Iván Kvasina, presidente del Colegios de Magistrados de Rosario.
Sectores de la Justicia santafesina reclamaron al gobernador Maximiliano Pullaro una discusión seria y abierta, donde sean incluidos todos los actores institucionales con experiencia en el tema, para debatir y consensuar las reformas judiciales impulsadas por el mandatario.
Pullaro pretende que la Legislatura provincial avance con reformas en el Código Procesal Penal y en las leyes orgánicas del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal, además de lograr que se instaure el juicio por jurados, entre otros cambios.
Desde el Servicio Público de la Defensa de Rosario plantearon su preocupación ante lo que se advierte como una “privatización de la defensa penal”, tercerizando funciones que son públicas y provocando una “brusca y peligrosa” reducción de cargos: hablan de un recorte en la estructura de dos tercios del personal. La entidad asegura que los pronósticos, en caso de que eso se produzca tal como lo propone el proyecto de ley empujado por el Poder Ejecutivo, son “dramáticos”.
El defensor regional Martín Riccardi y los defensores titulares y adjuntos que dependen de él, alertaron que son el único organismo capaz de poner freno a los eventuales abusos judiciales e institucionales, y que el proyecto del gobierno santafesino reduce a una “mera formalidad” la defensa pública.
En tanto, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales planteó que en el paquete de reformas se observan “destacables avances, pero también peligrosos retrocesos, sobre todo, en las modificaciones propuestas al Código Procesal Penal”.
“Los problemas de eficacia que enfrenta el sistema de justicia penal de Santa Fe son urgentes y evidentes, pero no se solucionarán volviendo al opaco e ineficiente sistema escrito e inquisitivo que tanto costó superar”, y opina que eso “atentará contra los derechos de las víctimas”.
Por ello reclaman garantizar la oralidad plena del proceso, mantener los requisitos mínimos para las detenciones y evitar las modificaciones propuestas al procedimiento abreviado.
También cuestiona que el proyecto de juicio por jurados, al contemplar excepciones a la regla de la unanimidad y al establecer una “competencia optativa” para ciertos casos, pueda afectar pilares básicos del sistema de enjuiciamiento popular establecido por la Constitución Nacional.
“La iniciativa política de avanzar rápidamente con cambios urgentes es bienvenida, pero debe hacerse con responsabilidad, sin afectar de la noche a la mañana pilares básicos del sistema judicial. No se trata de entorpecer las reformas, sino de evitar errores que, por actuar a las apuradas, tendrán altísimos costos institucionales y no provocarán los resultados esperados”, advierte el Inecip.
Por otra parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación habla de avances, pero también de “insalvables errores” que podrían poner en riesgo los principios más elementales del sistema acusatorio.
Respecto de los cambios en la audiencia imputativa habla de “una derrota de la oralidad y la inmediatez”, lo que significa “un yerro insoslayable”. También cuestiona que la dirección investigativa quede en manos de la policía y elimine la subordinación que ésta debe tener sobre el Ministerio Público de la Acusación.
“Lo propuesto resultaría ser un sistema aceptado y exitoso, si se lograse contar con una policía de Investigación despojada de los numerosos inconvenientes, ineptitudes y deficiencias que aún padece”, puntualiza.
La Asociación de fiscales y funcionarios del MPA cuestiona también la reforma al entender que “muestra la –ya iniciada– afectación de la independencia y autonomía del Ministerio Público a quien, en el artículo primero, no obstante, hacen responsable por ‘la reducción del delito y la protección de la sociedad’, una misión que claramente corresponde a otras funciones del poder del Estado en forma directa, no así a la función judicial acusatoria”.
En cuanto al Juicio por Jurados muestra su apoyo a la idea, pero observan deficiencias en su implementación que podrían derivar en “procesos inadecuados para tutelar los derechos de las víctimas”.
Por último, indican que las reformas podrían poner “en serio riesgo” la funcionalidad del Sistema de Justicia Penal, llevando a resultados que podrían ser diametralmente opuestos a los buscados.
En tanto, desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe consideraron positiva la promoción de medidas que tiendan a un mejoramiento constante del servicio de justicia, pero reclaman una discusión seria y abierta para “evitar errores que conlleven altos costos institucionales”. Y concluye en que “ninguna reforma judicial puede ser exitosa si no parte de un marco de respeto a la independencia judicial”.
En sus primeros días de gobierno Pullaro logró alinear a la tropa legislativa de Unidos para Cambiar Santa Fe y avanzar con los primeros proyectos. Trámites veloces y normativas que pretendía tener en el arranque de su gestión, especialmente en seguridad, fueron aprobadas. También funcionaron en línea las dos cámaras, con el trajinar de algunos actores clave como el ministro de Gobierno, Fabián Bastía.