Un documento presentado a la cámara baja sostiene que ambas iniciativas reducen controles sobre tierras e inversiones y reclama rechazarlas en conjunto.
A tres días del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado y mientras avanza el debate por el denominado Súper-RIGI, decenas de organizaciones de la sociedad civil difundieron un documento técnico en el que sostienen que ambos proyectos que impulsa el gobierno de Javier Milei integran una misma estrategia legislativa.
Según afirman, las iniciativas modifican de manera complementaria el régimen sobre la propiedad de la tierra y las grandes inversiones, con efectos sobre la soberanía, el federalismo y el control estatal.
El documento, titulado "El Senado de remate", fue elaborado por organizaciones ambientales, de derechos humanos, académicas y sociales para ser presentado ante la Cámara alta. Allí sostienen que la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Súper-RIGI no deben analizarse por separado, ya que consideran que una elimina los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros y la otra otorga un marco de estabilidad regulatoria para esas inversiones durante 30 años.
El informe también señala que el paquete legislativo incluye otras iniciativas, como la reforma de la Ley de Sociedades y proyectos vinculados a la regulación del lobby y los datos personales, que -según los autores- completan un mismo esquema normativo.
Entre los principales planteos, las organizaciones sostienen que la modificación de la Ley de Tierras eliminaría el límite del 15% a la titularidad extranjera, las restricciones por nacionalidad y las prohibiciones para adquirir inmuebles que contengan o sean ribereños de lagos y ríos permanentes. También advierten que desaparecería el Registro Nacional de Tierras Rurales, encargado de relevar la titularidad de esos inmuebles.
En paralelo, afirman que la reforma de la Ley de Sociedades dificultaría identificar a los beneficiarios finales de las operaciones, mientras que el "Súper RIGI" consolidaría un régimen de estabilidad fiscal, aduanera y regulatoria por tres décadas para las inversiones que ingresen al sistema.
El documento enumera una serie de consecuencias que, según las organizaciones firmantes, podría generar la aprobación de ambas iniciativas. Entre ellas mencionan una menor capacidad regulatoria del Estado y las provincias sobre recursos estratégicos, la pérdida de herramientas de control sobre la extranjerización de tierras, una reducción de ingresos fiscales provinciales, impactos sobre el sistema previsional y la posibilidad de que controversias con inversores se resuelvan mediante arbitrajes internacionales.
El texto también sostiene que el oficialismo aún no reunió los votos necesarios para aprobar la iniciativa y recuerda que el tratamiento del proyecto ya fue postergado en varias oportunidades por falta de consenso en el Senado.
Como conclusión, las organizaciones instan a los senadores a rechazar tanto el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como el "Súper RIGI", al considerar que ambas iniciativas forman parte de un mismo paquete legislativo. El documento lleva la firma de más de un centenar de entidades, entre ellas la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), Jóvenes por el Clima, Géneras y el Transnational Institute (TNI).
