“Los primeros que ponen el grito en el cielo son los intendentes”. Todavía no había iniciado el año electoral cuando el cristinismo le pedía a Alberto Fernández que definiera el otorgamiento por decreto de una suma fija que ayudara a paliar el golpe de la inflación en los bolsillos. La Casa Rosada no avanzaba y, en sus conversaciones, el Presidente chocaba invariablemente con dos paredes que se oponían a la decisión, la CGT y los municipios, que pagan los salarios más bajos del mercado laboral.
Pero el panorama cambió de manera drástica después de las primarias del 13 de agosto. En su primera aparición pública tras los comicios, Sergio Massa anunció que trabaja en un plan para “estabilizar los precios y para amortiguar el daño que provocó en el bolsillo de la población la devaluación”. El ministro adelantó en TN que habrá una suma fija “dentro del marco de las paritarias”, refuerzos en las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AHU) y medidas para los jubilados.
Los intendentes volverán a poner el grito en el cielo, pero esta vez no habrá contemplaciones. “Que saquen la plata que tienen en plazos fijos”, apuntan en el búnker de campaña de Unión por la Patria (UP), donde tienen conocimiento pleno de las cuentas municipales, en particular de la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo perdió 20 puntos respecto de las elecciones de 2019. Ya en marzo de este año, hubo fuego cruzado entre la ministra de Trabajo nacional, Kelly Olmos, y su par bonaerense, Walter Correa. "El sector salarial más retrasado el de los municipales de la provincia de Buenos Aires”, dijo la funcionaria nacional. "La ministra no está informada", le respondió Correa.
El principal diagnóstico del oficialismo es que los votos que quedaron en el camino se perdieron al compás del deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora, que cambió el peronismo por Javier Milei. No solo la boleta nacional se desinfló. El gobernador Axel Kicillof y los intendentes también dejaron un porcentaje en el camino. En La Matanza, bastión del peronismo, fueron 135 mil votos. En Merlo, 59 mil, sobre una población total de 580 mil. “Suponemos que todos comprenden la gravedad de la situación y del riesgo de tener que gobernar en el futuro sin gobernador propio o con Milei de presidente”, apuntan en UP.
Lo mismo cabe para los gobernadores, que vieron con espanto el domingo por la noche cómo el mapa del país se teñía de violeta libertario. La boleta de Massa ganó solamente en cinco provincias, Buenos Aires, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
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La CGT fue otra resistencia a vencer. La mayoría de los sindicatos se negó durante meses al avance de la suma fija que, entienden, achata la pirámide salarial y les quita la principal herramienta de negociación, las paritarias. Tanto a Massa como a Fernández les pasó en la decisión su relación con la CGT que encabeza Héctor Daer. En la vereda opuesta se pararon siempre la CTA, de Hugo Yasky, y el camionero Pablo Moyano, que finalmente inclinaron la balanza.
La situación electoral hizo decantar la situación por su propio peso. Los números del domingo y la devaluación del lunes empujaron la decisión de Massa que sabe que, sin recomposición salarial, no tiene chances de soñar con el ballotage.
Según pudo saber Letra P, el Ministerio de Economía trabaja por estas horas en los detalles de la implementación de la medida, que tiene como principal riesgo el incumplimiento por parte del sector privado, en particular las pequeñas y medianas empresas. Massa estudia la posibilidad de hacer una diferenciación entre grandes empresas y pymes, además del otorgamiento de beneficios fiscales que garanticen el acatamiento. Todo se resolverá la semana que viene, al regreso del viaje del ministro a Estados Unidos, donde terminará de cerrar la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
