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Una es en materia tecnológica y administrativa. La otra, en infraestructura. Se apuntó contra “administraciones imperfectas que provocaron una actuación estatal deficiente e ineficaz".
Redacción 21/04/2017 10:17 AM

El gobierno de María Eugenia Vidal formalizó este viernes, con sendas publicaciones en el Boletín Oficial, la prórroga de dos declaraciones de emergencia sancionadas el año pasado: en infraestructura y tecnológica-administrativa. Lo hizo con fuertes cuestionamientos a la pasada gestión sciolista al momento de fundamentar las razones de la extensión por un año más de dichas declaraciones. Así, se hizo foco crítico en “los años de desinversión” y en las “administraciones imperfectas que provocaron una actuación estatal deficiente e ineficaz".

El 31 de marzo de 2016, la Legislatura bonaerense sancionó la Ley 14.812, declarando la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos por un año en el territorio provincial y con opción de prorrogarlo por un año más, para el caso de que “las causales que justificaron dicha medida no hubieran cesado”.

Así, el Ejecutivo hizo uso de esta facultad, y extendió por otros 365 días dicha emergencia, advirtiendo que "pese a las acciones promovidas desde las distintas áreas del Gobierno provincial, persisten a la fecha las causales que motivaron la sanción del régimen de excepción establecido en la mencionada normativa.

En cuanto a la prórroga, también por un año, de la emergencia tecnológica y (Ley 14.815), las razones para estirar la vigencia se fundaron en "la crítica situación que afectó a la totalidad de las áreas administrativas dependientes del Poder Ejecutivo y, especialmente, a la prestación de los servicios esenciales a cargo de la administración pública provincial, centralizada y descentralizada, ello como consecuencia de los años de desinversión y de administraciones imperfectas, que provocaron una actuación estatal deficiente e ineficaz".

Ante eso, se afirmó que la emergencia en cuestión puesta en marcha el año pasado "posibilitó la adopción de medidas de excepción que facilitaron el funcionamiento y el rápido reordenamiento del Estado" y, por lo tanto "fortaleció y modernizó en el corto plazo desde su declaración a todos los organismos públicos provinciales, agilizando los procedimientos administrativos y logrando soluciones eficaces, eficientes y oportunas para todos los ciudadanos".

En el tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia de dicha ley, se resaltaron “los beneficios operados en todo el sistema de la administración pública provincial, a pesar de no haber desaparecido las causales que justificaron su sanción”.

Por ello, se consideró “necesario, oportuno y conveniente” proseguir “con la agilización administrativa puesta en marcha a partir de su sanción y prorrogar por el plazo de un año la aplicación de la mentada ley”.

Con dardos a “los años de desinversión”, Vidal prorrogó dos emergencias

Una es en materia tecnológica y administrativa. La otra, en infraestructura. Se apuntó contra “administraciones imperfectas que provocaron una actuación estatal deficiente e ineficaz".

El gobierno de María Eugenia Vidal formalizó este viernes, con sendas publicaciones en el Boletín Oficial, la prórroga de dos declaraciones de emergencia sancionadas el año pasado: en infraestructura y tecnológica-administrativa. Lo hizo con fuertes cuestionamientos a la pasada gestión sciolista al momento de fundamentar las razones de la extensión por un año más de dichas declaraciones. Así, se hizo foco crítico en “los años de desinversión” y en las “administraciones imperfectas que provocaron una actuación estatal deficiente e ineficaz".

El 31 de marzo de 2016, la Legislatura bonaerense sancionó la Ley 14.812, declarando la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos por un año en el territorio provincial y con opción de prorrogarlo por un año más, para el caso de que “las causales que justificaron dicha medida no hubieran cesado”.

Así, el Ejecutivo hizo uso de esta facultad, y extendió por otros 365 días dicha emergencia, advirtiendo que "pese a las acciones promovidas desde las distintas áreas del Gobierno provincial, persisten a la fecha las causales que motivaron la sanción del régimen de excepción establecido en la mencionada normativa.

En cuanto a la prórroga, también por un año, de la emergencia tecnológica y (Ley 14.815), las razones para estirar la vigencia se fundaron en "la crítica situación que afectó a la totalidad de las áreas administrativas dependientes del Poder Ejecutivo y, especialmente, a la prestación de los servicios esenciales a cargo de la administración pública provincial, centralizada y descentralizada, ello como consecuencia de los años de desinversión y de administraciones imperfectas, que provocaron una actuación estatal deficiente e ineficaz".

Ante eso, se afirmó que la emergencia en cuestión puesta en marcha el año pasado "posibilitó la adopción de medidas de excepción que facilitaron el funcionamiento y el rápido reordenamiento del Estado" y, por lo tanto "fortaleció y modernizó en el corto plazo desde su declaración a todos los organismos públicos provinciales, agilizando los procedimientos administrativos y logrando soluciones eficaces, eficientes y oportunas para todos los ciudadanos".

En el tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia de dicha ley, se resaltaron “los beneficios operados en todo el sistema de la administración pública provincial, a pesar de no haber desaparecido las causales que justificaron su sanción”.

Por ello, se consideró “necesario, oportuno y conveniente” proseguir “con la agilización administrativa puesta en marcha a partir de su sanción y prorrogar por el plazo de un año la aplicación de la mentada ley”.