El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cumplió una de las promesas que le hizo al gremio docente para poner fin a 46 días de paro y acampe y envió a la Legislatura un proyecto para crear un Fondo de Financiamiento Educativo.
Cumplió su promesa con el gremio y presentó un proyecto de carácter urgente. La Legislatura tiene 30 días para tratarlo, sino queda aprobado.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cumplió una de las promesas que le hizo al gremio docente para poner fin a 46 días de paro y acampe y envió a la Legislatura un proyecto para crear un Fondo de Financiamiento Educativo.
La letra chica tiene un componente que lo vuelve particularmente incómodo en el nuevo escenario político en el que el mandatario fueguino ensaya un acercamiento con la Casa Rosada. A contramano de lo que pregona el inconmovible libreto libertario, buena parte de los recursos se obtendrán de una mayor presión tributaria.
La iniciativa llegó a la Legislatura con pedido de tratamiento urgente y propone crear un régimen de financiamiento específico y de largo plazo para el sistema educativo. El objetivo declarado es atender tres frentes, recuperar el salario docente, mejorar la infraestructura escolar y ampliar el equipamiento tecnológico. El gobierno provincial sostiene que se trata de una herramienta para darle previsibilidad al financiamiento educativo y convertir el acuerdo con los docentes en una política permanente.
El problema político aparece en otro plano. Mientras Melella abrió un nuevo canal de diálogo con la Casa Rosada, incluso con una posición de acompañamiento general al Presupuesto 2027, el gobierno de Javier Milei sostiene como uno de sus ejes la reducción de la presión tributaria. Diego Santilli ratificó este mes que la administración nacional pretende avanzar con nuevas bajas de impuestos durante 2027 y 2028.
Aunque las últimas fotos no dan cuenta de una alineación automática de Melella con Milei, la coincidencia temporal expone una paradoja. Mientras el gobernador busca recomponer el vínculo con un gobierno que hizo de la baja de impuestos una bandera, en Tierra del Fuego impulsa un esquema que incorpora nuevas cargas y reasigna recursos tributarios para sostener el Estado provincial.
El proyecto establece la creación de un Fondo de Financiamiento Educativo con recursos de afectación específica y exclusiva para el sistema educativo provincial, adicionales a los fondos provenientes de Rentas Generales.
La fuente más directa de nuevos recursos sería el Banco de Tierra del Fuego. El proyecto propone aplicar una alícuota adicional del 3% en Ingresos Brutos sobre todas sus actividades gravadas. También establece una alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos para una actividad específica identificada en el nomenclador provincial.
A eso suma otras vías de financiamiento, como el 0,5% de la recaudación general de Ingresos Brutos —excluido el régimen de distribución municipal—, hasta el 40% de los recursos derivados de modificaciones en alícuotas, bases imponibles o revalúos del impuesto inmobiliario y hasta el 10% del remanente distribuible de las empresas públicas provinciales.
El proyecto incorpora hasta un 10% de los recursos generados por adicionales o afectaciones aplicadas a actividades económicas consideradas estratégicas, además de eventuales recursos provenientes del desarrollo del hidrógeno verde y futuras asignaciones específicas vinculadas con la economía del conocimiento.
Es decir que el fondo no se alimentaría solamente de una partida presupuestaria sino que el Ejecutivo fueguino pretende construir una canasta de recursos con impuestos, participación en utilidades y afectaciones específicas sobre actividades económicas.
La distribución también queda fijada por ley. Como mínimo, el 50% del fondo deberá destinarse al salario docente; el 25%, a mantenimiento, servicios, mejoras y construcción de infraestructura escolar; y el 15%, a equipamiento tecnológico y herramientas didácticas. El 10% restante podrá utilizarse para contingencias, necesidades tecnológicas emergentes y otras prioridades operativas del sistema educativo.
Además, el proyecto plantea un sendero de crecimiento de la inversión educativa. El 4,5% del Producto Bruto Geográfico en el primer ejercicio; 4,95% en el segundo; 5,7% en el tercero; 6,6% en el cuarto y 7,8% en el quinto.
En esta línea, se pretende que el financiamiento educativo quede atado a la evolución de la economía provincial y no dependa exclusivamente de las decisiones presupuestarias de cada gobierno.
Melella pidió que el proyecto sea tratado con carácter de urgente. El artículo 111 de la Constitución fueguina establece que los proyectos enviados bajo ese mecanismo deben ser considerados dentro de los 30 días desde su recepción. Si no son expresamente rechazados dentro de ese plazo, quedan aprobados.
El envío actual llega después del conflicto docente que mantuvo a las escuelas sin clases durante casi 50 días. El acuerdo con SUTEF permitió desactivar el paro y el acampe, pero dejó al Ejecutivo provincial obligado a avanzar sobre una solución estructural para el financiamiento del sistema educativo.
La discusión tributaria no ocurre en el vacío. Tierra del Fuego llega al debate con un escenario fiscal restrictivo. El proyecto de Presupuesto 2027 prevé gastos por unos $2,74 billones frente a recursos por $2,60 billones, con un déficit financiero proyectado cercano a los $138.000 millones. El cálculo oficial fue elaborado con una inflación estimada del 21,5% y un crecimiento económico del 3,2%.
La situación productiva tampoco ofrece demasiado margen. Datos oficiales citados en septiembre muestran una fuerte caída del empleo privado registrado y una contracción particularmente marcada en sectores como la construcción y la industria. En el último año, la provincia perdió 4.616 puestos privados registrados, según datos del SIPA correspondientes a junio de 2026.
En la industria, el deterioro es todavía más visible. El Ministerio de Producción provincial informó que durante el último año se perdió alrededor del 30% del empleo industrial.
El gobierno de Melella sostiene que esa combinación de menor actividad, pérdida de recursos y mayores responsabilidades provinciales obliga a buscar herramientas propias de financiamiento. La oposición responde que aumentar impuestos sobre una economía que ya atraviesa dificultades puede profundizar el problema.
Ahí aparece el principal interrogante político del proyecto. ¿Cómo financiar una recomposición salarial que acordada con los docentes sin trasladar el costo a un sector privado que también atraviesa una crisis?
Jorge Lechman fue uno de los primeros en plantarse contra cualquier aumento de la presión tributaria. El legislador de Somos Fueguinos vinculó la discusión del financiamiento educativo con el escenario general de las cuentas provinciales y sostuvo que el problema excede ampliamente los salarios docentes.
"Si la provincia estuviera atravesando un problema económico solamente para solventar la inversión en educación, estaríamos hablando de algo chico. El tema es que no funciona absolutamente nada", afirmó.
"Yo no me voy a transformar en bandido ahora y arruinar lo poco que está funcionando en la provincia acompañando un impuestazo de tal magnitud que lo único que va a hacer es generar más desempleo, más pobreza y más miseria en Tierra del Fuego", dijo.
En la misma línea se expresó Natalia Gracianía, de La Libertad Avanza, quien cuestionó la utilización de nuevos impuestos para financiar salarios estatales. La legisladora ya había planteado que aumentar la presión fiscal sobre el sector privado podía generar un efecto dominó si otros gremios reclamaban posteriormente mecanismos similares.