El hombre fuerte del máximo tribunal monopolizaba áreas decisivas para el funcionamiento de la Justicia hasta este jueves. El nuevo esquema que asoma.
Este jueves 30 de abril no fue una fecha más en los pasillos de los tribunales de Santa Fe. Se fue Eduardo Bordas, el histórico secretario de Gobierno de la Corte Suprema. Con su salida se cierra un ciclo de más de tres décadas en el que una sola firma concentró el pulso administrativo, político y operativo del Poder Judicial.
El interrogante que se abre no es menor: quién —o quiénes— se quedarán con las cuatro llaves que hasta ahora Bordas manejaba en soledad. No habrá, al menos en lo inmediato, un reemplazo con el mismo volumen de poder. La Corte ya empezó a esbozar un esquema distinto: menos concentración, más reparto.
La idea que sobrevuela entre algunos ministros es clara, aunque todavía no esté formalizada en acordadas: descentralizar. Traducido, implica dividir el poder que Bordas acumulaba en cuatro grandes áreas sensibles que definen el funcionamiento cotidiano de la Justicia.
La primera llave es la administración económica: presupuesto, licitaciones, compras y ejecución de recursos. La segunda, el manejo del personal, un área clave en una estructura con miles de empleados donde cada designación tiene impacto político. La tercera, la cuestión informática, cada vez más estratégica en tiempos de digitalización judicial. Y la cuarta, el frente edilicio: mantenimiento, obra pública y proyección de nuevos edificios, con dos focos centrales en la agenda próxima, Casilda y la ciudad de Santa Fe.
Ese tablero, que hasta hoy respondía a una lógica vertical, empieza a fragmentarse. “Distribuir trabajo y responsables” es la consigna que se repite, aunque todavía sin nombres ni organigrama cerrado. La transición, además, será prácticamente inexistente: Bordas se fue este jueves y, si se presta, podría quedar algún asesoramiento puntual. El dato es otro: buena parte de la información crítica estaba concentrada en su figura.
Puertas adentro del máximo tribunal tampoco hay apuro por cerrar definiciones estructurales. La mayoría coincide en que las decisiones de fondo deben esperar a noviembre, cuando se complete el recambio en la Corte. “No queremos que ministros que no van a estar tomen resoluciones tan importantes”, sintetizan. Mientras tanto, el funcionamiento será más bien de contingencia, con repartos provisorios y ajustes sobre la marcha.
El cambio no es solo administrativo. También es político. La salida de Bordas implica un corrimiento del esquema que durante años orbitó alrededor de la vieja guardia cortesana. En ese diseño, varios ministros -como el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rubén Weder- se movían “detrás” del secretario, que ejecutaba, ordenaba y, en muchos casos, definía. Sin esa figura, ese poder se diluye. El impacto es particularmente sensible en el sector que tenía en Bordas a su principal operador: sin su ejecutor, la capacidad de incidencia se achica.
Al mismo tiempo, la Corte busca retener el control del gobierno judicial en un contexto donde la nueva Constitución refuerza su autonomía interna. Hoy, las designaciones y nombramientos dependen exclusivamente del Poder Judicial, sin intervención del Ejecutivo. Esa potestad es leída como un activo que no están dispuestos a ceder, incluso en medio del rediseño interno.
La salida del histórico secretario también deja interrogantes sobre procesos en marcha. Bordas venía articulando reuniones clave con el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública, en particular por la inminente inauguración del nuevo edificio judicial en Santa Fe. Esas gestiones deberán reprogramarse, en un escenario hipersensible. El edificio, que en los papeles de la licitación se llama Centro de Justicia Penal, depende de la Corte, que ahora avisa que podría dejar a esos organismos, que ya no dependen del Poder Judicial, sin oficinas.
El día después de Bordas no tendrá un heredero directo. Tendrá, en cambio, un mapa en construcción. Cuatro llaves que ya no estarán en un solo bolsillo y una Corte que empieza a ensayar otra forma de gobernarse.
