EL NUEVO GOBIERNO | CÓRDOBA

Seguridad, la pesada herencia que copó el minuto cero de Martín Llaryora

Con un viejo opositor como aliado, busca cambiar el paradigma en la lucha contra el delito. Golpes en la mesa y el primer lavado de cara del nuevo cordobesismo.

Mientras empieza a acomodar el cuerpo para que los anuncios del ministro de Economía, Toto Caputo, no impacten de lleno en el comienzo de su gestión en Córdoba, Martín Llaryora elige perfilar su gestión a partir de la implementación de cambios rotundos en uno de los temas más endebles de la administración de Juan Schiaretti: la Seguridad. En tres días de gestión, el nuevo jefe del cordobesismo, ahora Partido Cordobés, pateó el tablero y, más allá del envío de un nuevo plan a la Legislatura, removió la cúpula del Servicio Penitenciario provincial y dispuso cambios en la conducción de la policía.

Su primer raid de movimientos como gobernador tuvieron un foco específico, mientras que las noticias que llegan desde Santa Fe, espejo provincial de la administración y la sociedad mediterránea, obligan a poner el acento en esa batalla. De hecho, Llaryora repudió públicamente las amenazas contra Maximiliano Pullaro y, mientras pidió que la Justicia actúe con celeridad, aseguró: “Estos hostigamientos no deben amedrentar la lucha contra el narcotráfico en nuestra Patria”.

Toda la actividad del sanfrancisqueño que asumió el fin de semana se concentra en ese tema que en su entorno aseguran que encabeza su listado de preocupaciones. Así quedó demostrado con sus viajes a Río Cuarto, Marcos Juárez y San Francisco, en los que los anuncios en la materia de Seguridad y Justicia ocuparon el centro de la escena.

De hecho, el propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, ya avisó que, más allá de lo que suceda con la discusión de la nueva ley en la Legislatura, Córdoba avanzará con el pedido de una reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y representantes del Poder Judicial de la Nación para avanzar en la coordinación y articulación del trabajo entre el Estado nacional, el provincial y las diferentes órbitas municipales.

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Al hueso

A la par de los anuncios en torno al proyecto de ley para fortalecer la lucha contra el delito en la provincia, el gobierno cordobés ordenó la intervención del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Llaryora nombró al ex fiscal federal y fiscal general provincial Gustavo Vidal Lascano a cargo la “normalización” del SPC, nombrándolo al frente de la Secretaría de Organización y Gestión Penitenciaria.

Casi en simultáneo al anuncio, se produjeron las detenciones de las principales autoridades del organismo, acusadas por presunta asociación ilícita en una megacausa por corrupción en las cárceles de la provincia. Juan María Bouvier, Víctor Hugo Vivas y Silvia Barbero fueron detenidos por una orden del fiscal Enrique Gavier, un hombre con apellido ilustre en la sagrada familia del Poder Judicial mediterráneo, cuyas intervenciones suelen generar impactos importantes en la discusión política cordobesa.

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Políticamente se trata de un golpe fuerte sobre la mesa. Bouvier estaba en el cargo desde 2008, cuando volvió de su retiro para hacerse cargo del SPC luego del sangriento motín en la excárcel de San Martín. Todoterreno y de bajo perfil, el exjefe logró sortear las críticas tras destaparse escándalos que mostraban a jerarcas penitenciarios cobrando coimas a familiares de reclusos de las distintas cárceles cordobesas para “ablandar” expedientes.

Durante 15 años, la figura de "Jonnhy" Bouvier logró “zafar”. Pasaron las tres gestiones de Schiaretti, e incluso la última de José Manuel de la Sota. Sin embargo, el “nuevo tiempo” que propone la gestión de Llaryora y el esfuerzo concreto para que esas señales de cambio se noten en materia de Justicia y Seguridad podrían empezar a jugarle en contra a un hombre que, hasta no hace mucho tiempo, parecía intocable. Precisamente en esa situación, a esta altura histórica, es a donde apuntan las críticas opositoras que advierten que lo que sucedía al interior del SPC no podría haber pasado sin el conocimiento de las esferas políticas más encumbradas del gobierno provincial.

Nuevas caras, viejos problemas

Es posible que cuando Llaryora confirmó a Quinteros como su ministro de Seguridad los cambios estructurales hayan formado parte del pliego de condiciones del exlegislador juecista, que siempre fue un férreo opositor y, entre los temas más destacados de su agenda, tuvo a las políticas de seguridad.

Este miércoles se tomó una foto con la cúpula policial que asumirá el viernes reemplazando a la actual conducción. Esa cúpula había llegado como un último intento de Schiaretti para limpiar la imagen de una fuerza que había quedado en jaque luego del asesinato de Blas Correas, que destapó la olla de los casos de violencia institucional en Córdoba.

El comisario general Leonardo Gutiérrez reemplazará a Liliana Zárate Belletti en la Jefatura; mientras que el comisario general Alejandro Mercado ocupará el lugar de Ariel Lecler y será el subjefe.

Juan Pablo Quinteros nueva cúpula de la Policía de Córdoba.jpg

Los cuestionamientos a la política de Seguridad de Córdoba se mantuvieron a lo largo de la gestión Schiaretti y se convirtió en uno de los temas centrales en los que tanto la oposición como el llaryorismo coincidieron durante la campaña. Esa situación incluso se llevó puesto al otrora ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, que fue removido de su cargo en el cambio estructural más grande en la historia de los gabinetes cordobesistas y hoy enfrenta un proceso judicial por violencia de género contra una mujer policía que lo tiene temporalmente suspendido de la Legislatura.

Martín Llaryora junto al ministro de Justicia, Julian López, y al de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
La ley integral de seguridad será la primera acción legislativa de Martín Llaryora. 

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