En el marco de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el Frente de Todos y un grupo de radicales liderados por Julio Cobos consensuaron este miércoles un dictamen favorable para la aprobación de un proyecto de ley que mejora la situación de quienes tomaron créditos hipotecarios bajo la modalidad de UVA y UVI, creados durante el gobierno de Mauricio Macri. La iniciativa permite indexar las cuotas por la variación salarial medida por el Ministerio de Trabajo y establece que la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos.
El acuerdo dejó afuera al PRO y al diputado Martín Tetaz, de Evolución radical, quien promovió un dictamen propio y advirtió que el proyecto de mayoría podría derivar en una crisis aún mayor del sistema hipotecario.
Cobos fue el principal impulsor de una ley de reparación a las personas deudoras, motivado por un fallo de la Justicia federal mendocina que obligó a recalcular un crédito tomando en cuenta el coeficiente de variación salarial (CVS) que mide en el INDEC. "Hemos tomado nota que las Cámaras (de apelaciones) irán corroborando lo que decidan los jueces de primera instancia", advirtió el mendocino.
El proyecto permite adherir a las hipotecas por créditos de hasta 120 mil UVAs, que actualizan sus valores por el coeficiente de estabilización de referencia (el CER, que toma en cuenta la inflación); y 140 mil UVIS, que varían según el aumento del costo de la construcción.
De avanzar esta iniciativa y convertirse en ley, los deudores podrán indexar sus cuotas a un índice actualizable según la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), medido por el Ministerio de Trabajo según la evolución de los salarios registrados.
La diferencia entre la cuota pagada y la que debería haber pagado será subsanada por un fondo compensador, que tendrá como principal fuente un aporte de los bancos equivalente al 0,0025% del promedios de sus saldos diarios. "Ni el Tesoro de la Nación ni el Banco Central tendrán que poner dinero", aclaró la presidenta de la Comisión de Finanzas, Alicia Aparicio (FdT).
En el caso de que el índice Ripte crezca más que el de precios al consumidor se tomará en cuenta este último. La cuota no podrá superar el 30% de los salarios, se suspenden desalojos y las ejecuciones por 365 días y en caso de cese laboral del deudor el fondo compensador lo financiará tres meses. Luego, habrá una negociación entre las partes.
Las diferencias
El beneficio será retroactivo al 1° de enero de este año. Cobos, que se quejó de ese plazo, lo aceptó de todas formas para que el proyecto lograra avanzar. No obstante, anticipó que pedirá revisar ese plazo si el debate llega al recinto.
"El salario ha caído, pero está tan bajo que seguro se va a recuperar. Por eso queríamos un corte en agosto de 2019, que es desde donde empiezan los reclamos", se molestó el mendocino. Además, aseguró que para ampliar el beneficio el costo fiscal de la medida subiría de 390 a 500 millones de pesos. "Económicamente se podía afrontar o al menos establecer como una opción para el que quiera”, apuntó.
Cobos también pidió revisar el límite del 30% de los ingresos, pero defendió que el financiamiento provenga de los propios bancos, una coincidencia con Nicolás del Caño, de la izquierda. “Los bancos tienen que hacer un esfuerzo", señaló.
A su lado, lo cruzó Tetaz, que defendió los créditos UVAs desde su origen y fue el principal crítico del proyecto para rescatar deudores. "Eso no es un fondo compensador, es un subsidio permanente y el aporte lo ponen los bancos, es un impuesto encubierto. Las 100 mil personas beneficiadas no van a aportar al fondo cuando el salario sea mayor que la inflación. Esto es un fondo de transferencia y no lo vamos a votar", diferenció.
El diputado de Evolución propuso en su dictamen que el deudor pueda elegir entre atar su crédito a la variante UVA o a los salarios, pero en ningún caso pueda cambiar de uno u otro. "Eso está mal", enfatizó. También cuestionó la suspensión de desalojos y alertó sobre una cadena de impagos.
"No hay ningún problema con los desalojos. Estamos crenado un incentivo malo. La gente paga porque hay una consecuencia de no pagar. Los bancos podrían cobrar más caro para prevenirse de lo que estamos haciendo ahora y sin un beneficio aparente", advirtió.
Los dictámenes coincidieron en actualizar los montos deducibles al impuesto a las Ganancias, pero con diferencias: el de mayoría pone un tope de tres salarios mínimos (200 mil pesos) y el de Tetaz igualó el beneficio a la deducción que ya tienen los alquileres.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, le quitó expectativa a la ley. "Estos sistemas son siempre pequeños paliativos a un problema estructural que es el de la vivienda. Esto no un problema de inflación, es esencialmente un problema de defasaje de ingresos en relación a los precios”, argumentó.
"Tenemos que lograr que esta herramienta que significó un acceso al crédito hipotecario pueda seguir teniendo validez y no implique un perjuicio para muchas familias que no puedan pagar el crédito y se queden sin la casa”, señaló el diputado Roberto Mirabella.
El proyecto quedó listo para ser tratado en el recinto y, si bien los votos deberían contar con el respaldo del Frente de Todos y la UCR, el radicalismo teme que haya presión de las provincias con bancos públicos para que el texto no sea aprobado. La negociación empieza pronto.
