La empresa provincial recibió U$S2.000.000 del Estado fueguino. La síndica titular designada por la Legislatura denuncia que nunca pudo acceder a los balances.
Tierra del Fuego: millones sin control en Terra Ignis y el silencio como política de empresa
En Tierra del Fuego, la empresa estatal Terra Ignis fue pensada como una herramienta para impulsar la soberanía energética. Sin embargo, el foco ya no está en sus proyectos sino en su opacidad. Durante 2024 recibió más de U$S2.000.000 en fondos públicos, pero hoy ni la Legislatura ni la síndica que debe controlar su funcionamiento tienen acceso a un solo balance.
Esta historia en la Patagonia tiene nombre y apellido: Ana Constanza Carro, síndica titular designada por la Legislatura. Desde abril, viene pidiendo formalmente acceso a documentos clave: actas del directorio, informes contables y movimientos de fondos de Terra Ignis Petróleo & Gas Sociedad Anónima Unipersonal. La compañía fue creada en 2022 con un capital social original de 300 millones de pesos, de los cuales el 90% corresponde a la provincia y el 10% restante a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).
“Desde el primer día me negaron el acceso. Presenté pedidos por escrito, incluso cartas documento. Nunca me respondieron”, explicó Carro. Lejos de solucionar el problema, el presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, la notificó de su presunta remoción por parte de la asamblea de la empresa. Carro fue contundente: “Esa decisión es inválida. Mi cargo depende de una resolución de la Legislatura, no de una asamblea interna”.
El conflicto escaló rápido. La Legislatura ya aprobó tres resoluciones reclamando que se le entregue la información a la síndica. Ninguna fue acatada. “No se puede gestionar una empresa pública como si fuera una caja privada. Estamos hablando de recursos del Estado, que tienen que estar auditados”, sostuvo Carro.
Ahora el caso está en manos de la Fiscalía de Estado, que abrió una investigación por posible incumplimiento de deberes. En paralelo, Terra Ignis sigue recibiendo plata. En marzo de este año, el Ejecutivo provincial le transfirió otros $125 millones para cubrir sueldos, mientras la obra social OSEF enfrentaba un desfinanciamiento crítico. La comparación es inevitable: una empresa que no blanquea su rendición de cuentas sigue cobrando millones, mientras sectores sensibles como la salud pública se ahogan.
Por ahora, la empresa no responde ni informa. La Legislatura no termina de tomar una decisión fuerte y el gobierno que comanda Gustavo Melella mantiene el financiamiento. La única que parece decidida a seguir es Carro. “Voy a insistir hasta que se respete la legalidad. Porque si dejamos pasar esto, estamos avalando que lo público se administre en la sombra y eso no lo pienso permitir”, asegura.
En Terra Ignis parece haber más que un problema de papeles. Los cuestionamientos apuntan a una lógica de administración pública donde la opacidad se normaliza y donde pedir explicaciones parece molestar. Si una funcionaria nombrada por ley tiene que mandar cartas documento para acceder a información básica, la pregunta no es qué pasa con ella. La pregunta es qué modelo de Estado propicia la empresa a cargo de D'Alessio.