Impugnó la exclusión de Aubasa de la compulsa por las rutas y cuestionó los criterios técnicos de Vialidad. Citó al padre de las privatizaciones de los 90.
Axel Kicillof vs. Javier Milei por la licitación de las rutas
En línea con la postura que había anticipado, la administración de Axel Kicillof resolvió ir a fondo contra la decisión del gobierno de Javier Milei que le impide a la estatal bonaerense Aubasa seguir en carrera en la compulsa por la privatización del corredor vial de la autopista Riccheri.
Con una serie de argumentos legales y técnicos -que incluyen hasta una cita del padre de las privatizaciones menemistas, Roberto Dromi- y la acreditación de una garantía de $350 millones, la conducción de Aubasa impugnó formalmente el dictamen de precalificación de Vialidad Nacional que la dejó fuera de competencia frente a las constructoras privadas que buscan quedarse con la concesión del tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur.
Junto con el pedido de revocación de la medida que la descalificó de la pugna licitatoria, la conducción de Aubasa, encabezada por José Arteaga, denunció que la gestión libertaria habilitó la participación de varias empresas privadas cuyas ofertas registran “incumplimientos objetivos, documentados y esenciales de los requisitos previstos en los pliegos”.
Tras analizar los sobres de antecedentes presentados a fines de febrero, la comisión evaluadora de los tramos Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa dejó fuera del proceso licitatorio a la concesionaria vial bonaerense y a otras seis empresas privadas, entre ellas SACDE, la constructora controlada por Marcelo Mindlin.
Más allá de que la razón esgrimida por la administración mileísta para excluir a Aubasa fue su “falta de antecedentes como constructora directa de obras viales”, en La Plata sostienen que el trasfondo es político: evitar que la gestión de Kicillof se quede con el control de uno de los principales accesos metropolitanos.
La presentación de Aubasa señaló que “la empresa cumple con todos y cada uno de los requisitos formales, técnicos y económico-financieros exigidos por la documentación licitatoria”, por lo que la exclusión “configura un acto arbitrario, infundado y lesivo tanto de los derechos de esta parte como del principio de concurrencia que debe regir todo procedimiento de contratación pública”.
Tras resaltar que “la solvencia técnica y económica resulta incontrovertible a la luz de más de una década de operación efectiva de los principales corredores viales bonaerenses”, la empresa indicó que su experiencia en la ejecución de obras fue debidamente certificada por la Dirección Provincial de Vialidad (DPVBA).
Entre los argumentos centrales, la gestión bonaerense apeló a una definición de Dromi: “El concesionario de obra pública con peaje no es un contratista de obras sino un operador de servicios de infraestructura que asume la gestión integral de un corredor vial”, cuya idoneidad “se mide por la capacidad de gestión integral demostrada y no por la mera experiencia constructiva”.
Para los letrados de Aubasa, la exigencia de ejecución directa de obras “implica confundir la figura del concesionario con la del contratista, desnaturalizando el objeto del contrato y restringiendo indebidamente la concurrencia”.
La impugnación también cuestionó la noción de “participación indirecta” utilizada para descalificar antecedentes. Según el escrito, ese concepto “no está previsto en el pliego ni definido en la normativa aplicable”, pero fue aplicado como un criterio excluyente.
Además de defender su posición, Aubasa advirtió que el dictamen de precalificación permitió avanzar a empresas que presentan “incumplimientos objetivos, verificables y documentados”, como la falta de estados contables, plazos societarios insuficientes, carencias en antecedentes técnicos y metodologías incompletas.
Según la presentación, entre las firmas con observaciones figuran Creditech; Roggio-Chediac; Vial Agro-Fontana Nicastro; el consorcio Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco; y CPC, del empresario Cristóbal López.
Tras la presentación elevada a la comisión evaluadora y al ministro de Economía, Toto Caputo, el Gobierno deberá resolver si hace lugar al planteo de Aubasa o ratifica su exclusión mediante una resolución formal.
Por ahora, las empresas habilitadas para continuar en la licitación del tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur -que abarca 1325 kilómetros de la autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226- son: Roggio-Chediac; Vial Agro-Fontana Nicastro; Panedile-Supercemento-Eleprint; Creditech-Ceosa; Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco; y CPC.
En tanto, para el tramo Pampa -que comprende 546 kilómetros de la ruta nacional 5 entre Luján y Santa Rosa- siguen en carrera Vial Agro-Fontana Nicastro; CN Sapag; CPC; Ceosa; Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco; y Merco Vial-Pietroboni.
En los dos tramos en pugna hay actualmente diez estaciones de peaje, a las que se sumarán otras diez cuando ingresen las nuevas concesionarias privadas.
Las tarifas que coticen las empresas no podrán superar los valores máximos fijados por el Gobierno, que se ubican entre 33% y 173% por encima de los que actualmente cobra la estatal Corredores Viales.
Si las ofertas quedan por debajo de esos topes, la concesión será por 20 años y se adjudicará a la empresa que proponga la tarifa más baja.
En cambio, si todas coinciden en el valor máximo, la adjudicación se definirá a favor de la firma que solicite el menor plazo de concesión, con un límite de hasta 30 años.
Los nuevos concesionarios deberán reconvertir las cabinas de cobro en efectivo en “vías mixtas”, que permitan pagos manuales y automáticos. Para quienes no tengan TelePase, la tarifa pasará a ser el doble.