Con el respaldo de Río Grande, el intendente Tolhuin inició una demanda contra LeoLabs Argentina SRL. El caso, un dolor de cabeza para Gustavo Melella.
Daniel Harrington, Martín Pérez y ex combatientes de Malvinas presentaron la demanda por el radar en Tierra del Fuego.
Con el respaldo del gobierno de Martín Pérez en Río Grande y un grupo de excombatientes de Malvinas, la Municipalidad Tolhuin inició una demanda judicial para desarmar el radar de LeoLabs, instalado en el corazón de Tierra del Fuego desde comienzos de 2023.
“Esto no es una disputa política, es una decisión basada en la ley y en la protección de nuestro territorio”, expresó Daniel Harrington, intendente de Tolhuin, al anunciar una nueva acción contra la empresa de capitales estadounidenses y británicos.
La denuncia, sin embargo, deberá ser reconsiderada a pedido de la Justicia.
La demanda de Tolhuin, acompañada por Río Grande y veteranos de la Guerra de Malvinas, argumenta que LeoLabs Argentina SRL montó el radar sin la correspondiente autorización municipal y en violación a la ordenanza que regula el ordenamiento territorial de la ciudad.
“El radar comenzó a construirse sin permiso. Obras Particulares del Municipio tomó intervención e inspeccionó el lugar. Pese a nuestras advertencias de que no se podía avanzar hasta tener claridad legal, la obra continuó”, relató Harrington.
Tras labrarse una infracción en 2023, ahora se solicitó proceder a la ejecución fiscal de la firma Leolabs por adeudar el pago de una multa que asciende a 868 mil pesos más intereses, además del desarme de la estructura como medida accesoria ante el incumplimiento.
Sin embargo, la Justicia devolvió la demanda y pidió al municipio que adecúe la presentación con dos objetos procesales. Es decir, el cobro de la multa por un lado; y el desarme por el otro.
“La ejecución fiscal se agota con el cobro. En nuestro código procesal ese juicio, que es muy abreviado, ejecuta un título de deuda y se termina ahí. Las dos peticiones no parecen compatibles procesalmente, pero no es que no puedan pedirlo”, explicó José Pellegrino, titular del juzgado multifueros de Tolhuin, en diálogo con FM Master’s.
“Una obra realizada sin permiso tiene como posible consecuencia el desarme o la demolición, y esto no tiene que ver con la cuestión de las telecomunicaciones, es decir para qué es esa construcción, que puede ser para una casa de fin de semana o para un radar”, agregó.
A mediados de 2024, el Gobierno provincial solicitó el ‘retiro urgente’ de LeoLabs de Tierra del Fuego, tras hacerse pública la firma de un contrato entre esa empresa y el Ministerio de Defensa del Reino Unido, para el desarrollo de la primera constelación de satélites de inteligencia, vigilancia y reconocimiento del gobierno británico en órbita terrestre baja.
En aquel entonces, la gestión de Gustavo Melella resolvió avanzar con la acción de disolución y liquidación judicial de la sociedad “LEOLABS ARGENTINA S.R.L.”, a la vez que solicitó que la sociedad se abstenga de realizar actos tendientes a cumplir lo previsto por su objeto social; interviniendo el Área de Asuntos Judiciales de la Inspección General de Justicia.
Asimismo, el Ejecutivo provincial rechazó formalmente el recurso jerárquico interpuesto por la Empresa LEOLABS contra la resolución que dejaba sin efecto la autorización oportunamente concedida a la empresa por el Gobierno fueguino, atento a la falta de autorización del organismo competente para su funcionamiento, con lo cual el Ministerio de Producción y Ambiente procedió a una nueva intimación para el desarme del radar de forma definitiva.
Desde el Gobierno fueguino aseguraron que cuando LeoLabs se inscribió en la provincia y tuvo que definir cuál era su objeto social, es decir, para qué va a estar constituida, en ningún momento mencionó la prestación de servicios militares y muchísimo menos al Reino Unido de Gran Bretaña. Por eso otorgaron la habilitación.
La puesta en funcionamiento del radar, que sigue conectado), le trajo varios dolores de cabeza a la gestión provincial y la enfrentó con el gobierno de Alberto Fernández pese a que compartían alianza electoral y política. El entonces ministro de Defensa Jorge Taiana consideró que el hecho constituía una grave vulneración a la seguridad nacional.
Durante meses, la provincia y la Casa Rosada se echaron culpas mutuamente sobre la instalación del dispositivo y, pese a los intentos de despegarse del asunto, lo cierto es que este episodio perjudicó en gran medida al mandatario fueguino, que hasta fue denunciado en la Justicia.
Si bien tanto los municipios como la Provincia avanzaron con denuncias judiciales y expedientes administrativos, el radar de capitales británicos sigue en funcionamiento en la zona más austral de la Patagonia.