El gobernador de Mendoza la apoyó en Diputados, pero la traba en la otra cámara. Milei quiera esa norma para bajar el costo fiscal de los subsidios.
Alfredo Cornejo y Diego Santilli.
El ministro del Interior y flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, fue al Senado para reunirse con el bloque La Libertad Avanza y los aliados, a quienes les pidió sancionar la modificación al régimen de zonas frías, aprobada en Diputados. No le fue bien: se opone un grupo de radicales, liderado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
El mandatario no se opuso al proyecto cuando se trató en Diputados, pero ordenó a su dupla del Senado (Mariana Juri y Rodolfo Suárez), a votar en contra y así el Gobierno no tiene fácil conseguir los votos. Sobre todo, porque si un sector de los aliados no quiere pagar el costo de subir las tarifas en su distrito, genera un efecto dominó en el resto.
La reunión se realizó en la oficina de la UCR de la cámara alta y la discusión quedó abierta. Santilli insistió en que Javier Milei no acepta modificaciones y quiere la ley tal como quedó la última versión aprobada en Diputados. La devolución de gran parte de los aliados no fue la mejor. Quienes provienen de zonas productoras de energía se molestaron por los subsidios que reciben en áreas metropolitanas y hubo quienes mostraron las bajas temperaturas de sus distritos, para justificar su posición.
"No hay acuerdo. El Gobierno va a tener que negociar con cada una de las provincias y este tema difícilmente llegue al recinto hasta fines de agosto", anticipó a Letra P una fuente del bloque oficialista.
El proyecto que está congelado en el Senado busca derogar la norma sancionada en 2021, a partir de un proyecto de Máximo Kirchner, que amplió el beneficio de "Zonas Frías", que consiste en reducir las tarifas de usuarios que soportan bajas temperaturas. Sumó más de 70 municipios de 11 provincias, como Buenos Aires, Córdoba y Salta.
La iniciativa restringe el beneficio a las provincias patagónicas: Chubut, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y regiones de Mendoza (Malargüe) y San Luis. Además, el subsidio se reduciría respecto al actual. Ese recorte se compensa con un aumento de la tarifa en el resto del país, que es del 7% y, según el Gobierno, si se mantiene el universo de beneficiados debería subir al 11%, un incremento que complicaría las inversiones en el yacimiento de Vaca Muerta. Según el proyecto, la reducción continuaría siendo del 50%, pero acotado al valor del consumo del gas y no de la tarifa plena, que incluye distribución y transporte.
El Gobierno hizo algunos cambios al proyecto original para sumar aliados en Diputados. Entre las zonas que pierden el beneficio, se sumaron conceptos por los cuales mantendrán un descuento del 30%. Se contemplará a quienes tengan tres salarios mínimos, residan en viviendas sociales o sean veteranos de Malvinas y, además, a los hogares que tengan a una persona con Certificado de Discapacidad (CUD).
Otro aspecto del proyecto es que condona deudas a las distribuidoras de energía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). El dictamen extiende el beneficio a las compañías provinciales y municipales, necesario para tener más votos. También se extienden los beneficios a la producción de biocombustibles.
En el Senado el oficialismo tiene previsto sesionar el jueves 16 de julio, tras fallidos intentos de Patricia Bullrich, la jefa de la bancada, para abrir el recinto la semana próxima. Su plan era que vuelva la actividad el miércoles, pero la previa del día de la independencia obligaba a los representantes de Tucumán a partir rápido. El martes no es posible planificar actividad. Ocurre que ese día podría haber un partido de Argentina en el Mundial de Fútbol.
El temario tiene como tema principal el proyecto de inviolabilidad de propiedad privada, que está trabado porque la UCR no termina de aceptar el capítulo para habilitar la extranjerización de tierras. Se hicieron 13 correcciones al dictamen firmado hace un mes. Es tanta la desconfianza que La Libertad Avanza propuso una reunión de comisión de Asuntos Constitucionales para definir los cambios finales, aun cuando no sea necesario volver a dictaminar.
La sesión se completaría con acuerdos judiciales y tratados internacionales. No llegaría a discutirse zonas frías ni la reforma política, que aún está discutiéndose entre el Gobierno y los aliados, sobre todo la UCR y el PRO. La definición llegará en agosto, en el mejor de los casos. No antes.