Javier Milei no lo advirtió, pero la turbulencia financiera del último trimestre, que duplicó el Riesgo País, podría haber sido peor si un sector de su Gobierno no hubiera logrado avanzar con una parte central de su agenda en el Congreso.
Los acuerdos legislativos, la negociación con los gobernadores y el avance de la agenda le abrieron una oportunidad. Consejo de la Magistratura, el problema.
Javier Milei no lo advirtió, pero la turbulencia financiera del último trimestre, que duplicó el Riesgo País, podría haber sido peor si un sector de su Gobierno no hubiera logrado avanzar con una parte central de su agenda en el Congreso.
El Presidente repite que, en 2025, los mercados le dieron la espalda porque la oposición se unió para propinarle derrotas semanales en el parlamento. Este año, los bloques díscolos no lograron unirse en su contra y la hoja de ruta legislativa la marcó el oficialismo, con más victorias que derrotas. Pero los indicadores financieros no mejoran. Milei queda atrapado.
El mandatario repite que estas cifras negativas se deben al temor de que no pueda ser reelecto. No encuentra argumentos para explicar por qué podría perder las elecciones si todo marcha de acuerdo al plan. Sus legisladores tienen muchas sugerencias, pero jamás serán escuchados.
En la última semana, el único traspié del Gobierno fue en Diputados, donde Martín Menem se quedó sin cuórum por subestimar la disputa por los sillones del Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y sanciona jueces y es el más sensible al Círculo Rojo. Este fracaso fue compensado con los acuerdos para aprobar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Senado; y el Presupuesto 2027, en Diputados.
Ambas leyes son claves para buscar estabilidad política y económica. El artífice de los últimos acuerdos políticos fue Diego Santilli, jefe de Gabinete, quien disipó la rebelión de Patricia Bullrich para contener a los gobernadores aliados, quienes, por ahora, no encuentran un camino mejor que apoyar a Milei.
Bullrich también colaboró con Milei aunque el Presidente tampoco lo haya advertido. La decisión de la senadora de ignorar los pedidos de Toto Caputo, para no modificar el proyecto sobre discapacidad acordado en Diputados, le evitó al Gobierno sostener un conflicto durante la campaña electoral. El ministro de Economía no lo entiende así, aun cuando el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que la ley tiene un costo fiscal de 0,04% del PBI. Casi nada.
El impacto fiscal podría ser menor o hasta nulo si el ministro de Salud, Mario Lugones, cumpliera con los artículos que lo obligan a auditar mejor las pensiones. En su visita a Diputados, el exsecretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, no pudo mostrar que había realizado ese trabajo.
Bullrich empujó la sanción de lal proyecto sobre discapacidad pese a la resistencia de Caputo, que le envió carpetas con propuestas de modificaciones que la senadora nunca abrió. El martes pasado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado fue a la mesa política que se reunió en la Casa Rosada y dejó claro que la iniciativa que patrocinó Menem en Diputados iba a ser ley.
El titular de la cámara baja ya había increpado al ministro de Economía antes de la sesión en ese recinto, hace un mes. Ese día, lo expuso con planillas que indican lo barato que era dejar de pelear con personas con discapacidad.
Menem no le perdonó a Caputo haber incluido en el Presupuesto artículos para eliminar el sistema de prestaciones básicas en discapacidad que habían sido incorporados en un proyecto que Milei envió al Senado y nunca se trató.
El plan de Caputo y Lugones siempre fue el mismo y este jueves murió para siempre: consistía en eliminar el fondo compensador que financia las prestaciones por discapacidad desde hace tres décadas. No es dinero que recauda el Gobierno, sino aportes de obras sociales y prepagas, que hicieron lobby para mejorar sus balances y perdieron.
La nueva ley ratifica el sistema solidario y fue defendida en el recinto del Senado por voces libertarias, como Nadia Márquez, cercana a Karina Milei. Los dos bandos del Gobierno quedaron expuestos.
Milei se mostró ajeno al debate, a pesar de que en los papeles significó una victoria de su bloque. No lo vivió así y ni siquiera compartió los mensajes que hicieron sus trolls televisivos para felicitarlo.
En sus apariciones públicas, el Presidente sólo se mostró interesado en calmar a los mercados con promesas de ajuste infinito. Lo de siempre. Tampoco celebró el dictamen de la reforma política, que Santilli tejió en silencio. Durante meses aseguró que tenía los votos en el Senado y los exhibirá el próximo jueves. Su plan fue esperar a fin de año, que es cuando los gobernadores aliados no pueden especular mucho más.
El bloque radical es decisivo en el Senado y había trabado la negociación. Los gobernadores del partido centenario exigían dos condiciones para votar la suspensión de las PASO: que no haya candidatos libertarios en sus distritos y que, en caso de hacer una alianza nacional, Karina Milei no se adueñe de la lapicera.
El más interesado en ese esquema era Alfredo Cornejo (Mendoza), muy preocupado por una posible candidatura local del diputado Luis Petri.
La solución que encontró fue proponer las listas colectoras para cargos legislativos. Santilli las incorporó en el último borrador. Las llamó sistema de adhesiones. Sumó otros cambios como el fin de la veda electoral y de los debates en las elecciones generales, que de todos modos serían impracticables sin Paso.
Bullrich no participó de la negociación y no abrió la boca durante la reunión de comisión de Asuntos Constitucionales del martes, que el libertario Agustín Coto había convocado por un llamado de la Casa Rosada, horas después de que terminara la visita de León XIV.
El retorno de la senadora a la reunión de mesa política de la Casa Rosada había sido entre otras cosas para subirse a la rosca de la reforma política. La reunión de comisión sirvió para que Santilli expusiera su capacidad de alcanzar el cuórum y enfrentar los bloques aliados entre sí.
Ninguno de los gobernadores cercanos a la Casa Rosada quería las PASO y por lo tanto era cuestión de alcanzar un acuerdo. El pacto para dictaminar se empezó a cerrar al mediodía siguiente, durante una reunión en el salón de las Mujeres del Senado organizada por Bullrich. Allí se vieron las caras Alejandro Vischi y Marina Juri (UCR), Carlos Espínola (Provincias Unidas) y Martín Goerling Lara (PRO).
Espínola fue tajante: si se mantenían las colectoras, ni él ni la cordobesa Alejandra Vigo iban a firmar el dictamen y no había cómo conseguir las diez rúbricas. La jefa libertaria del Senado lo respaldó. Ya había anticipado el rechazo a este sistema a través de su colaborador, Gerardo Milman. Advirtió que podía ser inconstitucional y consideró un triunfo propio que nunca se incluyeran. "Si no confían en Karina, que no acuerden", desafiaba a los aliados. Tal vez tenga otras ofertas.
El radicalismo aceptó su derrota, la comisión se postergó hasta la tarde, pero cuando llegó el horario indicado no estaban las diez firmas, porque la dupla de Provincias Unidas no estaba conforme.
Para alcanzar el dictamen fue necesaria una nueva intervención de Santilli, esta vez con un llamado al gobernador Martín Llaryora (Córdoba), quien logró ablandar a Vigo y a Espínola. La senadora aclaró que firmó el despacho por un pedido del mandatario, que unas horas antes había dejado sin cuórum la sesión de Diputados.
En el recinto, los votos están justos: se necesitan 37 para aprobar el texto y Bullrich cuenta 40. En la Casa Rosada son más conservadores y suman 38. Hay algunos riesgos: este último conteo incorpora a la dupla de Santa Cruz (José María Carambia y Natalia Gadano), que suele sorprender con rebeliones de último momento.
Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) controlan dos votos cada uno y se hacen desear. El misionero está cada vez más cerca de un frente peronista. El martes, el diputado Alberto Arrúa hará un acto en su provincia con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.
En el recinto habrá cambios. El PRO exige delimitar los delitos incluidos para el sistema de Ficha limpia. El texto del Gobierno suma a todos los dolosos y Mauricio Macri teme que haya jueces en provincias gobernadas por el peronismo que acorralen a su tropa. O a él mismo.
En la sesión del jueves, también se debatirá una nueva ley de ludopatía. Bullrich forzó a su bloque a desafiar a la Casa Rosada, donde preferían olvidar el tema.
Este martes, el oficialismo y los aliados tratarán de encontrar un dictamen común para despachar a la mañana siguiente. No será un debate fácil: los operadores del juego y los gobernadores, cada uno por su lado, presionan para sostener las apuestas online.
La tensión de Milei con Córdoba dominó la dinámica legislativa. El conflicto surge porque aún no hay acuerdo entre el oficialismo local y el Gobierno. El diputado Gabriel Bornoroni mantiene su candidatura, aliado al senador Luis Juez y con una invitación a sumarse al radical Rodrigo De Loredo.
Llaryora está dispuesto a castigar al Presidente por este desafío y por eso jugó a fondo para que su diputado Juan Brügge sea integrante del Consejo de la Magistratura. La propuesta formal para sumarlo se oficializó por parte del bloque Provincias Unidas.
El mandatario pidió el cuarto lugar, reservado para el tercer bloque en presencia.Macri quiere retener la banca para su partido como sea. Su vínculo con la Justicia es un expertise que no quiere perder.
Menem quedó atrapado, porque necesita los 12 votos del PRO para aprobar el Presupuesto y por eso el dictamen firmado el pasado martes tiene casi todos los reclamos amarillos. Hizo lo que menos se aconseja en estos casos: nada.
El diputado riojano quería que el macrismo y Provincias Unidas dirimieran sus diferencias en el recinto, pero estos últimos no le dieron el gusto, con un desafío explícito: un minuto antes del horario límite para abrir la sesión, se pararon delante de sus bancas para exhibir que no daban cuórum.
Hubo otro incentivos de PU para bloquear el cuórum como la poca predisposicón de la Casa Rosada a hacer las últimas modificaciones al proyecto sobre sobernía de Malvinas. Como está redactado, los gobernadores entienden que Santiago Caputo podría impedir inversiones en telecomunicacones en sus provincias, por considerarse "infraestructuras críticas". Tompoco pasa el filtro el título sobre penas a campañas con supuesta injerencia extranjera.
La crisis política no escaló a mayores, pero plante dudas para el debate del Presupuesto. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se apartó del conflicto. Su representante en Diputados es la jefa de la bancada PU, Gisela Scaglia, quien proviene del PRO. Macri le había pedido desistir de la candidatura de Brügge, pero Llaryora nunca cedió.
Menem no quiere correr riesgos. Si hace una propuesta que no está ajustada a derecho, puede recibir denuncias. Brügge, por ahora, sólo promete amparos. Hay quienes aconsejan acusaciones penales.
Macri y Llaryora conversaron este viernes para encontrar una salida. El gobernador propone rotar la banca: un año para el diputado de la Democracia Cristiana y tres para Florencia De Sensi. El expresidente se inclina por aceptar.
Este conflicto altera la sesión del Presupuesto 2027, que sería el jueves. Santilli pidió que no coincidiera con su exposición en el Senado, pautada para el miércoles a las 15.
La negociación por los números será tensa y Córdoba volverá a ser el problema. Los diputados de Llaryora presentaron un dictamen con muchos reclamos. Solicitan aumentar los giros a cajas previsionales locales, financiar rutas nacionales, restituir el Plan Remediar y refuerzo al presupuesto universitario.
Otra demanda es tratar la reforma de la ley de biocombustibles. Sin Provincias Unidas, el Gobierno tiene los votos justos, sólo si acuerda con el PRO, al que le concedieron cuatro de sus siete reclamos. Queda el reclamo más importante para Macri: la coparticipación de la Ciudad, que no quiere votar ninguna otra bancada. Habrá negociaciones hasta último momento. Una vez más.