La Cámara de Diputados abrió este jueves una disputa por la agenda entre Javier Milei y la oposición, con los gobernadores como árbitros. Los bloques más díscolos pidieron una sesión el 15 de octubre para tratar el DNU 70/2023. Uno de sus artículos eliminó la ley de tierras y fue ratificado por la Corte Suprema.
El oficialismo quiere sostener este decreto como sea. La mayor parte de los mandatarios no está dispuesto a derogarlo definitivamente, pero la convocatoria opositora tiene una trampa para acorralarlos: el temario se completó con los proyectos sobre endeudamiento familiar y con emergencia en discapacidad. Si no hay cuórum, ninguno de estos proyectos podrá tratarse y quienes dejen sus bancas vacías deberán pagar el costo político.
Discapacidad es el tema más complicado para el Gobierno. Los diputados de Salta y Misiones firmaron el dictamen de La Libertad Avanza (LLA), que garantiza buena parte de las leyes vigentes. Estas provincias tienen a sus representantes en el bloque Argentina Federal (AF) y exigen más cambios para aprobar el despacho oficialista. Si no son escuchados, votarán la continuidad de la emergencia con la oposición.
Con este diagnóstico, Unión por la Patria (UP), la izquierda y Provincias Unidas (PU), los bloques que citaron a la sesión, ubicaron el expediente de discapacidad al final del temario. Sólo si se sostiene el cuórum podrá considerarse este tema. O sea, en ese escenario, todos los diputados deberían votar el DNU 70/23, a favor o en contra.
El dilema de los gobernadores
En el oficialismo evalúan una sesión para el 21 de octubre, con Discapacidad, endeudamiento familiar y la ley sobre la soberanía de Malvinas. Pero aún no la convocaron. Una opción que tiene LLA es citar a una sesión antes y de ese modo dejar la citación del 15 limitada al DNU 70/23. Por ahora, no está en carpeta.
"Vamos a esperar las negociaciones de Milei con los gobernadores en París. Ninguna decisión se tomará antes del regreso de la comitiva", contó a Letra P un vocero de la bancada. La negociación sobre discapacidad está trabada. Si bien el oficialismo la semana pasada logró acordar un dictamen de mayoría, los aliados que firmaron reclaman modificaciones y hasta el momento no fueron atendidos.
La negociación es liderada por el misionero Oscar Herrera Ahuad, presidente de AF, donde hay nueve votos decisivos para el Gobierno. Se suman a este lote de socios ocasionales Karina Maureira (Neuquén) y la dupla del MID: Oscar Zago y Eduardo Falcone. "Si no nos abren el dictamen con el contenido que piden organizaciones de discapacidad, lo rechazamos y votamos la emergencia con la oposición", confirmaron voceros de este espacio.
Los cambios al decreto
Con la convocatoria a sesión, la oposición jugó a todo o nada con el DNU 70/23, que fue firmado por Milei dos días después de asumir. El Senado lo rechazó en marzo de 2024 y si Diputados lo vota en contra, pierde vigencia inmediatamente. Alcanza con que la mayoría simple levante la mano en el recinto el 15-O.
Si eso ocurre, volverían a estar en vigencia leyes derogadas, como la de tierras, la de abastecimiento y la de alquileres, rechazada por la totalidad de la oposición no peronista. También quedarían invalidadas reformas del Código Civil, como la que permite pagos en cualquier moneda.
Si ese día no hay cuórum, el decreto sigue vigente, pero con Diputados a tiro de una futura eliminación. Es el escenario ideal para los gobernadores aliados de la Casa Rosada y el temario de la convocatoria complica la estrategia. Los números para voltear el mega decreto, por ahora están lejos.
Se requieren 129 votos. La suma de las fuerzas convocantes llega a 123, pero una decena de miembros de PU no garantiza votar en contra del DNU 70/23, aunque sí quiere asegurar los derechos para personas con discapacidad.
La rosca oficial
Hay dos gobernadores que están dispuestos a facilitar este tema y no tienen la decisión de derogar el polémico decreto: Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Tienen tres votos cada uno y resultan decisivos en cualquier definición.
Las negociaciones de París serán decisivas. Viajaron a la ciudad de la luz Jalil, Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut), todos con diputados que serán claves y no se sumaron a la convocatoria de la oposición.
En LLA preparan una negociación difícil y hasta están dispuestos a evaluar restricciones en la compra de tierras por extranjeros. Podrían sumar un capítulo a un eventual dictamen del proyecto sobre Propiedad Privada, aprobado en el Senado, que originalmente pedía la derogación de la norma, como dispuso el DNU.
Esta medida fue desechada por la Justicia Federal de La Plata, pero la Corte revocó la decisión, aunque en el fallo aclaró que no se evaluaba la constitucionalidad de la medida, sino la idoneidad del denunciante, que fue el Centro de Excombatientes de la capital bonaerense. La validez de la medida debe ser considerada por las dos cámaras del Congreso. Hasta ahora, sólo se expresó el Senado.