El gobernador juega dos cartas para sostener la enmienda, una causa en la Corte provincial y un recurso clave en la Cámara de Apelaciones. Quién es quién.
El futuro de la reforma constitucional impulsada por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quedó atado a dos definiciones judiciales. Mientras el gobierno busca revertir la caída de la convocatoria a elecciones de constituyentes, mantiene abierta una ofensiva en el Superior Tribunal de Justicia para sostener la vigencia del proceso reformista.
El gobernador fueguino no se dio por vencido pese al rechazo de todo el arco opositor y al revés sufrido en la Justicia Electoral. Actualmente, la estrategia oficial se desarrolla en dos frentes paralelos, ambos determinantes para que la iniciativa pueda prosperar. El primer expediente se tramita ante el Superior Tribunal de Justicia, donde el Ejecutivo impulsa un planteo de inconstitucionalidad contra la Ley 1626, norma que derogó la legislación que había declarado la necesidad de reformar la Constitución provincial.
El segundo frente está en la Cámara de Apelaciones, donde se analiza el recurso presentado contra el fallo de la jueza Electoral provincial Mariel Zanini. La magistrada declaró nulo el decreto que convocaba a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto.
Aunque se trata de procesos diferentes, para que finalmente pueda concretarse la elección de constituyentes deberán resolverse favorablemente ambas instancias. En el caso que tramita ante el máximo tribunal provincial, el Gobierno designó a Antonio César Petkos como fiscal de Estado subrogante para representar al Ejecutivo. La decisión se tomó luego de la excusación del Fiscal de Estado y de los letrados que integran ese organismo.
La máxima instancia judicial fueguina está integrada por cinco magistrados que tendrán en sus manos una de las definiciones centrales para el futuro de la reforma constitucional.
María del Carmen Battaini es la presidenta del Superior Tribunal, la integrante con mayor antigüedad y peso institucional dentro de la Corte provincial. Se incorporó en 2003 y cuenta con una extensa trayectoria judicial. Doctora en Derecho, desarrolló gran parte de su carrera en la Ciudad de Buenos Aires, donde llegó a desempeñarse como secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su pliego fue impulsado durante la gestión del exgobernador peronista Carlos Manfredotti a través de los mecanismos del Consejo de la Magistratura vigentes en aquel momento.
Carlos Gonzalo Sagastume llegó al Tribunal Superior en 2004 con un perfil vinculado a la gestión pública, la política y la abogacía. Antes de integrar el máximo tribunal fue Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia durante la gobernación del Movimiento Popular Fueguino que encabezó José Estabillo y posteriormente titular de la Fiscalía de Estado. Su desembarco en la Corte provincial estuvo respaldado por la influencia territorial que el partido conservaba en aquellos años, fuerza con la que mantuvo una estrecha relación durante la década de los noventa.
Javier Darío Muchnik se incorporó al Superior Tribunal en 2011 luego de desarrollar una extensa carrera dentro del Poder Judicial fueguino. Fue fiscal de Primera Instancia en Ushuaia y más tarde juez del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur. Su llegada al máximo tribunal se produjo en el tramo final del primer mandato de la exgobernadora Fabiana Ríos, con el respaldo de sectores vinculados a Unidad Popular-ARI y de buena parte de la magistratura local.
Ernesto “Nené” Löffler ingresó al Tribunal en 2021 tras la ampliación del cuerpo de tres a cinco integrantes, una reforma legislativa consensuada con la gestión de Melella. Hasta entonces se desempeñaba en la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Río Grande. Doctor en Derecho, docente universitario y autor de publicaciones jurídicas, también tuvo una etapa política en los años noventa. Su apellido mantiene un fuerte peso histórico en el norte de la provincia, ligado al Movimiento Popular Fueguino, espacio por el que ocupó una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
Edith Miriam Cristiano también se incorporó al máximo tribunal en 2021, en simultáneo con Löffler. Su llegada permitió concretar por primera vez la paridad de género dentro de la integración ampliada de la Corte provincial. Proveniente del fuero laboral de la zona norte de la provincia, su designación en el Consejo de la Magistratura contó con un fuerte impulso del Partido Justicialista fueguino, respaldado por intendentes y sectores gremiales.
Mientras el Superior Tribunal de Justicia analiza la cuestión de fondo vinculada a la vigencia del proceso reformista, la Cámara de Apelaciones deberá resolver la impugnación presentada contra el fallo de la jueza Zanini. La decisión recaerá sobre los integrantes de la Sala Civil del Distrito Judicial Sur.
La sala está presidida por Alejandro Sergio Manuel Fernández que se incorporó formalmente al cuerpo en 2015. Su trayectoria estuvo vinculada principalmente a la administración pública provincial. Antes de concursar para la magistratura se desempeñó en distintas dependencias del Poder Ejecutivo, construyendo un perfil técnico orientado al asesoramiento jurídico estatal.
Aníbal Gerardo Acosta juró como camarista en 2010 y es uno de los magistrados con mayor permanencia dentro de la estructura revisora del fuero civil de Ushuaia. Antes de ingresar al Poder Judicial desarrolló su carrera en el sector privado como abogado litigante, actividad que combinó con tareas de asesoramiento legal y trabajo académico.
Daniel Alejandro Sacks es el integrante más reciente. Asumió funciones plenas a comienzos de 2024, luego de prestar juramento a fines de 2023. Llegó al cargo tras una extensa trayectoria como abogado de matrícula en la provincia, interviniendo en causas de diversa complejidad tanto en el ámbito civil como penal.
La apuesta de Melella para avanzar con la reforma constitucional quedó, por ahora, en manos de ocho magistrados. Cinco jueces del Superior Tribunal deberán pronunciarse sobre la validez de la ley que frenó el proceso reformista, mientras que tres camaristas tendrán la responsabilidad de resolver si sigue en pie la convocatoria electoral anulada por la Justicia Electoral.
De sus decisiones dependerá si el proyecto que impulsa el gobernador logra recuperar impulso o queda definitivamente archivado. Para ello, no hay plazos estipulados.
