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Christopher Bogart embolsó millones antes de perder el juicio por la estatización de la petrolera. Y sumó clientes. La lucha por la supervivencia.
Burford Capital, después de YPF: ¿Perdió, pero ganó?
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Pasó casi un mes del fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York a favor de Argentina que rebatió la sentencia con la que Burford Capital, Eton Park y otros fondos buscaban cobrar más de u$s 16.000 millones por la estatización de YPF. Después de la resaca de los festejos -porque festejamos todos, como en un Mundial, aunque cada uno contó la historia que quiso-, una pregunta me quedó repiqueteando: ¿Y si Burford perdió pero ganó?
El juicio por YPF fue la gran apuesta de Burford, la compañía de servicios legales que crearon Christopher Bogart y Jonathan Molot en 2009, cuando Wall Street levantaba a los heridos de la crisis de las hipotecas. Bogart, un abogado con larga trayectoria en bufetes de negocios, y Molot, profesor de la Universidad de Georgetown, detectaron una oportunidad de negocio: las grandes empresas en crisis tenían problemas de caja para costear juicios ganables. Burford les ofreció llevar adelante los litigios por ellos, a cambio de un porcentaje del ticket.
Así comenzó una verdadera industria del juicio que cotiza en las Bolsas de Nueva York y Londres, presenta sus balances y cuantifica las ganancias esperadas por cada litigio. En su web, se presenta ante el mundo como “el mayor proveedor mundial de financiación legal comercial”.
El juicio de YPF fue un antes y después para Bogart. Y, como reflexionó Luis Majul después de que Mauricio Macri perdiera las PASO contra Alberto Fernández, Bogart quizás perdió, pero ganó. Me explico.
En 2015, Burford compró los derechos de litigio de Petersen Energía por 15 millones de euros o unos u$s 16,5 millones al síndico de Madrid que tenía la quiebra del vehículo de inversión con el que la familia Eskenazi entró a YPF en 2008.
Hubo una subasta y, con 15 millones de euros y una promesa de repartir el 25% de la ganancia futura a los acreedores de la quiebra, ganó la compulsa. Entre los impagos de Petersen había bancos como el Santander y otros que financiaron la aventura de los Eskenazi, impulsada por Néstor Kirchner. Fue la deuda que compró el fondo Anchorage, que también tuvo a la Metro Goldwyn Meyer (MGM) en su portafolio.
Burford y el fondo buitre Eton litigaron de la mano. Eton tenía acciones de YPF, lo que le daba derecho a reclamar como minorista. Acordó alinearse detrás de Bogart y dejarle una comisión por los servicios prestados. Al frente del gran juicio, el abogado de Wall Street se preparó para un gran salto hacia adelante… o al vacío.
Cuando inició el juicio, en abril de 2015, la acción de Burford cotizaba en torno a los 1,8 y 2,1 dólares. Al comienzo, la estrategia argentina buscaba mostrar que el ingreso de los Eskenazi fue fraudulento. La continuidad del juicio impulsó el valor de la acción hasta precios de casi u$s 25 en 2018. Creció más de 1100% en tres años.
En esos momentos, Burford puso a la venta porcentajes del juicio. En junio de 2017, vendió el 15% de los derechos en u$s 66 millones, lo que le daba al litigio una valuación implícita de u$s 440 millones. En el segundo trimestre de 2018 (el pico de valor de Burford) entregó otro 10% en u$s 100 millones. La ganancia esperada escalaba a u$s 1000 millones. En junio de 2019, vendió otro 10%, pero por u$s 70 millones.
Argentina perdía distintas instancias procesales para traer el juicio al país y cada noticia favorable a Burford en los tribunales neoyorquinos le servía a Bogart para hacer caja. En dos años, Burford cedió el 35% de los derechos por u$s 236 millones. Nada mal para la inversión inicial de u$s 16,5 millones de Bogart, Molot y compañía. Una ganancia cash de 1330%.
Por aquellos años, un duelo de buitres pegó en los números de Burford. El fondo Muddy Waters (se llama así, posta) lo acusó de inflar sus balances y las ganancias que esperaba por el juicio de YPF. La acción de Burford se derrumbó. Bogart y Molot salieron a bancar la parada con recompras de acciones, pero no evitaron que bajara a la zona de entre siete y ocho dólares.
La jueza Loretta Preska, en 2023, cambió la suerte. En marzo, determinó que Argentina era responsable por haber incumplido con los estatutos de YPF. La acción de Burford se duplicó en dos meses. En septiembre, firmó la sentencia por u$s 16.100 millones, entre capital e intereses. El valor del papel se elevó hasta casi u$s 16. Argentina parecía condenada a una nueva y costosa derrota, como la que le insuflaron Paul Singer y compañía en 2015 por la deuda en default.
Con la flechita para arriba, Burford siguió ampliando su negocio y Bogart y Molot, sus fortunas. En julio de 2025, los dueños del bufete anunciaron una venta programada de acciones -un mecanismo para que los accionistas con información privilegiada puedan cobrarse por los servicios prestados. Obtuvieron u$s 12,2 millones entre ambos, al entregar papeles que cotizaban a u$s 14,60.
Entre los compradores siempre hay fondos de inversión de riesgo. Entre ellos, Blackrock. El fondo más grande del mundo es uno de los accionistas más importantes de Burford y amplió su participación en el momento en que parecía que Bogart se llevaba todo por delante. Posee más del 5% de la compañía.
Burford buscaba presionar a Argentina para llegar a un acuerdo, con un fallo de Preska en suspenso que ponía a las acciones de YPF en poder del Estado como garantía. En septiembre de ese año conté en Letra P que Bogart había contratado al lobista y financista Gerry Mato para que creara condiciones para una negociación.
Antes de trabajar para Burford, Mato había recibido en su casa de Greenwich a referentes del PRO y de La Libertad Avanza para que contaran sus planes económicos en caso de llegar al Gobierno. Conoce a Toto Caputo desde los tiempos en que ambos eran golden boys en Wall Street. En septiembre de 2025, envió a su socio al país, pero cuidadosamente evitó los despachos oficiales. Como Mato sabía que el Gobierno no pensaba negociar, quiso hacer llegar un mensaje a través del Círculo Rojo: Burford estaba dispuesto a cobrar menos que la sentencia, pero el descuento iba a ser inferior a medida que cada instancia judicial reforzara su posición.
Esa sensación de partido liquidado cambió el 29 de octubre. Tres días después de las elecciones legislativas, la Corte de Apelaciones escuchó a las partes, en una audiencia fijada meses antes. Las preguntas de los jueces dejaron la impresión de que los magistrados tenían dudas y de que Burford no la tendría tan fácil. La acción de Burford perforó los diez dólares y empezó a descender de manera sostenida.
En marzo de 2026, días antes de la sentencia, Bogart y Molot hicieron una recompra por u$s 4,3 millones, a 7,70 dólares por acción. Fue menos de lo que habían retirado unos meses antes, pero intentaron generar confianza. Pocos días después, el fallo a favor de Argentina y las escasas posibilidades de éxito en las instancias superiores derrumbaron el precio de la acción a cuatro dólares. Ahora navega en torno a los u$s 4,90, posiblemente por el ingreso de fondos de riesgo que vieron oportunidad de compra.
Burford perdió feo y reorientó su estrategia ante inversores a hacer control de daños. En una comunicación a la Bolsa, Bogart dijo “Comprendemos —y compartimos— la decepción del mercado ante la decisión judicial del viernes sobre YPF”.
Agregó: “Si bien somos optimistas respecto a un posible resultado positivo en el caso, dada la disponibilidad del arbitraje internacional, reconocemos que esto representa un retraso significativo en los ingresos esperados y afecta la percepción de los inversores sobre el valor actual de Burford”.
La empresa aseveró que elevará la decisión al pleno de la Corte de Apelaciones -con escasa probabilidad de revertir el fallo- y, eventualmente, ante la Corte Suprema -con chances aún menores-. Pero, más importante, que seguiría la batalla judicial ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el que Argentina tiene un largo historial de derrotas. Una de ellas, contra Marsans por Aerolíneas Argentinas, tuvo a Burford como protagonista, en su rol de litigante por cuenta y orden de terceros.
Burford sostuvo que YPF no es su negocio principal, sino algo así como la frutilla de un postre que, sin frutillas, también es rico. “Burford se gestiona con efectivo y no depende ni cuenta con el efectivo proveniente del caso YPF para operar el negocio”, escribió a inversores. La empresa dijo que su negocio “generó más de 1200 millones de dólares en efectivo en los últimos dos años” y que tiene “efectivo disponible” que “supera los u$s 700 millones”.
Ese “negocio principal” son juicios en distintos ámbitos, como la propiedad intelectual o cuestiones contra reguladores estatales lejos de Argentina. Pero que crecieron al calor de la fama que se ganó Burford por el caso contra el país por YPF. A medida que el juicio avanzaba, la clientela florecía y las ganancias de estos industriales del juicio, también.
Burford promedió utilidades por u$s 100 millones al año en 2024 y 2025. Pero en 2023, gracias al fallo de Preska, mostró una ganancia contable de u$s 611 millones, récord para la compañía.
A Bogart se le nota la bronca. Envió una carta al editor del sitio Law.com para quejarse porque eligieron al estudio que patrocinó a Argentina, Sullivan & Cromwell, como "abogados de la semana".
"Los inversores y acreedores son los dueños de las reclamaciones en Argentina, no Burford, y el Segundo Circuito renunció a sus derechos", escribió. Burford "proporcionó financiación, como lo hace en muchos asuntos complejos a nivel mundial", añadió.
Le pregunté a Sebastián Soler, que fue subprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández y siguió, desde adentro y desde afuera, el juicio por YPF, si coincidía con mi tesis. Para él, el golpe a Burford fue letal.
Primero, porque la acción cayó más del 50% desde la audiencia de octubre porque el mercado ve que YPF significa el 40% de su balance y las chances de darla vuelta son muy pocas.
Segundo, por el costo reputacional: los inversores que confiaron en su estrategia perdieron plata y esta empresa vive de juntar fondos y clientes que lleguen encandilados con sus promesas de éxito.
Tercero, porque Burford se financia con deuda y los acreedores le cortarán el fondeo si ven que la acción cae en picada. La empresa confirmó que algunas deudas contienen cláusulas de excepción que cortan el fondeo en casos como estos. “No nos preocupa el impacto de las cláusulas restrictivas en nuestra capacidad para operar el negocio y, en cualquier caso, no teníamos previsto aumentar el importe de nuestra deuda pendiente a corto o medio plazo”, relativizó.
Cuarto, porque esa ganancia de casi u$s 220 millones fue, en realidad, para pagar los millonarios costos de abogados y peritos necesarios para sostener una década de litigio. Entre esos costos, la tarifa de Alberto Bianchi, el abogado que defendió a Burford en el país, socio del ex procurador del Tesoro de Javier Milei Santiago Castro Videla, que ocupó ese cargo hasta marzo.
A Burford le costará sostener la estructura que creció al calor del juicio a YPF, pero no lo den por muerto.
Mientras escribo este correo, el Gobierno le pide al Congreso que apruebe en diez días, antes del 30 de abril, un acuerdo para cancelar reclamos de los fondos buitre Bainbridge y Attestor, con sentencias favorables en Nueva York por deuda en default desde 2001. Argentina está dispuesta a pagar un total de u$s 170 millones, con una quita del 30%, según el proyecto que el Ejecutivo envió al parlamento, con la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Mahiques.
Son dos fondos que no entraron al acuerdo que sellaron, a fines de 2016, Alfonso Prat Gay y su entonces secretario de Finanzas Toto Caputo. Aquella operación -con una quita similar- supuso el pago de u$s 9300 millones a NML Capital, de Singer, Aurelius y otros.
Martín Guzmán, antes de ser ministro de Economía, escribió un paper sobre el camino de los buitres. Estimó que NML Capital compró la deuda defaulteada en alrededor u$s 177 millones y recibió, al final del camino, u$s 2426 millones. Ganó 1270%.
Es una historia de nunca acabar. Burford se aferra a esa narrativa. Le queda el CIADI. En ese tribunal del Banco Mundial, Argentina perdió el 85% de las demandas.
Mucho cuervo negro por aquí. Qué banda gauchita, The Black Crowes. No defrauda nunca.
El guitarrista de los Crowes es Nico Bereciartúa, el hijo de Vitico. Acá, con una acústica.
¿Un poquito del Muddy Waters bueno con los Stones? Claro que sí.
¡Hasta la próxima!