La jugada contrarreloj que había desplegado el Gobierno para evitar el paro de colectivos en el AMBA al disponer de manera arbitraria aumentos salariales para los choferes se topó ahora con el rechazo generalizado de las cámaras empresariales del sector.
Por medio de una nota conjunta presentada ante los ministerios de Trabajo y Transporte, las cinco entidades que agrupan a las líneas metropolitanas (AAETA, CETUBA, CEAP, CTPBA y CEUTUPBA) salieron a atacar la resolución oficial que fijó de prepo y sin acuerdo previo los nuevos montos salariales que tienen que pagar las empresas.
Para las empresas dueñas de los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, la medida del Gobierno equivale a una “semiestatizacion” del servicio, en la cual las operadoras privadas se ven obligadas a poner su capital y a trabajar a pérdidas con tarifas y subsidios que resultan insuficientes para cubrir los costos operativos y salariales.
El rechazo empresarial, además de desacreditar y dejar otra vez en offside al funcionariado del sector, ha vuelto a reflotar la posibilidad de que el gremio de la UTA que conduce el histórico Roberto Fernández lleve adelante en la región metropolitana el paro de actividades que estuvo a punto de concretarse y que fue levantado casi sobre la hora el último martes.
Para las empresas, la negociación paritaria sigue abierta y los aumentos que el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y su par de Trabajo, Kelly Olmos, concedieron unilateralmente a la UTA no tienen ninguna vigencia porque no fueron aceptados ni rubricados por la parte empleadora.
Ahora habrá que ver qué decisión adopta el gremio que ya había festejado la obtención de los incrementos salariales que el Gobienro fijó hasta septiembre. Para la próxima semana está en danza un paro en las líneas urbanas del interior del país y no se descarta que la medida de fuerza se extienda al AMBA, si el Estado no desembolsa los fondos adicionales de subsidios que reclaman las empresas para poder afrontar las subas de sueldos.
Según la resolución conjunta que sacaron las autoridades laborales y de Transporte, los nuevos salarios básicos remunerativos para las líneas del AMBA deberían ser los siguientes: $ 262.000 a partir de abril conjuntamente con una suma no remunerativa de $ 32.000 por única vez; $ 284.000 en mayo; $ 320.000 en junio; $ 346.000 desde de julio; $ 374.000 en agosto y $ 404.000 a partir de setiembre. En el caso de los viáticos diarios, quedaron fijados en $ 1.626 para abril y mayo; $ 1832 en junio y $ 2048 a partir de setiembre.
El desplante empresarial a esa medida se sustentó en cuatro puntos clave que aparecen en la nota enviada a Olmos y Giuliano.
En primer lugar, calificaron la norma como un “intento inédito del Gobierno de querer imponer su autoridad por sobre la voluntad de las partes legitimadas para la negociación colectiva, arrogándose atribuciones de las cuales carece y dictando un acto administrativo, al que consideramos, ilegítimo y nulo”.
Además, dejaron en claro que “la negociación paritaria continúa abierta y que no existen los salarios conformados” que dieron a conocer los funcionarios y el gremio, y que “consentir este procedimiento para concluir con la negociación paritaria, desvirtúa y coloca a la parte empleadora como un elemento meramente decorativo, no solo de esta instancia, sino de las futuras negociaciones, lo que resultaría intolerable”.
Tras destacar que “desconocen validez alguna a la norma cuestionada”, los empresarios advirtieron que “más allá de los recursos administrativos que interpondrán y las acciones judiciales que iniciarán, no reconocerán los salarios que se han intentado imponer al sector de modo arbitrario”.
Por último, las cámaras denunciaron que el Gobierno “está llevando a las empresas a la imposibilidad material de poder cumplir con el aumento salarial y mantener la prestación de los servicios", porque "coloca a las empresas en una situación mucho peor que la registrada previamente a esta ilegítima medida”.
Según las empresas, el costo operativo total actualizado de los colectivos del AMBA trepa a $ 74.000 millones mensuales. De ese monto, el Gobierno solo está reconociendo un total de $ 52.000 millones mensuales por la falta de actualización de los rubros y gastos que componen la estructura de costos del sector.
Además de reclamar el pago de los subsidios atrasados, las líneas metropolitanas quieren que el Gobierno establezca un nuevo esquema de actualización automática y mensual de las compensaciones tarifarias. Pretenden que ese nuevo mecanismo refleje las variaciones reales de los costos operativos del sector que casi siempre están por encima de la inflación minorista que se aplica para el ajuste de los boletos.
