Los gobernadores fueron a Casa Rosada para negociar su participación en las licitaciones de las hidroeléctricas. Pelea de largo aliento y alta complejidad.
Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa pugnan por el manejo de las represas del Comahue en la Patagonia.
La pelea por la explotación de las represas del Comahue, un negocio de 800 millones de dólares al año por el que tensionan con la administración nacional los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), tuvo un nuevo capítulo atravesado por la negociación.
Ambos jefes provinciales se sentaron en el despacho del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que estuvo escudado por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y por el viceministro coordinador de Energía y Minería, Daniel González. De la reunión, trascendió la promesa de participación en la confección de los pliegos para la licitación de las hidroeléctricas de los gobiernos de la Patagonia, que pretenden ser parte de las ganancias que se producen por la utilización de las aguas que recorren los cauces de sus ríos.
La foto se dio en medio de la tensión por el reclamo de ajuste a las provincias por 60 mil millones de dólares por parte de Javier Milei y con el antecedente de una puja de larga data que comenzó en el mandato de Alberto Fernández, tras el vencimiento de las concesiones impuestas por el menemismo que primero prorrogó Sergio Massa y luego su sucesor en Hacienda, Toto Caputo.
El destino de los complejos hidroeléctricos El Chocón – Arroyito, Cerros Colorados, Piedra del Águila y Alicurá, emplazados en los ríos Limay y Neuquén, depende de la capacidad de negociación de los gobernadores. Por ahora, la promesa de sentarse en la mesa de decisiones es posible.
“En conjunto hicimos una serie de planteos y nos sentamos en una mesa. Encontramos un lugar en el que vamos a obtener varias cosas porque es una construcción genuina. Estamos transitando un camino, pero se está trabajando”, resumió Figueroa este miércoles en una rueda de prensa.
Antes de la foto con Francos, había amenazado con elevar el canon al agua que cobra su gobierno. Avalado por la Legislatura neuquina, logró aprobar una ley que regula el uso del recurso bajo dominio público para la generación de energía hidroeléctrica, como se utiliza en los ríos Limay y Neuquén.
El canon debe ser liquidado de manera mensual y no debe superar los USD 0,0050 por metro cúbico según la ley. El valor debe ser establecido por su autoridad de aplicación, que depende de la administración neuquina.
Weretilneck, consultado por Letra P, reconoció que el “camino es largo”, pero que ambas provincias tendrán "participación en la confección de los pliegos”.
Las declaraciones se suman a una dilatada lista de sucesos que empantanaron un resultado a favor para las administraciones patagónicas.
Durante el último tiempo, se registraron creaciones de empresas bajo la órbita estatal.
A mitad de año quedaron constituidas las primeras cuatro firmas para las represas cuyas concesiones expiran entre agosto y diciembre. Se trata de Chocón Hidroeléctrica SA, Alicurá Hidroelétrica SA, Cerros Colorados Hidroeléctrica SA y Piedra del Águila Hidroeléctrica SA.
En esos casos, Enarsa figura como la titular de la mayoría de las acciones A y B, acompañada por Nucloeléctrica Argentina SA (NASA) como tenedora de las acciones minoritarias clase C.
El capital de cada empresa fue establecido en $30 millones “representado por 30.000.000 de acciones escriturales ordinarias de $1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, de las cuales 15.300.000 son clase A; 14.100.000 son clase B y 600.000, clase C”.
Así las cosas, Figueroa y Weretilneck negocian un beneficio para sus distritos. La jugada aparece intrincada en el contexto privatizador de la era libertaria.