Le reclaman al Gobierno ser parte de la licitación en ciernes. Los gobernadores quieren hacer valer la potestad de las provincias. Regalías en disputa.
Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck buscan inversiones la Patagonia.
Los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck( Río Negro) enviaron una nueva carta al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para recordarle que una nueva licitación de las represas hidroeléctricas del Comahue no puede avanzar sin un aval de las provincias.
Los mandatarios de la Patagonia volvieron a marcar posición conjunta en una pelea de arrastre, en la que afrontan un trámite desfavorable y que pone en juego un negocio millonario por el manejo de los complejos hidroeléctricos El Chocón - Arroyito, Cerros Colorados, Piedra del Águila, y Alicurá, emplazados sobre los ríos Limay y Neuquén.
Un acuerdo en la elaboración de los pliegos para el funcionamiento de esas represas fue el espíritu de una carta que engrosa una serie de intercambios epistolares y rosca política. Todo ocurre mientras las provincias implementan un canon al uso del agua, un factor determinante en la negociación para ambos gobernadores.
El funcionario de la cartera energética nacional recibió el cuestionamiento, uno más desde que se hizo cargo de un área estratégica para ambas jurisdicciones. Figueroa y Weretilneck saben que la Casa Rosada no quiere abrirles paso en el nuevo tiempo para las represas que abastecen al sistema energético nacional.
Como explicó Letra P, las concesiones que había digitado el menemismo vencieron y hoy las empresas continúan a cargo por la vía de prórrogas que comenzaron en el gobierno de Alberto Fernández y continúan con Javier Milei.
“Cualquier tipo de concesión, prórroga y/o autorización relativa a la explotación de dichos complejos hidroeléctricos deberá contar previamente con la conformidad de las provincias titulares del recurso hídrico, por lo que la inobservancia de ese recaudo comprometerá de manera insalvable la validez de los futuros contratos vinculados directa e indirectamente a la explotación de esos complejos y el éxito de la iniciativa que lleva adelante el Estado Nacional en el marco del Decreto”, recordaron los gobernadores.
“Proponemos a esa Secretaría avanzar en la celebración de un acta acuerdo tripartita que posibilite la conformación de la comisión técnica que tendrá a su cargo, sin limitación alguna, la elaboración de los pliegos que contendrán las bases y condiciones generales y particulares que regirán el concurso y el eventual contrato de concesión que se pretenda adjudicar, y la determinación del procedimiento que se seguirá para cumplir tal tarea”, insistieron Figueroa y Weretilneck.
La última manifestación contundente fue a mediados de julio. Figueroa, antes de cerrar un acto en Cutral Co, se refirió a la pelea por las represas y amenazó con elevar el canon al agua, que reglamentó en pleno invierno.
La tensión se incrementó desde que el Estado nacional cerró los caminos para entrar al negocio, que la gestión libertaria pretende definir en soledad. “Queremos que se nos reconozca otro valor de las regalías, que tiene una base muy chica desde una resolución firmada unos años atrás. Es muy importante formar parte de las decisiones respecto de las represas”, dijo hace poco más de un mes el neuquino.
Figueroa tiene la carta del canon, que debe ser liquidado de manera mensual y, por ahora, no tiene que superar los USD 0,0050 por metro cúbico, según la ley. El valor debe ser establecido por su autoridad de aplicación, que depende de la autoridad neuquina.
Además de destinar recursos para la creación de nuevas represas, el fondo que se recauda es enviado a los municipios en materia de coparticipación.
A mitad de año fueron constituidas las primeras cuatro empresas estatales para las represas cuyas concesiones expiraban entre agosto y diciembre. Se trata de Chocón Hidroeléctrica SA, Alicurá Hidroelétrica SA, Cerros Colorados Hidroeléctrica SA y Piedra del Águila Hidroeléctrica SA.
En esos casos, Enarsa figura como la titular de la mayoría de las acciones A y B, acompañada por Nucloeléctrica Argentina SA (NASA) como tenedora de las acciones minoritarias clase C.
El capital de cada empresa fue establecido en $30 millones “representado por 30.000.000 de acciones escriturales ordinarias de $1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, de las cuales 15.300.000 son clase A; 14.100.000 son clase B y 600.000, clase C”.