La condena de Gilberto Montanaro sacudió el escenario político de Río Negro y encendió una la luz de alerta para el resto de exintendentes acusados en la megacausa Techo Digno. El más destacado es el diputado Aníbal Tortoriello, que se quiere posicionar como el principal retador del gobernador Alberto Weretilneck en 2027, pero antes debe responder ante la Justicia.
Todavía no hay movimientos sobre el avance de la causa del exitendente de Cipolletti, aunque ya sabe que deberá ir a juicio. Se espera que existan novedades en el corto plazo porque la condena a Montanaro aparecía como el antecedente inmediato.
La semana pasada, la historia política de Montanaro terminó atravesada por la megacausa Techo Digno, una investigación que durante casi una década puso bajo la lupa el uso de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales en Río Negro. El otrora poderoso intendente de Cervantes, quedará en la historia como el primer condenado de todo el proceso.
Pero además, Montanaro tomó una decisión que marcó un quiebre en toda la causa y decidió admitir su responsabilidad. Hace pocos días fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras aceptar un juicio abreviado en el que reconoció delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso.
Durante años, el nombre de Gilberto Montanaro funcionó como una referencia ineludible del peronismo en el Alto Valle y Río Negro. No era un dirigente de exposición mediática permanente, pero sí un armador territorial con peso propio, especialmente en Cervantes, donde construyó un poder político de largo aliento que incluso trascendió su propio mandato.
Montanaro gobernó ese municipio entre 2003 y 2015, en una etapa donde el peronismo todavía retenía capacidad de gestión local en distintos puntos de Río Negro. Su perfil combinó dos rasgos típicos de esa generación de intendentes con fuerte control del territorio y una lógica de continuidad política familiar, que se consolidó cuando su hija, Claudia Montanaro, lo sucedió en el cargo.
Aún fuera de la intendencia, no se retiró. Siguió operando desde adentro del municipio como secretario de Gobierno, lo que en los hechos extendió su influencia política más allá de los límites formales del cargo. Ese esquema de poder local es clave para entender su lugar dentro del PJ rionegrino. Montanaro no fue un dirigente provincial de primera línea en términos electorales, pero sí uno de esos “caciques” que ordenaban, negociaban y sostenían estructura en el territorio, especialmente en el circuito del Alto Valle.
El caso específico gira en torno a un convenio firmado en 2014 para construir 135 viviendas en Cervantes, con fondos nacionales. Según la acusación, se utilizaron certificaciones de obra falsas para simular avances mayores a los reales, lo que permitió cobrar casi la totalidad del financiamiento previsto.
La condena tiene un dato político fuerte, es el primer exintendente rionegrino que admite culpabilidad en esta megacausa, después de una serie de absoluciones que habían descomprimido parcialmente el impacto del expediente sobre la dirigencia local.
En un escenario donde otros exintendentes lograron ser absueltos, su reconocimiento de los hechos rompió una estrategia defensiva que predominaba en la causa. Y, al mismo tiempo, reordena responsabilidades en el peronismo. Durante las audiencias quedó claro que la gestión de los convenios con Nación fue conducida directamente por él, incluso más allá de su etapa formal como intendente.
Hay además un efecto colateral inevitable. Su figura estaba directamente conectada con la continuidad política, también alcanzada por líneas de investigación. Su condena, en los hechos, tiende a concentrar la responsabilidad en su propia gestión y a descomprimir parcialmente ese frente.
El acuerdo judicial, no sólo cierra un capítulo personal. También deja expuesto un modo de administrar recursos públicos que durante años fue estructural en la política municipal, especialmente en el vínculo con programas nacionales de vivienda.
El dato no es menor, en la megacausa Techo Digno no había condenas. Montanaro rompe esa inercia y se convierte en el primer dirigente que no sólo admite responsabilidad, sino que asiente cómo funcionaba el mecanismo que desvela a los fiscales.
Para el PJ rionegrino, es una historia incómoda, que empieza a ser revisada también en clave judicial. Pero también para otro grupo de dirgentes opositores entre los que se alista nada más y nada menos que Tortoriello, el candidato de Juntos por el Cambio que se enfrentó a Weretilneck en 2023 y que encabezó la lista de La Libertad Avanza en 2025, la más votada de la elección.
La definición respecto a su futuro judicial y polítco será la que escriba el capítulo siguiente de una causa que inquieta a todo el arco dirigencial de la política rionegrina.
Montanaro sintetiza un modelo político muy característico del interior, con intendentes con fuerte anclaje local, redes familiares en el poder y una relación directa con la obra pública como eje de gestión y construcción política.
Un viejo conocedor del PJ Río Negro, que supo ostentar representación partidaria, le explicó a Letra P el rol de Montanaro aquellos años. “Como muchos, era muy cercano a Miguel Ángel Pichetto”, recuerda un hombre que ya está retirado de la política doméstica.
Como a la mayoría de la veintena de intendencias que acompañaba al peronismo entonces, Pichetto era el gran articulador y persona indicada para solucionar temas en la ciudad de Buenos Aires. Sólo el gringo Carlos Soria tenía la capacidad de ingresar a Casa Rosada para obtener beneficios.
Otra época del peronismo patagónico.
