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Retenciones, confusión de intereses y esquemas perversos

El debate sobre la exportación del agro devela tanto la desesperación por limitar el déficit como un organigrama viciado, en el que lo público se confunde con lo privado. ¿Hay superministro?

Retenciones, confusión de intereses y esquemas perversos

24/05/2018 15:07

 

La idea de suspender el sendero de reducción de las retenciones a las exportaciones de soja, fijándolas en el actual 27,5% o algo más, y de restablecer las del trigo y el maíz en el 10% desata en estas horas una interna feroz en el gabinete de Mauricio Macri, coloca a su gobierno en una tensión hasta hace poco insospechada con uno de sus principales patrocinantes -el sector agroexportador- y supone el primer test para Nicolás Dujovne en su pretendido rol de superministro del área económica. Sin embargo, más allá de la coyuntura, el debate ilumina uno de los aspectos más cuestionables del modo de gobernar de Cambiemos: ¿qué pasa con el proceso de toma de decisiones y con la necesidad de equilibrar las cargas en un momento de ajuste brusco, como el actual, cuando diversas áreas del Estado son virtualmente entregadas a sectores con intereses directos? De lo que se trata es de algo mucho más grave que el remanido, y ampliamente ignorado, conflicto de interés. Se habla de la virtual privatización de parcelas del Estado.

Dujovne filtró la posibilidad, a modo de globo de ensayo, el martes a última hora, de manera de contar, como un laboratorio de las reacciones, con las tapas de los diarios más cercanos al Gobierno. Poco después, tras la primera reunión del aluvional gabinete económico, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, salió a desmentirlo. El encuentro, dijo, "fue para coordinarnos, organizarnos, intercambiar información. No tocamos el tema (…) Simplemente fue un rumor".

 

 

Al productor agrícola y ministro (o viceversa) no le sobran espaldas a los ojos de Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña: se considera que la reiteración de escándalos a su alrededor -desde el resarcimiento cobrado tras su salida de la Sociedad Rural Argentina hasta las denuncias sobre sus negocios y su propia interna familiar- son un costo que el Gobierno no tiene por qué seguir pagando cuando no le sobra nada en ese sentido. Sin embargo,  Etchevehere sabe que no está solo y que todos entienden que cuando habla, el que habla es el sector más poderoso de la economía nacional.

Ante esa respuesta pública, Dujovne dudó: no desdijo a sus voceros oficiosos ni confirmó sus intenciones ni las dio por caídas. “Nosotros enfrentamos, a partir de los últimos cambios en el contexto internacional, la decisión de acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal y en ese contexto todas las opciones están sobre la mesa", dijo. Peña debe haber sonreído: rápidamente, volvió a quedar claro que él es el que toma las decisiones y que, contra eso, no hay superministro que valga.

La volcánica reacción de la SRA, esta vez en voz de sus dirigentes formales, expresa una inquietud más extendida que se está despertando entre varios hombres de negocios, que tiene que ver con los modos kirchneristas que, en esta coyuntura desesperante, parecen adueñarse de los referentes oficiales. La propia Elisa Carrió había salido, en plena corrida, a pasarle al “campo” viejas facturas y a reclamarle que “haga patria”. Si no lo hace, ¿qué vendría a ser? ¿Antipatria? Y un día Lilita se kirchnerizó...

 

 

Para Dujovne, el sector rural debería hacer una contribución al esfuerzo de ajuste cuando nada parece suficiente para presentarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) algo más que intenciones y cuando la imagen del Gobierno toca fondo entre la clase media que lo entronizó. Además, alega, la reciente devaluación le regaló una renta extraordinaria que bien merecería que pongan el hombro.

Para los productores y acopiadores, en cambio, la sequía recortó duramente la cosecha y es absurdo pedir semejante cosa.

“Es un muy mal año para pensar en eso. Venimos de una seca salvaje, en la que la gente pensaba que iba a haber 54 millones (de toneladas de cosecha) de soja y va a haber 36”, le dijo un referente del sector a Letra P. “No sea cosa que vuelva la ‘guerra gaucha’ de la 125”, cerró, con humor confiado.

La promesa de campaña de Macri había sido “eliminar las retenciones”. En esa época feliz, todo parecía posible: además de eso, abatir la inflación, retirar los “impuestos al trabajo”, mantener la asistencia social de la era K, achicar el déficit fiscal, encantar al mercado financiero, tener un tipo de cambio competitivo, recibir una lluvia de inversiones… El optimismo suele recorrer caminos disparatados.

Al asumir, claro, se optó por un camino más prudente: retenciones cero para todo menos para la soja, a la que se le trazó un sendero descendente. La necesidad hizo que el mismo se suspendiera el año pasado, pero con la promesa de retomarlo en el actual a un ritmo de 0,5 punto porcentual por mes. Así es como descendió del 30% inicial al actual 27,5%.

¿Qué representa esto en términos de recaudación? Al día de hoy, “unos 3.800 millones de dólares, a lo que habría que sumar 1.100 millones por lo que se le pueda poner al trigo y el maíz”, le dijo a este medio la fuente aludida más arriba. Eso significa algo menos de un punto porcentual del PBI. En medio del ajuste, una enormidad que el palacio de Hacienda no debería ceder si es que decide que le va a interesar explicar alguna vez que, en verdad, este no es el gobierno de los ricos.

La saga y la pelea cruda alrededor del dinero remite a un asunto de fondo: más que de los ricos, ¿es este un gobierno privatizado, en manos de intereses privados?

Que Juan José Aranguren sea ministro de Energía, que Luis Caputo lo sea de Finanzas y que Etchevehere -después de Ricardo Buryaile, proveniente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)- esté en Agroindustria, entre otros casos notorios, dice mucho sobre un gobierno que entrega el control de áreas enteras de gestión a personas que tenían o aún tienen intereses personales en ellas, algo que constituye un asunto largamente explorado por las ciencias sociales.

La debacle de los Estados de bienestar posterior a la crisis petrolera de 1973 llevó a una reflexión profunda sobre la reformulación del vínculo entre los estados, cuya pretensión de legitimidad indica que representan al interés general, y las corporaciones. El cientista social Philippe C. Schmitter desarrolló, en ese sentido, un enfoque sobre el neocorporativismo, que entrañaba una tipología de vínculos.

Uno de ellos, malsano, es lo que llamó “gobierno de interés privado”, en el que “una organización no estatal controla en régimen de monopolio bienes, servicios o status que son indispensables para sus miembros (...) El Estado impondrá a cambio ciertas responsabilidades y comportamientos públicos a la organización. Resumiendo, un PIG -tal la desafortunada sigla en inglés- está basado en la autorregulación de los grupos a través de organizaciones formalmente privadas, reforzadas por una delegación de la autoridad estatal y legitimadas por la pretensión de actuar en interés público".

Ahora bien, ¿qué cabe esperar de este tipo de articulación? Simplemente políticas que atiendan más a los intereses privados que a los generales. Así, en este caso, todo el esquema vigente de una reducción gradual de medio punto porcentual por mes de las retenciones a la soja (toda una “tablita”) resulta perverso por sus consecuencias, dado que constituye una invitación para que los acopiadores o los propios productores, a través de los silobolsas, retengan granos.

Esa tendencia se refuerza cuando hay motivos para creer que el dólar puede subir más, un conjunto que premia al que espera con una rentabilidad cada vez mayor a medida que pasa el tiempo. Y a espalda más ancha (mayor capacidad de aguante), mayor será la recompensa en términos de rentabilidad. De hecho, después de los sobresaltos recientes, el Banco Central salió otra vez este jueves a poner miles de millones de dólares a disposición de un mercado que no da señales de una tregua definitiva.

Antes de clamar, acaso Lilita deba repensar los caminos por los que la pasea su gobierno.

Retenciones, confusión de intereses y esquemas perversos

El debate sobre la exportación del agro devela tanto la desesperación por limitar el déficit como un organigrama viciado, en el que lo público se confunde con lo privado. ¿Hay superministro?

 

La idea de suspender el sendero de reducción de las retenciones a las exportaciones de soja, fijándolas en el actual 27,5% o algo más, y de restablecer las del trigo y el maíz en el 10% desata en estas horas una interna feroz en el gabinete de Mauricio Macri, coloca a su gobierno en una tensión hasta hace poco insospechada con uno de sus principales patrocinantes -el sector agroexportador- y supone el primer test para Nicolás Dujovne en su pretendido rol de superministro del área económica. Sin embargo, más allá de la coyuntura, el debate ilumina uno de los aspectos más cuestionables del modo de gobernar de Cambiemos: ¿qué pasa con el proceso de toma de decisiones y con la necesidad de equilibrar las cargas en un momento de ajuste brusco, como el actual, cuando diversas áreas del Estado son virtualmente entregadas a sectores con intereses directos? De lo que se trata es de algo mucho más grave que el remanido, y ampliamente ignorado, conflicto de interés. Se habla de la virtual privatización de parcelas del Estado.

Dujovne filtró la posibilidad, a modo de globo de ensayo, el martes a última hora, de manera de contar, como un laboratorio de las reacciones, con las tapas de los diarios más cercanos al Gobierno. Poco después, tras la primera reunión del aluvional gabinete económico, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, salió a desmentirlo. El encuentro, dijo, "fue para coordinarnos, organizarnos, intercambiar información. No tocamos el tema (…) Simplemente fue un rumor".

 

 

Al productor agrícola y ministro (o viceversa) no le sobran espaldas a los ojos de Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña: se considera que la reiteración de escándalos a su alrededor -desde el resarcimiento cobrado tras su salida de la Sociedad Rural Argentina hasta las denuncias sobre sus negocios y su propia interna familiar- son un costo que el Gobierno no tiene por qué seguir pagando cuando no le sobra nada en ese sentido. Sin embargo,  Etchevehere sabe que no está solo y que todos entienden que cuando habla, el que habla es el sector más poderoso de la economía nacional.

Ante esa respuesta pública, Dujovne dudó: no desdijo a sus voceros oficiosos ni confirmó sus intenciones ni las dio por caídas. “Nosotros enfrentamos, a partir de los últimos cambios en el contexto internacional, la decisión de acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal y en ese contexto todas las opciones están sobre la mesa", dijo. Peña debe haber sonreído: rápidamente, volvió a quedar claro que él es el que toma las decisiones y que, contra eso, no hay superministro que valga.

La volcánica reacción de la SRA, esta vez en voz de sus dirigentes formales, expresa una inquietud más extendida que se está despertando entre varios hombres de negocios, que tiene que ver con los modos kirchneristas que, en esta coyuntura desesperante, parecen adueñarse de los referentes oficiales. La propia Elisa Carrió había salido, en plena corrida, a pasarle al “campo” viejas facturas y a reclamarle que “haga patria”. Si no lo hace, ¿qué vendría a ser? ¿Antipatria? Y un día Lilita se kirchnerizó...

 

 

Para Dujovne, el sector rural debería hacer una contribución al esfuerzo de ajuste cuando nada parece suficiente para presentarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) algo más que intenciones y cuando la imagen del Gobierno toca fondo entre la clase media que lo entronizó. Además, alega, la reciente devaluación le regaló una renta extraordinaria que bien merecería que pongan el hombro.

Para los productores y acopiadores, en cambio, la sequía recortó duramente la cosecha y es absurdo pedir semejante cosa.

“Es un muy mal año para pensar en eso. Venimos de una seca salvaje, en la que la gente pensaba que iba a haber 54 millones (de toneladas de cosecha) de soja y va a haber 36”, le dijo un referente del sector a Letra P. “No sea cosa que vuelva la ‘guerra gaucha’ de la 125”, cerró, con humor confiado.

La promesa de campaña de Macri había sido “eliminar las retenciones”. En esa época feliz, todo parecía posible: además de eso, abatir la inflación, retirar los “impuestos al trabajo”, mantener la asistencia social de la era K, achicar el déficit fiscal, encantar al mercado financiero, tener un tipo de cambio competitivo, recibir una lluvia de inversiones… El optimismo suele recorrer caminos disparatados.

Al asumir, claro, se optó por un camino más prudente: retenciones cero para todo menos para la soja, a la que se le trazó un sendero descendente. La necesidad hizo que el mismo se suspendiera el año pasado, pero con la promesa de retomarlo en el actual a un ritmo de 0,5 punto porcentual por mes. Así es como descendió del 30% inicial al actual 27,5%.

¿Qué representa esto en términos de recaudación? Al día de hoy, “unos 3.800 millones de dólares, a lo que habría que sumar 1.100 millones por lo que se le pueda poner al trigo y el maíz”, le dijo a este medio la fuente aludida más arriba. Eso significa algo menos de un punto porcentual del PBI. En medio del ajuste, una enormidad que el palacio de Hacienda no debería ceder si es que decide que le va a interesar explicar alguna vez que, en verdad, este no es el gobierno de los ricos.

La saga y la pelea cruda alrededor del dinero remite a un asunto de fondo: más que de los ricos, ¿es este un gobierno privatizado, en manos de intereses privados?

Que Juan José Aranguren sea ministro de Energía, que Luis Caputo lo sea de Finanzas y que Etchevehere -después de Ricardo Buryaile, proveniente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)- esté en Agroindustria, entre otros casos notorios, dice mucho sobre un gobierno que entrega el control de áreas enteras de gestión a personas que tenían o aún tienen intereses personales en ellas, algo que constituye un asunto largamente explorado por las ciencias sociales.

La debacle de los Estados de bienestar posterior a la crisis petrolera de 1973 llevó a una reflexión profunda sobre la reformulación del vínculo entre los estados, cuya pretensión de legitimidad indica que representan al interés general, y las corporaciones. El cientista social Philippe C. Schmitter desarrolló, en ese sentido, un enfoque sobre el neocorporativismo, que entrañaba una tipología de vínculos.

Uno de ellos, malsano, es lo que llamó “gobierno de interés privado”, en el que “una organización no estatal controla en régimen de monopolio bienes, servicios o status que son indispensables para sus miembros (...) El Estado impondrá a cambio ciertas responsabilidades y comportamientos públicos a la organización. Resumiendo, un PIG -tal la desafortunada sigla en inglés- está basado en la autorregulación de los grupos a través de organizaciones formalmente privadas, reforzadas por una delegación de la autoridad estatal y legitimadas por la pretensión de actuar en interés público".

Ahora bien, ¿qué cabe esperar de este tipo de articulación? Simplemente políticas que atiendan más a los intereses privados que a los generales. Así, en este caso, todo el esquema vigente de una reducción gradual de medio punto porcentual por mes de las retenciones a la soja (toda una “tablita”) resulta perverso por sus consecuencias, dado que constituye una invitación para que los acopiadores o los propios productores, a través de los silobolsas, retengan granos.

Esa tendencia se refuerza cuando hay motivos para creer que el dólar puede subir más, un conjunto que premia al que espera con una rentabilidad cada vez mayor a medida que pasa el tiempo. Y a espalda más ancha (mayor capacidad de aguante), mayor será la recompensa en términos de rentabilidad. De hecho, después de los sobresaltos recientes, el Banco Central salió otra vez este jueves a poner miles de millones de dólares a disposición de un mercado que no da señales de una tregua definitiva.

Antes de clamar, acaso Lilita deba repensar los caminos por los que la pasea su gobierno.