SANTA FE EN LLAMAS

Lavado de activos: la batalla jurídica por investigar el dinero sucio

Opiniones repartidas e intereses en juego sobre si debe intervenir la justicia provincial o la federal. ¿Qué harán la futura fiscal general y la Corte nacional?

Entre sus significados múltiples, la reciente definición del cargo de fiscal general de Santa Fe implica elegir un criterio que pesa mucho en la batalla legal contra la violencia, en una provincia que contiene un enorme dolor de cabeza que se llama Rosario: la forma de pararse en las causas contra el lavado de dinero.

La gran incógnita es si estos trámites deben llevarse en la Justicia ordinaria provincial o en la Justicia Federal. Una pulseada potente porque la violencia tiene como meta hacer dinero. ¿Quién investiga entonces la plata que hacen las bandas criminales? ¿Quién investiga los movimientos de los que, sin ser violentos ni del campo ilícito, movilizan activos sucios? Antes de responder conviene mirar los resultados. Desde 2014, cuando el nuevo sistema penal provincial puso la boya explícita en este aspecto, solo en Rosario hubo 29 condenas por lavado de dinero impulsadas por fiscales provinciales. En la Justicia Federal de Rosario, que investiga estos asuntos desde siempre, no hubo ninguna.

O hubo una sola en rigor: una sentencia contra un vendedor de drogas de Carcarañá, de apellido Toledo, que en 2016 había puesto a nombre de una hermana un acoplado de 300 mil pesos y una camioneta por una suma similar. En una región donde el narcotráfico y la evasión de empresas legales levantan montañas de efectivo, a este caso no se le dio publicidad de tan insignificante .

Los fiscales provinciales creen que poniendo la mira en los bienes que obtienen las organizaciones criminales y la posibilidad de desapoderarlos de ellos, la violencia que producen esos grupos pierde sentido, por lo que el camino para desalentar acciones sangrientas como homicidios, usurpaciones, balaceras o robos violentos es investigando casos de lavado enteramente dentro de la provincia.

Pero ese criterio choca contra otro, que dice que eso es de competencia de la Justicia Federal y que metiéndose en el lavado de activos los fiscales provinciales se distraen de sus casos específicos.

Durante el concurso para el cargo de fiscal general, un candidato que llegó a la terna de seleccionados fue muy preciso al mencionar, durante su exposición, su preferencia por este último camino. Fue el camarista penal rosarino Javier Beltramone, a quien el jurado ubicó en la terna de seleccionados.

Una cosa que pegó fuerte en el ambiente jurídico penal fue que, en su concurso, Beltramone citó el precedente Garfunkel de la Corte Suprema de la Nación. Es el caso del divorcio de Rafael Garfunkel donde el máximo tribunal, en un escrito de adhesión al procurador, señaló que es competente la Justicia Federal para entender en una causa instruida por ocultamiento de bienes de la sociedad conyugal a través de una empresa.

En todos los claustros del círculo rojo judicial y político se interpretó que Beltramone, al aludir a este precedente, dejaba en claro su temperamento en caso de acceder a la fiscalía general de Santa Fe: todos los trámites de lavado irían a parar a la Justicia Federal. Los fiscales provinciales no deben tomar estos casos.

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El camarista Javier Beltramone.

El camarista Javier Beltramone.

Este criterio puede estar fundado en una convicción jurídica de muy buena fe. Pero en la discusión penal un sector robusto no paró de vociferarlo: a una franja del poder económico, nada deseosa de que se investigue lavado de activos y con fuerte capacidad de lobby, le viene como anillo al dedo. Dejar estos delitos en la Justicia Federal de Rosario significa mantenerlos en un agujero negro: opacidad de los trámites, tiempos procesales eternos y jamás una condena. Es por esto último que, casi sin excepción, los imputados de lavado piden en cadena que sus trámites los tomen jueces federales.

Beltramone explica que no tiene rechazo a que los fiscales provinciales colaboren con el lavado de activos. Pero alerta que esas acciones, si se llevan autónomamente en la provincia, pueden tornarse nulas si la Corte nacional se pronuncia en forma definitiva contra estas investigaciones.

Hace menos de cinco años se ven sentencias contra actores inusuales por ayudar a hacer negocios a actores del delito violento. Por ejemplo a financistas que les vendieron dólares a narcos, a arquitectos que les construyeron viviendas o abogados que formaron parte de la estructura legal de las bandas. Ninguna en la Justicia Federal.

“¿En qué afecta al Estado federal que las organizaciones criminales usen el mercado inmobiliario o financiero de Rosario para lavar la plata que consiguen matando gente? Cuando se lo imputa a Guille Cantero o a Esteban Alvarado nadie se inquieta. El problema es cuando el narco viene con el financista Patricio Carey, o con el que controla una mutual, o cuando en estas tramas aparecen dirigentes políticos. Ahí empiezan los tecnicismos para que todo pase a la Justicia Federal”, dice un funcionario de la Agencia Fiscal de Criminalidad Organizada de Rosario.

La Cámara Penal de Rosario, en la Justicia provincial, ya tiene cuatro pronunciamientos indicando que le corresponde a esa esfera investigar lavado, cuando el dinero obtenido por un delito cometido en la ciudad se blanquee en la ciudad. La Corte Suprema de Santa Fe ya convalidó el primero de estos planteos, por unanimidad, en 2020.

Es interesante analizar el caso sobre el que falló la Corte provincial, ya que el juicio se está haciendo en estos días. Es la causa de fraude inmobiliario donde los fiscales provinciales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot imputaron a una multiplicidad de personas por desapoderar a propietarios legítimos de inmuebles, transferirlos a otras personas mediante maniobras de defraudación al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Fe y valerse de escribanos para realizar las nuevas inscripciones en favor de terceros.

Posteriormente en este caso aparece otro nivel de delito que es sobre el que se pronunció la Corte Suprema. Es cuando esos bienes pasan a nuevos compradores. Uno de los principales casos es el apoderamiento de un campo de la localidad de Villa Amelia que circula por diferentes nuevos adquirentes. El argumento de los fiscales es que cuando ese inmueble, que era un campo improductivo, va a pasar a ser un loteo que una inmobiliaria se aprestaba a comercializar, el acto pasaba a ser un acto de lavado de activos.

Los seis ministros de la Corte coincidieron: todas las maniobras, tanto sustraer los inmuebles como blanquearlos en manos de sus nuevos dueños, se desarrolló en la provincia de Santa Fe. Nada afectó al Estado nacional. ¿Por qué habría entonces de intervenir la Justicia Federal que es un fuero de excepción?

El derivado de mantener esta perspectiva en otros casos fue el ya planteado más arriba: 29 condenados en la Justicia provincial por lavado de activos desde 2016. Contra uno solo en la Justicia Federal, desde que se tiene registro, por un caso de nula relevancia.

“Si alguna vez me acusaran por algo que no hice no quisiera que sea en la Justicia Federal –dice a Letra P un camarista penal santafesino–. La Justicia santafesina tiene mil defectos, pero en la de enfrente reina la discrecionalidad absoluta, la opacidad es total y los operadores son lábiles a las presiones políticas que descargan actores de mucho poder. Por eso si fuera culpable y tengo banca, entonces sí, quisiera que me imputen ahí”.

Mientras tanto desde órganos federales siguen avanzando con criterios que avalan la competencia concurrente, es decir, definida según al distrito al que afecte el lavado. La Procuración de Lavado de Activos (Procelac) y la Procuración contra el Narcotráfico (Procunar), dos organismos federales, acaban de firmar un dictamen para investigar con fiscales provinciales la compra del helicóptero con el que Esteban Alvarado, leading role de la violencia de Rosario en los últimos 15 años, pretendió fugar hace un mes de la cárcel de Ezeiza.

Hay que tener cuidado de que este trabajo no termine en un dispendio de esfuerzo jurisdiccional que resulte anulado, cree Beltramone. Podrá haber ese compromiso de labor conjunta, pero la causa previa de Alvarado por lavado está en la Justicia Federal, por un incidente que la Cámara Federal de Rosario resolvió a pedido de la Unidad de Investigación Financiera en septiembre de 2021. “El artículo 36 del Código Procesal Penal deja claro que no observar las reglas para determinar la competencia produce la nulidad de los actos. Los fiscales federales suelen apelar la competencia y ganar. Eso es lo que quise hacer ver”, dijo.

Político hasta la médula en una ciudad que apesta de olor a pólvora y a negocios turbios, el péndulo que moverá los casos de lavado de activos hacia la Justicia Federal exclusivamente o según el caso, merecerá un pronunciamiento más definitivo de la Corte Suprema de la Nación cuando se resuelva, precisamente, el citado trámite de la megacausa de fraude inmobiliario en Rosario. Pero también será decisiva en adelante la forma en que se mueva la fiscal general designada por Omar Perotti, María Cecilia Vranicich, que este miércoles será entrevistada por la Legislatura antes de avalar o no su pliego. Su idea ha sido validar lo que los fiscales provinciales vienen haciendo.

Una cláusula no escrita en Santa Fe funciona como dogma transversal. Y es que domina el que articula tres estamentos: Cámara de Senadores provincial, Corte Suprema y jueces federales. ¿Por qué los factores de poder económico quieren que dirima el lavado de activos la Justicia Federal? Porque se le adjudica ser lenta, ineficiente, carente de estructura para avanzar en estos asuntos y, al formar parte de una arquitectura corporativa, “consultar” antes de avanzar. Se trata de una pulseada donde los grandes estudios profesionales también juegan.

Desde Procunar hay una confluencia clara con el criterio de que la competencia es plural. Coinciden con el criterio de los fiscales provinciales que están en esta pelea y que afirman: “Si nosotros tenemos los hechos violentos, investigamos las bandas, los movimientos de negocios, sus vínculos con el Estado y sabemos que la clave de lo que hacen está en la economía… ¿Cómo una vez que hicimos todo eso se lo vamos a tener que pasar a la Justicia Federal para que empiece de nuevo?”.

Celia Arena, ministra de Gobierno de Santa Fe, junto al gobernador Omar Perotti.
Javier Milei se trasladó en helicóptero al Cabildo de la capital cordobesa.

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