La diputada opositora recibió una dura respuesta del organismo a su pedido de inconstitucionalidad de la enmienda del sistema jubilatorio.
La Fiscalía de Estado de Santa Fe respondió duramente la acción judicial que presentó la diputada opositora Amalia Granata contra la reforma previsional aprobada el 12 de septiembre pasado. El organismo que conduce Domingo Rondina acusa a la legisladora de intentar ganar en los tribunales la batalla que perdió en el recinto.
Para intentar suspender los efectos de la ley ya vigente, proyecto medular de la gestión de Maximiliano Pullaro, el bloque Somos Vida presentó una declaración de inconstitucionalidad. En los argumentos, la bancada de Granata no apuntó al fondo de la reforma, sino al proceso interno legislativo y a cómo fue la votación, que se apuró cuando los incidentes en la puerta del parlamento local se recrudecían. Ese es uno de los puntos principales de la respuesta de la Fiscalía de Estado. “Un posible mal uso del Reglamento interno, circunstancia alegada por los actores, no habilita a obtener judicialmente resultados de raigambre político que no pudieron lograr”, advierten.
Incluso, los representantes del Ejecutivo agregan que el reglamento le daba al bloque Somos Vida herramientas para detener la votación -como, por ejemplo, retirarse del recinto y no dar cuórum parlamentario- que no fueron utilizadas. “El control de constitucionalidad (que puede hacer el Poder Judicial) se limita al contenido de la ley, no al procedimiento que llevó a su aprobación", subrayan.
En las conclusiones, además, sostienen que Granata busca reeditar en los tribunales una batalla que perdió en la Legislatura y que, de hacer lugar, la jueza Civil y Comercial Nº 10, Romina Kilgelmann, rompería el equilibrio de frenos y contrapesos que le exige al Poder Judicial analizar “con prudencia extrema” el control del trámite parlamentario, para evitar “el gobierno de los jueces”.
El detalle de quién es la jueza tampoco pasa desapercibido para el Ejecutivo provincial. Kilgelmann había concursado para camarista civil y su pliego era uno de los 42 que envió a la Legislatura el exgobernador Omar Perotti en agosto del año pasado, tras el triunfo de Pullaro en las PASO. Fue una de las últimas batallas entre el rafaelino y el radical. Finalmente, el tratamiento de ese listado no avanzó y los nombramientos no se hicieron.
La presentación de Granata fue la que generó mayor exposición pública por el rol que está desplegando la legisladora como principal figura opositora al gobierno de Pullaro. Sin embargo, no es la única demanda. En total ya son tres los frentes judicialmente abiertos. La Fiscalía de Estado respondió también este martes una cautelar, con un reclamo parecido al de Granata, del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Carlos (Sitram) que deberá resolver Iván Di Chiazza, juez de 1ª Instancia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe. Además, en las últimas horas, el gremio que nuclea a docentes de escuelas públicas, Amsafé, el más combativo del sector, presentó la suya. En el escrito, argumentan que la norma representa un ajuste al bolsillo de los trabajadores.
Al mismo tiempo, se espera que empiecen a caer presentaciones de parte de exjueces provinciales, ya que el Colegio de Magistrados puso en marcha reuniones con estudios jurídicos especializados en derecho constitucional de Rosario para ordenar los criterios de las quejas de quienes se jubilaron en el ámbito judicial.