El intendente logró la intervención clave del gobierno provincial y lidera los operativos. La UCR y el nazarismo lo tapan de proyectos en el recinto.
Guillermo de Rivas, intendente de Río Cuarto, juntos a las fuerzas de seguridad.
Gabriel Abrile, presidente del bloque Primero Río Cuarto, que aglutina a la UCR y el juecismo.
Franco Miranda, presidente del bloque La Fuerza del Imperio del Sur, de Adriana Nazario.
En Río Cuarto, donde todavía se sienten los coletazos de un pico delictivo sin precedentes, nadie parece querer perderse el tren de la seguridad. Mientras la gestión de Guillermo De Rivas busca enfriar la crisis con ayuda de Martín Llaryora, la oposición pone fichas en el Concejo Deliberante, donde plantea múltiples iniciativas en la materia.
Pero la cuestión de la seguridad es complicada también para la dirigencia. Los vecinos le demandan soluciones al intendente, la puerta más cercana que tienen para tocar, aunque De Rivas no tiene los resortes para atacar el problema porque no gestiona las fuerzas de seguridad ni la Justicia. Eso no quita que, durante la campaña electoral, él mismo había asumido el compromiso de trabajar en esta materia.
A la salida de un febrero de máxima tensión y después cuatro movilizaciones en un mes, De Rivas tomó protagonismo en los operativos de seguridad, participando centralmente en la planificación junto con funcionarios provinciales, jueces, fiscales y los jefes policiales. Recibió al Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, a su par de Justicia, Julián López. Logró que atiendan su reclamo de más efectivos y móviles policiales para la ciudad y se metió de lleno en el combate de la inseguridad.
También le reclamó a la Justicia más eficacia en la gestión de las causas penales, en particular que no haya casos cajoneados y para que actúe con la mayor celeridad posible. En este mismo marco, algunos funcionarios del municipio tienen opinión formada al respecto: piensan en una reestructuración de las fiscalías de Río Cuarto, para equipararlas a las de la ciudad de Córdoba, con un criterio de competencia geográfica y sedes territoriales.
Sin embargo, en plena gestión de la crisis, empezaron a proliferar los cuestionamientos a la Guardia Local de Prevención en cuanto a su eficiencia, en términos de que “gasta mucho y resuelve poco”. El Ejecutivo tomó nota y -esta vez rápido de reflejos- le dio forma de proyecto de ordenanza al reclamo: los móviles de la guardia deberán estar acompañados de policías.
La letra chica de esa propuesta, que ingresó hace unos días al Concejo Deliberante, prescribe que los móviles tendrán que ir con un efectivo policial cuando deban ingresar a barrios o zonas calientes del mapa de la inseguridad, en los momentos de mayor riesgo. Básicamente, para entrar en los lugares y horarios donde existe mayor conflictividad y resistencia a las fuerzas de prevención y seguridad.
La Fuerza del Imperio del Sur, el bloque de concejales de Adriana Nazario, también captó la misma demanda social, pero fue un paso más allá en el planteo. Directamente, propone traspasar los 24 móviles del patrimonio del Municipalidad de Río Cuarto a la Policía, para que ésta lo administre con criterio propio. Su ecuación es simple: por un lado, los coches de la guardia significan un gasto de 2.800 millones de pesos para el Estado local y, por el otro, las fuerzas de seguridad no tienen la suficiente cantidad de móviles operativos.
Sin embargo, la fuerza política que más provecho le sacó a la agenda de la inseguridad es -por lejos- Primero Río Cuarto, que cobija a radicales y juecistas en una misma bancada. Venían trabajando en eso desde que Llamosas estaba a cargo del gobierno local. Fueron pioneros en llevarlo a la campaña electoral, con Gonzalo Parodi como candidato a intendente.
A comienzos de año, aunque tenían el oído atento, esperaban una protesta motorizada por la suba de impuestos de la gestión De Rivas este año, pero notaron que el flanco débil del gobierno estaba en otro lado. Una vez se manifestó el reclamo por la inseguridad, vieron la chance para meterse de lleno; algunos incluso con asistencia perfecta a las marchas.
Mientras el Ejecutivo local estuvo bajo la presión de los manifestantes y sin capacidad de respuesta, ese plan les resultó muy rendidor. Pero, conforme llegaban las medidas para abordar el problema del delito y los primeros resultados, el plan empezó a reportar menos dividendos y cambiaron la estrategia.
La cosa pasó de la calle al Concejo Deliberante. El bloque que preside Gabriel Abrile presentó un gran paquete de doce proyectos de ordenanza, bajo el rótulo de Plan Integral de Seguridad. En rigor, la mayoría ya estaban contemplados en la plataforma de la campaña municipal de 2024. Sin embargo, una vuelta de tuerca les permite ahora discutir la respuesta institucional de De Rivas.
Plantean dos grandes líneas de acción. Por un lado, crear un mapa del delito que le permita a la Policía un trabajo más efectivo. En segundo lugar, proponen que el municipio tome cartas en el asunto del narcotráfico; que se constituya en querellante en la Justicia y que integre una oficina para recibir denuncias anónimas, idéntico al esquema del Ministerio Público Fiscal ya existente.
Incluso hacen una apuesta para nacionalizar el asunto, con una solicitud dirigida a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, para que “disponga la creación de un servicio coordinado conjunto con las fuerzas provinciales y locales”.
El bloque que comanda Abrile consiguió un primer golpe de efecto cuando este paquete de ordenanzas tomó estado parlamentario en el Concejo, pero además todavía queda por delante la discusión de cada uno de ellos. Todo indica que, hoy que la efervescencia social en torno a la inseguridad parece haberse calmado, se busca rédito político desde adentro de las instituciones.
Desde el año pasado, la problemática de la inseguridad y la violencia se recalentaron fuerte en la capital alterna de Córdoba, pero todo entró en ebullición durante los primeros meses de 2025. Fue un verano atípico, convulsionado, donde las noticias de asaltos, robos y arrebatos se multiplicaron a toda velocidad, mientras el malhumor social se fue transformando de queja aislada en movilización.
En uno de los últimos episodios de esa serie, un cadete que hacía delivery de comidas recibió un balazo en una pierna al resistirse al robo de su moto y, pocos días después, un hombre salvó su vida de milagro cuando un delincuente le gatilló tres veces sin éxito en medio de un asalto.