La Ley Ema, impulsada por la diputada provincial Celia Arena, fija protocolos, suma contenidos y contempla el impacto de la inteligencia artificial.
Santa Fe se convirtió en la primera provincia del país en sancionar una ley específica para prevenir y abordar la violencia digital en las escuelas. La norma, impulsada por la diputada provincial Celia Arena, regirá en todos los establecimientos públicos y privados.
“La provincia de Santa Fe fue una de las pioneras en contar con leyes de prevención y atención en violencia familiar y de género. Hoy, tres décadas después, en un mundo que ha cambiado y donde la dinámica de las violencias sigue evolucionando, continuamos ese rumbo”, sostuvo la referente legislativa del peronismo tras la aprobación.
La nueva norma obliga a las escuelas santafesinas a contar con herramientas para prevenir, detectar y abordar situaciones de violencia digital. El sistema alcanzará a estudiantes, docentes, equipos directivos, personal no docente y familias de todos los niveles y modalidades.
La ley toma su nombre de Ema, una adolescente víctima de violencia digital. Para Arena, la denominación expresa “el compromiso de transformar el dolor en acción política” y convertir el recorrido de su familia en una política pública de prevención y acompañamiento.
El Ministerio de Educación será la autoridad de aplicación y deberá coordinar acciones con la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, la Secretaría de Niñez y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El ámbito para la coordinación de las distintas instituciones y espacios estatales se denominará “Sistema Provincial para la Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en el Ámbito Educativo”.
Entre las conductas alcanzadas aparecen la difusión no consentida de imágenes íntimas, el ciberacoso, la extorsión, el hostigamiento, el control o espionaje virtual, la suplantación de identidad y la publicación de datos personales sin autorización.
La legislación también incluye los discursos de odio, la misoginia y la discriminación en entornos virtuales, además de cualquier acción realizada o agravada mediante tecnologías digitales que provoque daños psicológicos, sexuales, económicos o morales.
Uno de los puntos centrales de la Ley Ema es la creación de protocolos para las instituciones educativas. Los procedimientos deberán garantizar rapidez, confidencialidad, protección de las víctimas y preservación inicial de las pruebas digitales.
El resguardo de la evidencia apunta a evitar que mensajes, fotografías, videos o perfiles sean eliminados antes de una intervención administrativa o judicial. La norma también busca impedir la revictimización de quienes atraviesen esas situaciones.
Las personas afectadas tendrán acceso a acompañamiento psicológico, pedagógico y legal. A su vez, el sistema educativo deberá incorporar contenidos vinculados con ciudadanía digital, privacidad, consentimiento y Educación Sexual Integral en entornos virtuales.
El texto contempla además los cambios introducidos por la inteligencia artificial generativa. La ley también abarca la creación o manipulación de imágenes, audios y videos utilizados para acosar, intimidar, extorsionar o vulnerar la intimidad de integrantes de la comunidad educativa.
El proyecto fue presentado en Diputados por Arena, presidenta del bloque Hacemos Santa Fe y dirigente del peronismo referenciada en el exgobernador Omar Perotti. En el Senado tuvo continuidad a partir del trabajo de Ciro Seisas, representante de Rosario por Unidos.
La articulación entre sectores ubicados en veredas políticas diferentes permitió que la iniciativa completara su recorrido legislativo y obtuviera la sanción definitiva.
La iniciativa, además, tomó como marco un proyecto presentado en el Congreso por la diputada nacional Mónica Macha, elaborado junto con Laura Sánchez, madre de Ema, activistas y organizaciones especializadas.
En el proceso también participaron Faro Digital, el Colectivo Ley Olimpia y Defensoras Digitales, espacios que trabajaron en la elaboración de la Guía Ema como herramienta orientativa frente a casos de violencia digital.
Con la aprobación, Santa Fe marca un antecedente para una regulación todavía poco desarrollada en las legislaciones educativas provinciales. El desafío quedará ahora en manos del gobierno de Maximiliano Pullaro, que deberá reglamentar la norma, elaborar los protocolos y trasladar las nuevas herramientas a las aulas.
