Tras la reforma constitucional, el MPA define su nueva estructura como órgano extrapoder. Las pujas con el gremio. En la Legislatura, calma.
Santa Fe atraviesa una etapa inédita tras la reforma constitucional que convirtió al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en un órgano extrapoder. Mientras diseña su carta orgánica, define un sistema de carrera y resuelve la puja por los empleados, en la institución pretenden funcionar plenamente con el nuevo formato en los primeros meses de 2026. La Legislatura espera con cautela.
La jura de la nueva Constitución abrió un camino inexplorado para el MPA santafesino, que pasó a ocupar un lugar central como órgano extrapoder. El reconocimiento institucional implicó también responsabilidades inmediatas: trazar el rumbo de una estructura que, hasta ahora, convivía bajo la órbita del Poder Judicial.
En el organismo que tiene a María Cecilia Vranicich como fiscal General buscan consolidar dos certezas: hacia afuera, la independencia ya fue conquistada; hacia adentro, la prioridad será transmitir unidad y cohesión. Mientras tanto, las tensiones con el gremio son explícitas.
El nuevo esquema post-reforma obliga a delinear una carta orgánica que regule jerarquías, formas de ingreso y un sistema de carrera hoy ausente. Hasta ahora, la diferencia entre fiscales titulares y adjuntos marcaba un límite rígido. La idea, sostienen quienes lo timonean, es abrir un camino de crecimiento interno, donde los propios empleados y pasantes puedan proyectarse dentro de la institución.
“Es una oportunidad: hoy tenemos fiscales titulares y adjuntos, pero no hay un sistema de carrera, hay que diseñarlo. La idea es que puedan crecer en el MPA”, explicó una fuente que trabaja en el diseño normativo. Entretanto, ya hubo jura de fiscales a la nueva Constitución en Santa Fe, mientras que el próximo sábado ocurrirá lo propio en Rosario, nada menos que en el Monumento Nacional a la Bandera. "Es la primera vez que una autoridad del MPA toma juramento", dijo en el acto Vranicich para marcar lo relevante del acto.
El tránsito hacia la autonomía no está exento de tensiones. Uno de los principales nudos aparece con el traspaso de la planta de personal, que hasta ahora respondía a la Corte Suprema santafesina. Allí se concentra la resistencia del sindicato de judiciales, a quien apuntan como “el brazo ejecutor de Rafael Gutiérrez y Marcos Bordas”, en referencia al juez supremo y al secretario de Gobierno del tribunal cimero. “La resistencia viene de ahí”, señalan en el MPA, marcando una diferencia que se hace cada vez más ostensible: “Hay una Corte del norte y otra del sur”.
Nadie niega algo: la incertidumbre de los empleados es real. Las fuentes consultadas aclaran que “el piso es lo que tienen hoy, lo que sigue es mejorar”. El gremio, sin embargo, endureció su posición: ya presentó un amparo colectivo contra dos cláusulas transitorias, las que traspasan a los empleados de los distintos organismos -MPA, Ministerio Público de la Defensa, entre otros-. “Y ahora vendrán amparos individuales”, adelantan. “Los trabajadores que están en el MPA o en la defensa concursaron y juraron en el Poder Judicial. No se los puede sacar de un plumazo”, agregan. Hubo una primera reunión días atrás entre las partes, pero consideran insuficiente el diálogo: “Todavía no pudimos sacar nada. Todo promesas”, siguen.
En paralelo, negocian con la Corte un convenio para regular el uso de inmuebles y servicios comunes, como el Centro de Justicia Penal o el jardín maternal. También gestionan la transferencia de los legajos de personal, que hasta ahora permanecían en manos del máximo tribunal. El traspaso impacta además en la administración de los sueldos. No fue casual el comunicado que circuló días atrás por las redes oficiales del MPA, con una jornada de capacitación para la liquidación de salarios.
El horizonte inmediato se juega en la política legislativa. El MPA ya trabaja internamente en los borradores de su Ley Orgánica, pero la definición depende luego de la voluntad de la Legislatura. Allí advierten que no hay precisiones con respecto a los plazos. “Lo primero que se va a tratar es la de régimen municipal”, adelanta una fuente legislativa.
Los tiempos, coinciden, son ajustados, aunque en la Fiscalía esperan que, tras el período de transición, pueda funcionar plenamente bajo el nuevo formato tras el primer trimestre de 2026. “Si dependiera del MPA, la transición sería de tres meses”, reafirman. En la Legislatura la cautela se trasluce en que la grilla no solo tiene a las autonomías como tema prioritario, sino también la confección de la normativa para el Jurado de Enjuiciamiento. “El MPA ya es autónomo, tiene cómo funcionar”, ahondan.
Mientras tanto, los fiscales buscan respaldo institucional. Hubo reuniones formales e informales con la Corte -que también ve como asoma un nuevo período de renovación-, y encuentros con asociaciones gremiales y profesionales. El objetivo es blindar el proceso. “Hay muchos que apuestan a que esto salga mal”, dice una voz lacónicamente.
La transición también abre un debate interno sobre la carrera de quienes formen parte de la estructura renovada: cómo convencer a la tropa del nuevo formato. “En el MPA, la pirámide es más estrecha, pero también menor el universo de competencia. De los últimos 22 fiscales que juraron, 18 provienen de la propia estructura”, ejemplifican a la hora de hablar un semillero en la estructura.
Con gremios en guardia, una Legislatura que maneja el calendario y reuniones pendientes con el Ejecutivo, 2026 aparece como año clave. En esa encrucijada, el desafío será combinar el blindaje interno con la construcción de autonomía externa: un equilibrio que definirá el futuro del nuevo MPA.
