gobernador. En los encuentros los pliegos fueron aprobados por unanimidad, con el aval de los 15 miembros que la componen (ocho de UP, cuatro del PRO, dos de UCR+Cambio federal y uno de La Libertad Avanza).
No obstante, durante la votación en el recinto, las designaciones sólo tuvieron el rechazo de Arietto, tras las denuncias que viene sosteniendo respecto a un candidato a fiscal en Lomas de Zamora y un camarista para Avellaneda. La exsenadora del PRO apuntó contra los miembros de la comisión que le dio curso a la totalidad de los candidatos y quienes levantaron la mano este miércoles en la cámara alta.
Arietto había denunciado a Carlos Baccini, candidato a fiscal general de Lomas de Zamora; y contra Gabriel Vitale, postulante a la Cámara de Apelación y Garantías en la departamental Avellaneda-Lanús.