Una causa penal que moviliza resortes muy sensibles de la política santafesina acaba de ser remitida al archivo por la Justicia. Es la que tenía en la mira a una fiscal del departamento San Lorenzo por omitir investigar hechos referidos al juego ilegal en la provincia. Eso, según sus acusadores, redundaba en el resguardo al hombre fuerte de ese distrito, el senador provincial Armando Traferri, la figura política que pretenden llevar a audiencia por su relación con un empresario ya condenado por ese negocio ilícito.
Lo que pasó este viernes es que la camarista Bibiana Alonso mandó al archivo el trámite contra la fiscal de San Lorenzo Melisa Serena, quien había sido imputada por incumplimientos de sus deberes, como desprendimiento del legajo que se abrió por el juego clandestino. Esa causa significó un tembladeral institucional porque iluminó complicidades entre el Estado y el crimen organizado.
Las evidencias
En el medio de esta investigación unos audios dejaron enganchada la fiscal Serena. Allí la funcionaria dialoga con el empleado judicial Nelson Ugolini, que está acusado de cohecho por las maniobras por las que fueron destituidos su jefe, el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, y el ex regional Serjal.
En los audios utilizados como prueba, Ugolini habla con la fiscal Serena, con modos enunciativos que connotan cercanía o familiaridad. “Hacete la boluda y estirá la oreja en la fiscalía de San Lorenzo. Me acaba de llegar información de que sacaron la PDI (Policía de Investigaciones) de San Lorenzo para meter a la PDI de Rosario. Quieren controlar dos variantes importantes: juego clandestino y puertos secos. Aparentemente tendría conexión Traferri con las dos movidas esas”, le dice Ugolini.
Se refería a decisiones políticas de encomendar a la PDI de Rosario investigar un caso que tocaba al senador de San Lorenzo. Eso activó la alarma entre los que, según los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, protegían desde adentro los intereses del senador. En ese momento era ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien estaba manifiestamente enfrentado con Traferri y el grupo de otros siete senadores justicialistas que lideraba, siempre en tensión con el gobierno de Omar Perotti.
“Me llega info de que Sain desde Rosario quiere mandar gente desde acá para San Lorenzo para ver si pueden enganchar a Traferri en algo para tratar de tumbarlo porque es el único que le está metiendo un dedo en el culo a Perotti”, le dice el empleado judicial Ugolini a la fiscal Serena. “Hacete la boluda y estirá el oído”, agrega.
"¿Y qué pretende el pelotudo de Sain? ¿Que nosotros nos pongamos a investigar esas causas para ir en contra de Traferri? No son ni siquiera inteligentes para planificar tácticas. Porque vos podés mandar a la gente de Rosario, fantástico. Te pueden investigar toda la parte de juego clandestino, bárbaro. ¿Y llega la fiscalía a ser la intermediaria para agarrar a Traferri en el medio? ¿Justamente nosotros vamos a agarrar a Traferri? Ni siquiera tiene inteligencia este tipo. Es una jugada que es peligrosa para el MPA (Ministerio Público de la Acusación) de San Lorenzo”, repone Serena.
Ugolini le replica que sabe que entraron investigaciones a San Lorenzo. Le concede a su interlocutora que “siendo fiscal de San Lorenzo enfrentarte a Pipi Traferri es lo más peligroso que podés hacer”. Y le agrega: “No te olvides que Edery hace poco terminó allanando la Jefatura de San Lorenzo. Y si es desde acá de Rosario para tocarlo al Pipi Traferri tienen que pasar por Gustavo (Ponce Asahad) y por Serjal sí o sí. No lo pueden tocar sino. Máxime cuando Serjal está enfrentado con Sain”.
Ugolini le da muestras a la fiscal en ese diálogo de la capacidad de hacer y deshacer. “Vos dale para adelante. Cualquier cosa pregúntame y yo le pregunto a Gustavo y te voy a saber decir quién se toca y no se toca. No te olvides que a fin de año nos comimos una curva que lo llamó el propio Pipi (traferri) a Gustavo (Ponce Asahad y casi lo ahorca. Por culpa del idiota de (el fiscal Matías) Merlo que venía de Melincué que quiso hacerse el fantasma y a Gustavo lo dejaron entre ceja y ceja. Justo antes de las elecciones el otro salió a tumbar juego clandestino y puertos secos. No creo que se vayan a meter ahí pero Sain no tiene escrúpulos, ese es el peligro más grande”, dice el empleado de la fiscalía, que espera fecha para ser juzgado.
La mención de Ugolini al fiscal Merlo es muy sugestiva en esta trama. Merlo, que acaba de ser promovido por Perotti y la Asamblea Legislativa como fiscal regional de Venado Tuerto, investigó al capitalista de juego Leonardo Peiti en Melincué, una localidad del sur provincial. Y justamente en su causa se acumularon audios, mensajes y otras evidencias que son la parte sustancial de la causa que haría caer en 2019 a Serjal por cohecho.
La imputación a la fiscal
A Melisa Serena la imputaron por incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión de la persecución de delitos. Según los fiscales le estaban pidiendo a una funcionaria que “parara la oreja” para frenar investigaciones y su deber era hacer lo contrario. En ese momento la fiscalía de Rosario iba a tener incidencia en San Lorenzo. Y es allí cuando Ugolini le pide estar atenta para no avanzar. La hipótesis de los fiscales es que el capitalista Peiti sobornaba a influyentes actores políticos y judiciales para mantener bajo tolerancia sus negocios con el juego.
Esta imputación contra Serena fue aceptada por un tribunal integrado por los jueces Alejandro Negroni, Eleonora Verón y Paula Álvarez.
Al mismo tiempo la Auditoría General de Gestión del MPA promovió un sumario disciplinario contra la fiscal que terminó en una sanción de tres meses impuesta por la Legislatura por falta grave.
Pero el trámite penal continuó con la apelación de la fiscal Serena ante la Cámara Penal. Allí intervino la camarista Bibiana Alonso.
En una resolución de 22 páginas donde cita los planteos de las partes, la camarista básicamente indica que no hay certeza negativa de que no haya irregularidad en el procedimiento de Serena, pero tampoco puede acreditar el dolo de su acción. Lo que señala es que una cosa es que se vea el proceder de Serena a la luz de lo que surgió de los casos de corrupción después y otra cosa verlos antes, en el momento en que ella tuvo esos diálogos, cuando el caso no tenía esa dimensión. Allí la probabilidad de un delito baja. Pudo haber una negligencia pero en ese caso ya fue juzgada por la Legislatura cuando la sancionaron a nivel disciplinario.
Dictamen jueza Bibiana Alonso.pdf
La discusión que se plantea es por qué la camarista decidió drásticamente archivar el caso en lugar de rechazar que hubiera delito. Ahora los fiscales presentarán una apelación horizontal de modo de que el trámite siga vivo. Pero si la decisión de la camarista no se revierte el caso se extingue.
Un dictamen "insostenible"
“Las causas por las que se dictamina un archivo es cuando es evidente que no hay ningún delito, cuando no hay prueba para ir a juicio, cuando hay fallecimiento del imputado. Nos parece muy asombroso en términos puramente jurídicos. Este dictamen es insostenible. Si no hay dolo debió sobreseer por atipicidad. Nunca archivar”, sostuvo el fiscal Luis Schiappa Pietra tras la audiencia de Cámara.
Para los fiscales no hay duda de que existió delito en la actuación de Serena porque ella conocía que Ugolini le pidió dos veces que avisara para frenar las investigaciones. Aducen que un fiscal que escucha eso no puede no hacer nada. O debe denunciar ese pedido o al menos investigar qué causas, en este caso sobre juego ilegal o puertos secos, había en su jurisdicción. Para ellos los audios y la conducta de Serena evidencian lo que ya definió condenas como las del fiscal Ponce Asahad y Peiti: había una estructura criminal que funcionaba porque un escalón administrativo compuesto por fiscales, políticos y empleados estatales les brindaba tutela.
Traferri
El senador Armando Traferri.
La viscosidad política de este trámite que atrajo atención nacional sobre Santa Fe perdura. Tanto Peiti como Ponce Asahad dijeron que Traferri recibía dinero para actividades proselitistas. “Fui ayudándolo con la campaña electoral (a Traferri). Yo habré puesto 200 mil dólares”, declaró Peiti en el juicio, donde aceptó condena en un trámite abreviado.
Traferri sostiene que todos estos planteos tienen intencionalidad política para perjudicarlo y que los fiscales pautaron con el empresario de juego, como arrepentido, su declaración incriminatoria. Niega haber cometido delito alguno y dice que no se presenta a audiencia porque los fiscales actuantes son funcionales al ex ministro Sain, ya sin presencia política en la provincia. Y remarca que el primer ministro de Seguridad de Perotti está acusado en una causa de espionaje ilegal, donde él mismo es víctima, en un trámite donde el propio gobierno provincial actúa como querellante.
Esta muy sensible causa para la política santafesina tuvo un reciente ramalazo cuando en marzo el procurador general de la Corte Suprema de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó en contra de la Corte Suprema de Santa Fe, que había considerado constitucional que Traferri no se presentara ante un juez si mantenía sus fueros parlamentarios.
En efecto, los fueros a Traferri lo mantienen a distancia de los Tribunales. En diciembre de 2020 el Senado provincial rechazó despojarlo de su inmunidad parlamentaria cuando los fiscales pidieron desaforarlo para acusarlo de cobrar sobornos del juego ilegal. Casal cuestionó la solidez técnica del fallo del máximo tribunal santafesino que dio protección a Traferri.
Ahora la Corte Suprema nacional tiene a definición si convalida el dictamen del procurador. De ser así, el caso volverá a la Corte santafesina para que haga un nuevo fallo con miembros diferentes a los que se pronunciaron anteriormente y decida si el gravitante senador debe o no sentarse delante de un juez.