Hay una "amenaza estructural para las mujeres", advierte la autora. Reivindica al feminismo peronista y convoca a generar "una alternativa" a Javier Milei.
La marcha Ni una menos del 3 de junio pasado, contra la violencia de género.
La violencia de género es una de las problemáticas más graves que enfrenta el mundo y, en particular, la sociedad argentina. En 2022, se registraron cerca de 89.000 femicidios a nivel mundial, lo que representa la cifra más alta en dos décadas, a pesar de la disminución de homicidios globales.
Entendido como la manifestación más extrema de la violencia de género, el femicidio constituye una amenaza estructural contra las mujeres.
En más del 55% de los casos, estos crímenes fueron cometidos por familiares o parejas íntimas, lo que resalta la realidad alarmante de que, para muchas mujeres, el hogar es el lugar más peligroso. En Argentina, durante 2022 se registraron 252 femicidios, lo que implica que cada 36 horas una mujer es asesinada en su propio hogar.
Estos datos subrayan la necesidad urgente de abordar esta problemática de manera integral. La escasez de recursos o la ineficiencia del alcance de las políticas no constituyen manifestaciones sólidas para que esta problemática se elimine de la agenda pública ni del mapa de desarrollo inclusivo en Argentina. Al contrario, las feministas peronistas trabajamos para mantener la priorización de la temática en el desarrollo de nuevas políticas y herramientas de gestión y transformación, construidas en una red que integran las organizaciones territoriales, la universidad pública, la ciencia y tecnología, organismos públicos y privados a nivel federal y organismos internacionales.
En 2021, aproximadamente 458.000 personas murieron por homicidios a nivel mundial, con un 54% de estos casos involucrando el uso de armas de fuego. América Latina, en particular, tiene una tasa alarmantemente alta de homicidios con armas de fuego, representando el 75% de los 154.000 homicidios ocurridos en la región en 2021.
En el contexto de violencia de género, el acceso a armas de fuego aumenta significativamente la letalidad de los ataques. Alrededor del 50% de los femicidios en el mundo involucra el uso de armas de fuego, a causa de que solamente 113 países en el mundo tienen normativa o sistemas que controlan el uso, tenencia y manipulación de armas, y en muchos países el acceso a la tenencia de armas es fácil o flexible, haciendo que la circulación de armas sea alta.
En Argentina, el 23% de los femicídios registrados en 2022 involucraron armas de fuego. De las 56 armas utilizadas en estos crímenes, al menos nueve tenían tenencia legal, incluidas ocho pertenecientes a las reglamentarias de la fuerzas de seguridad. Este dato revela fallas en el sistema judicial, donde no siempre se investiga si los acusados de violencia de género tienen acceso o son tenedores de armas ni se toman medidas preventivas adecuadas.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) recibió 3.241 oficios judiciales en 2022, de los cuales solo un 50% provenían de los ministerios de Seguridad provinciales, evidenciando el incumplimiento de las normas y la subejecución de las medidas y sanciones para los perpetradores de femicidios y violencia de género, especialmente cuando se utilizan armas de fuego.
La violencia de género también se manifiesta dentro de las policías y fuerzas de seguridad. De los 236 sujetos activos denunciados por femicidios en 2022, 18 eran personal policial. En varios casos, los efectivos utilizaron sus armas reglamentarias para cometer femicidios a sus parejas o exparejas, en sus hogares, lo que subraya la necesidad de revisar las normativas que permiten a estos agentes portar armas fuera del ámbito laboral. Se hace urgente la renovación del sistema de seguridad para mitigar y prevenir el delito y las violencias, incorporando la perspectiva de género en la actualización doctrinaria de las fuerzas.
La expansión global de la industria de la seguridad privada plantea preocupaciones significativas en relación con la violencia de género. En América Latina, se han reportado casos de violencia de género cometidos por personal de seguridad privada, pero la falta de regulación y supervisión efectiva ha llevado a un subregistro de estos incidentes.
En Argentina, el Registro Nacional de Femicídios muestra que entre 2021 y 2023 hubo un bajo porcentaje de femicídios cometidos por personal de seguridad privada, pero la falta de denuncias, la no desagregación de datos y la inexistencia de un marco regulatorio actualizado y adecuado dificultan demostrar la realidad de esta faceta del problema.
En un contexto donde la violencia de género continúa siendo un problema grave, agravado por el acceso a armas de fuego, es esencial renovar y ponderar las políticas e instituciones encargadas de abordar la problemática y dar soluciones concretas. Frente a las políticas neoliberales reaccionarias del gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza, que destruyen al Estado, que siembran los discursos de odio, subestiman la violencia de género y promueven la desregulación del acceso a armas, el peronismo tiene la responsabilidad de plantear una alternativa digna de su doctrina aplicada en el siglo XXI, capaz de ganar la confianza de la ciudadanía.
Debemos impulsar un Estado innovador con capacidad de actualización sistémica y ágil, que no solo resuelva las problemáticas complejas vigentes y responda a las demandas sociales actuales, sino que anticipe, mitigue y prevenga los desafíos futuros. Esto incluye la creación de nuevas instituciones dedicadas a la seguridad pública y ciudadana orientadas a prevenir el delito y la violencia y perseguir el crimen organizado, la integración de la perspectiva de género en todas las políticas públicas y con abordaje integral a la violencia de género y la actualización e innovación tecnológica y humana de los mecanismos de control de armas.
La renovación de las estructuras, normas y políticas debe ir de la mano con una agenda pública fusionada para el desarrollo inclusivo de la sociedad argentina, que no deje a nadie afuera.
Argentina tiene la oportunidad y la obligación de liderar esta transformación a nivel nacional e internacional, asegurando que la lucha contra la violencia de género sea una prioridad innegociable.