Los legisladores nacionales santafesinos se abrazaron al círculo rojo de la provincia este viernes en Protegiendo Santa Fe, el ciclo de encuentros de trabajo entre la política y el sector privado. En su quinta edición, el espacio organizado por el Foro Regional Rosario -think tank de los capitanes de la economía santafesina- estuvo dominado, otra vez, por la seguridad como tópico principal. Energía y obra pública, otros temas de la reunión. En todos, el mismo villano: el estado nacional, que “discrimina” a Santa Fe.
La reunión contó con presencia variopinta de diputados y senadores nacionales por Santa Fe, la mayoría involucrados en el proceso electoral que se avecina. Dionisio Scarpín, Gabriel Chumpitaz y Juan MartÍn Musacchio, como representantes de Juntos por el Cambio, estuvieron acompañados por Enrique EstÉvez -candidato a intendente de Rosario- y el exministro Gonzalo Saglione por el socialismo, y hasta el peronismo dio el presente con Roberto Mirabella, mano derecha y alter ego del gobernador Omar Perotti.
Si el villano es el estado nacional, la pelea es por los recursos. “Hay un destrato a Santa Fe”, sintetizó Musacchio. Mirabella le puso números: “Aportamos el 13% de los tributos nacionales pero recibimos menos del 5%”. La crisis del transporte es un ejemplo, ya que “hay una gran cantidad de recursos que van para compensar el precio del boleto en Buenos Aires en perjuicio del resto del país: acá una persona paga $120 y allá el mínimo cuesta $23”. En seguridad también hubo palos: “Somos los últimos en gasto por habitante del Ministerio de Seguridad, Capital Federal recibe 22 veces más”.
En la reunión hubo tiempo para que los miembros de ProSa hicieran un balance de su primera victoria: la ley de fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe. Ya promulgada y en manos del Consejo de la Magistratura, la iniciativa nacida del ciclo de encuentros “no es una solución de corto plazo y no va a resolver los problemas de los rosarinos y los santafesinos en este tiempo, pero es un aporte que nos comprometimos a hacer”, como valoró Musacchio.
Envalentonados por ese triunfo, tanto los legisladores como los representantes del sector privado ocuparon la mayoría del tiempo en dos cuestiones relativas a la crisis de (in)seguridad que atraviesa Rosario. En primer lugar, acordaron insistir en una interpelación al ministro de justicia Martín Soria, de quien depende el Servicio Penitenciario. “Seguimos teniendo muchos problemas desde las cárceles federales por la operación que hacen en el territorio rosarino”, explicó Mirabella.
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Por otro lado, se buscaron maneras para apurar la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal santafesina, a partir del Código Procesal Penal de la Nación ya aprobado y nunca puesto en vigencia en la provincia. Para eso, los legisladores anunciaron que insistirán en un proyecto que pone como plazo final el año 2026 para implementar el nuevo sistema en todo el país. El tema armas de fuego también tuvo protagonismo: acordaron exigir a Nación que delegue la facultad de destruirlas a la Provincia, según Mirabella, para no tener que esperar a ANMAC “que tarda tres años”.
Pero la calamitosa situación rosarina en relación a la narcocriminalidad no copó toda la agenda. Hubo tiempo también para hablar sobre la subejecución presupuestaria nacional en materia de obra pública -”en 2022 fue del 68%, este año será menor”-, y las consecuencias que generan la alta inflación. Además, energía tuvo su capítulo: se trató la problemática que aqueja a ciertos sectores de la provincia, especialmente el norte por ser final de línea, “donde muchas veces no hay ni la potencia ni la energía necesaria para generar valor”, explicaron.
