El oficialismo se resiste a aumentar las partidas. Dictamen el 28-O y sesión el 18-N, el esquema. Obras públicas y fondos jubilatorios, otros reclamos.
Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez, funcionarios de Educación, a cargo de las universidades, durante el debate del Presupuesto.
La Libertad Avanza (LLA) buscará dictaminar el Presupuesto 2027 en Diputados sin aceptar los reclamos de los rectores para incrementar los fondos a las universidades. La decisión molestó a los bloques aliados y podría complicar la aprobación de la ley de leyes, prevista para el 18 de noviembre.
Antes, el oficialismo intentará dictaminar el proyecto el próximo miércoles, un trámite que no corre riesgo porque ninguna bancada quiere clausurar el debate. La negociación de la letra chica seguirá hasta minutos antes de la votación en el recinto y una mayoría opositora podría recortar algunos fragmentos de la iniciativa más importante para Javier Milei. Los gobernadores sumarán otras demandas, como obras públicas y mejoras en asistencia a jubilaciones.
El Gobierno se mantiene inflexible a las correcciones. "El único tema en el que vamos a ceder es en los fondos para discapacidad. Por eso impulsamos una ley. La partida de Universidades no se toca", confirmaron a Letra P fuentes de la bancada oficialista de la Cámara baja. El presupuesto contempla 7,7 billones de pesos para las casas de altos estudios y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó 11 billones. Es lo que estima necesario para cumplir con la ley de emergencia universitaria.
Como explicó Letra P, la oposición se unió para apoyar este reclamo. Los bloques Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas (PU) presentaron notas a la Comisión de Presupuesto para exigir un incremento de los fondos a las universidades. Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) se sumaron al reclamo. Además, los aliados más cercanos, como la UCR, ejercieron una fuerte presión a Milei para revisar esa decisión, por ahora sin resultados.
El debate sobre los fondos destinados a las universidades comenzó el miércoles, durante una nueva sesión de la comisión para tratar el proyecto. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron los recursos asignados a las facultades. “Cuando les pregunté a los rectores por qué querían 11 billones, la única respuesta fue para cumplir con los aumentos que piden los sindicatos. No querían edificar nada ni tener carreras nuevas”, sostuvo Álvarez.
Torrendell aseguró que el gasto en relación al PBI está en ascenso y acusó a las universidades de tener una planta de docentes excesiva que impide aumentar salarios. Si bien en la reunión sólo hablaron los opositores más duros, los aliados habían elevado el mismo reclamo en una reunión que se realizó hace quince días atrás en el despacho de Martín Menem.
Ese día, el radical Lisandro Nieri tuvo una áspera discusión con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El diputado mendocino recriminó al funcionario que el presupuesto tenía fondos para universidades por "debajo de la línea", que es como se denomina a dinero sin asignación específica y puede distribuirse a discreción.
En su exposición en Diputados, Álvarez no descartó que esa partida pudiera usarse para incrementar salarios ante un eventual fallo judicial. Reconoció que la cautelar de julio lo obligó a incrementar el dinero para las casas de estudios. Guberman, cuando expuso en la cámara baja, destacó que esos aumentos permitieron que la inversión no perdiera contra la inflación y por lo tanto la ley.
El único cambio que el oficialismo tiene decidió hacer al presupuesto se refiere a la discapacidad. Se borrará el capítulo sexto de la ley de leyes, que elimina el sistema de prestaciones que existe hace treinta años. El proyecto aprobado en Diputados el miércoles con apoyo de todos los bloques lo confirma: garantiza las prestaciones con aranceles indexados a la inflación, ratifica una fecha para el pago de las compensaciones y fija las condiciones para las pensiones.
LLA incorporará el contenido de esta iniciativa en el articulado y habrá una discusión sobre las partidas para cumplir con la norma. Guberman aseguró que están garantizadas, porque el dinero reservado en la jurisdicción 91 tiene fondos de sobra para cumplir con las obligaciones de la ley de emergencia, con un contenido que ratifique el proyecto aprobado por Diputados.
A los diputados cercanos a gobernadores no les agrada esa maniobra. Sostienen que esta asignación puede ser una trampa, porque crece de $5,6 a $14,8 billones, de los cuales 7,7 carecen de una ley o criterio de distribución. Podrían usarse para negociar recursos discrecionales con las provincias. Entienden que, si se destinan a pensiones, no habrá nada más.
Por otro lado, el proyecto que ahora tratará el Senado enumera partidas específicas del presupuesto que deben contener los fondos para abastecer la discapacidad. En el oficialismo no se preocupan, porque sostienen que el dinero para las pensiones está previsto y la mayoría de las prestaciones son pagadas por obras sociales y prepagas. La administración está a cargo del ministro de Salud, Mario Lugones, a quien acusan de promover un ajuste para beneficiar a las obras sociales y prepagas.
Los partidos provinciales preparan una larga lista de reclamos para sumar al texto final y están dispuestos a frenar la votación si no son escuchados. Córdoba y Santa Fe lideran las quejas por las partidas para cubrir los déficits de cajas previsionales. También hay muchos pedidos para sumar recursos que permitan mantener la red vial.
El bloque de Catamarca, que tiene tres votos, reclamará un refuerzo de las partidas para Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Tucumán cuenta con la misma cantidad de bancas y el gobernador, Osvaldo Jaldo, está en plena tensión con el Gobierno. El miércoles ordenó votar todo en contra de LLA. Ya advirtió que se sumará el pedido de fondos de las universidades.
Este jueves, los vicegobernadores del norte grande tuvieron una reunión en Corrientes para apuntar reclamos de fondos que llevarán a las comisiones y, sobre todo, al recinto, donde habrá una larga jornada de reescrituras. Milei no quiere ceder a nada.
