La Legislatura porteña se encamina a aprobar el traspaso para crear la Justicia laboral metropolitana y abre la negociación sobre el perfil del nuevo fuero.
La Legislatura porteña tratará mañana el convenio de tras paso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y se abre la discusión sobre su composición.
La Legislatura porteña se encamina a ratificar este jueves el convenio de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad. Después de esa votación se abre una ventana de 180 días para ordenar recursos, jueces y funcionamiento de un fuero que está a tiro de designar a sus primeros jueces y camaristas.
El reloj de arena está a punto de darse vuelta con el tratamiento del convenio, que el oficialismo aceleró frente a la amenaza latente de amparos y cautelares. A partir de la ratificación del acuerdo bilateral ya estarán las condiciones de designar a los primeros magistrados y se abrirá una discusión menos visible pero más compleja sobre cómo el acuerdo se traduce en la construcción política y administrativa de la Justicia local.
Sobre la mesa aparecen el traspaso de los recursos nacionales, la intención del PRO de constituir un fuero con hasta 80 juzgados, un nuevo Código Procesal y un servicio propio de conciliación. Por encima de todo eso sobrevuela una incógnita: qué pasará con los jueces que hoy integran la Justicia Nacional del Trabajo.
El menú de opciones sobre el futuro de los magistrados nacionales todavía está abierto. Si bien ya se barajan posibilidades, al día de hoy no hay nada cerrado.
Una alternativa que en el Consejo de la Magistratura consideran remota es que los jueces nacionales que quieran continuar en funciones puedan pedir su traslado a la Ciudad. Otra supone que deban presentarse a concurso para acceder a alguno de los cargos de la nueva estructura porteña.
Ese segundo camino tampoco despeja la discusión. Los años de ejercicio de la magistratura y, particularmente, la experiencia dentro del fuero laboral podrían otorgarles un puntaje específico en un concurso y dejarles una ventaja considerable frente a otros postulantes.
La posibilidad de que los jueces nacionales pasen a la Ciudad arrastra una paradoja difícil de esquivar. Tanto el PRO como La Libertad Avanza recogieron las críticas empresarias a la denominada industria del juicio como uno de los argumentos, junto con el reclamo de mayor autonomía porteña, para modificar el funcionamiento de la Justicia laboral.
El desembarco masivo de sus actuales magistrados en la Ciudad dejaría la reforma con una foto demasiado parecida a la que sus impulsores quieren cambiar.
El pase voluntario, el concurso o alguna fórmula intermedia deberán encontrar respuesta durante los próximos meses. Detrás de esa definición se juega cuánto del actual fuero laboral sobrevivirá dentro de la nueva estructura.
Mientras tanto, la Ciudad avanzó por su propio carril. El Consejo de la Magistratura porteño seleccionó una primera camada de jueces, camaristas y funcionarios con perfiles y procedencias políticas, sindicales, judiciales y empresarias variadas, cuyo origen ya contó este medio.
La ausencia de impugnaciones en la Legislatura a los pliegos de los futuros magistrados pinta un escenario de acuerdos profundos en el establishment político de la Ciudad.
La discusión sobre los jueces tiene un segundo filo que puede terminar siendo igual o más determinante que los nombres. En el paquete de proyectos que envió Jorge Macri, uno de los ejes centrales es que el nuevo Código Procesal laboral funcione como el cerco dentro del cual deberán moverse los magistrados.
El Ejecutivo ya presentó su propuesta para modificar el Código Procesal para la Justicia del Trabajo de la Ciudad y La Libertad Avanza tiene la propia. La letra definitiva es otro de los grandes temas que va a moldear el fuero.
Tanto en el oficialismo como entre los libertarios está extendida la convicción de que por esa vía se pueden ajustar los supuestos márgenes de discrecionalidad que hoy le cuestionan al fuero nacional. Si los nombres no alcanzan para garantizar un cambio de época, el instrumento será la norma: un procedimiento más acotado que marque la cancha para quienes terminen integrando la nueva Justicia.
La apuesta incluye darle mayor peso a la oralidad y reducir los tiempos procesales. Un juez nacional que eventualmente termine recalando en la Ciudad podrá conservar su experiencia, sus antecedentes y su criterio jurídico, pero deberá operar dentro de un Código más restrictivo y pensado para un funcionamiento diferente al sistema nacional.
La otra parte de la discusión ya tiene algo más que un boceto. En junio, Jorge Macri envió a la Legislatura un paquete que proyecta una Justicia laboral de hasta 80 juzgados de primera instancia y diez salas de Cámara, con 30 camaristas.
El diseño supone además una reducción considerable de la estructura administrativa. Frente a los aproximadamente 1.900 empleados que actualmente tiene la Justicia Nacional del Trabajo, la Ciudad proyecta una dotación de 1.235 trabajadores para poner en funcionamiento el nuevo fuero, que funcionará en Alsina al 800.
La apuesta es compensar esa diferencia con otra lógica de gestión. El modelo abandona la idea de reproducir una estructura administrativa completa en cada juzgado y avanza hacia una oficina de gestión judicial centralizada, destinada a prestar servicios al conjunto de los tribunales y las cámaras. La experiencia de la provincia de Córdoba aparece entre las referencias de quienes trabajan en el esquema.
El diseño se completa con la creación de un servicio de conciliación laboral previa y obligatoria porteño. La Ciudad tendrá así su propio sistema para intentar resolver los conflictos antes de la instancia judicial, separado del SECLO que actualmente funciona bajo la órbita de la autoridad laboral nacional.
En ese organigrama hay un número que llama la atención. Frente a los 80 juzgados y las diez salas proyectadas, la modificación de la Ley 1903 contempla una única Asesoría Tutelar para la primera instancia laboral y otra ante la Cámara. La proporción contrasta con otros fueros porteños: el Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo cuenta actualmente con cuatro asesorías de primera instancia y dos ante Cámara.
El nuevo fuero empieza así a tomar forma por distintas ventanillas. El Ejecutivo diseñó su tamaño y sus reglas, el Consejo de la Magistratura puso en marcha la selección de sus primeros integrantes y Nación y Ciudad deberán sentarse, después de la ratificación, a resolver los recursos y los mecanismos concretos de la transferencia.
La celeridad por terminar de aprobar el convenio también tiene una explicación judicial. La cautelar impulsada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional mantiene suspendida la aplicación de las leyes porteñas que dieron forma inicial al fuero laboral mientras continúa la discusión de fondo en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
Ese escenario empujó a la Ciudad a completar cuanto antes el recorrido institucional del traspaso. La ratificación de la Legislatura permitirá avanzar hacia una segunda etapa: la negociación del convenio específico que deberá precisar los recursos, los montos y las condiciones materiales de la transferencia y poner en marcha el reloj de 180 días previsto para instrumentar el nuevo fuero.
La aprobación también despejará otro casillero que la Ciudad tiene preparado desde hace meses. Una vez completado el recorrido del convenio, el Consejo de la Magistratura porteño podrá avanzar con la designación de la primera camada de jueces, camaristas y funcionarios ya seleccionados para integrar la Justicia laboral.
La causa judicial, de todos modos, seguirá abierta. En el expediente iniciado por la Asociación de Magistrados se denunció recientemente un incumplimiento y el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3 corrió traslado de esa presentación al Gobierno porteño y al Consejo de la Magistratura.
