La reelección de Pullaro, la reforma judicial, la caja jubilatoria y la reescritura de la estructura política provincial elevan la temperatura de la Convención.
Santa Fe: los cinco debates que dividen las aguas en la discusión por la reforma constitucional
La reforma constitucional en Santa Fe arrancó con una carga simbólica e institucional que la vuelve tan histórica como espinosa. Tras 63 años sin cambios en su Constitución, la provincia se enfrenta a una reescritura profunda de su estructura política.
Cinco debates concentran la mayor temperatura en la Convención constituyente y exponen tanto los traumas del pasado como las tensiones del presente. La reelección del gobernador Maximiliano Pullaro; desde cuándo se limitarán las reelecciones indefinidas del resto de los cargos; la autonomía municipal; los cambios en el Senado provincial; la intransferibilidad de la caja de jubilaciones y la reforma judicial son los ejes que dividen aguas.
La posibilidad de habilitar un segundo mandato consecutivo para los cargos de gobernador y vice es el primer gran conflicto constitucional de la provincia. Santa Fe aún prohíbe expresamente la reelección inmediata para el titular del Ejecutivo. Desde 1994, todos los gobernadores intentaron avanzar con una reforma, pero este punto fue el principal freno, incluso cuando algunos —como Miguel Lifschitz— se autoexcluyeron de esa posibilidad.
Ahora, el oficialismo impulsa habilitar una reelección inmediata para el actual mandatario, lo que podría extender su mandato hasta 2031. A la vez, propone limitar las reelecciones indefinidas en el plano legislativo y en los gobiernos locales.
En ese punto aparece una tensión con los senadores, que ya hacen circular una contrapropuesta: que los límites a intendentes, concejales y legisladores rijan recién desde 2027, lo que permitiría su permanencia hasta 2035. El argumento que esgrimen es que al gobernador se le estaría otorgando un derecho que hoy no tiene, mientras que a ellos se les estaría restringiendo.
La falta de autonomía plena para los municipios es otro de los traumas estructurales de la provincia. La Constitución vigente no habilita a los gobiernos locales a dictar sus propias cartas orgánicas ni les garantiza autonomía financiera ni administrativa.
La reforma apunta a saldar esa deuda histórica, en línea con el artículo 123 de la Constitución Nacional. Tanto es así que el vicepresidente primero de la Convención, Diego Giuliano, sostiene que la Constitución que surgirá de esta Convención debe ser “la de las autonomías”.
Si bien el principio general de la autonomía cuenta con un respaldo amplio, muchos advierten que sin transferencia de recursos no habrá cambios reales. La tensión atraviesa a todas las fuerzas políticas y a las propias intendencias. Rosario y Santa Fe concentran una porción mayor de fondos que el resto de las localidades, lo que vuelve a poner sobre la mesa viejas disputas por la coparticipación y el reparto territorial.
Aunque la ley de convocatoria a la Convención excluyó de plano en el temario la eliminación de una de las cámaras legislativas, la discusión sobre su funcionamiento y, sobre todo, el uso de recursos públicos no está cerrada. Sectores liberales como La Libertad Avanza y Somos Vida aún insisten en un sistema unicameral bajo el argumento de la eficiencia y el ahorro, pero el resto del arco político descarta esa posibilidad, porque no está habilitada en esta reforma.
Sin embargo, lo que sí se discute es el esquema de recursos: funcionamiento, subsidios, estructura y peso político. Quienes defienden el bicameralismo aseguran que el Senado garantiza representación territorial, equilibrio institucional y contrapeso político. Como contracara al argumento económico, mencionan que Tucumán —unicameral— tiene la legislatura más cara del país, mientras que San Luis —bicameral— es la más austera.
En el fondo, lo que se juega es el diseño del Poder Legislativo. Entre los cambios en carpeta, aparece el adelantamiento del inicio de las sesiones ordinarias, que dejarían de comenzar el 1° de mayo, y una dinámica más ágil entre ambas cámaras para la sanción de proyectos.
La constitucionalización de la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones de la provincia es uno de los puntos que más ruido genera en la Convención. Si bien Santa Fe nunca transfirió su sistema previsional a la Nación, su Constitución tampoco impide que lo haga. Por eso, el socialismo propuso incluir una cláusula que prohíba de forma expresa su cesión.
El artículo quedó habilitado en la ley de necesidad de la reforma y cuenta con respaldo de una parte del peronismo, pero el PRO ya anunció que no acompañará esa iniciativa y anticipó que votará junto a La Libertad Avanza si es necesario. Las diferencias internas en Unidos quedaron expuestas: el radicalismo y el socialismo empujan el blindaje institucional de la caja; los sectores más liberales lo rechazan de plano.
El quinto eje de discusión atraviesa al sistema judicial. La propuesta busca otorgar autonomía plena al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPDP), transformándolos en órganos extrapoder, con presupuesto propio y gobierno interno.
Aunque hoy la ley les reconoce autonomía y autarquía, en los hechos fiscales y defensores necesitan avales de la Corte para nombramientos, traslados y decisiones clave. La fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Moreno Robinson, con apoyo del socialismo, encabezan la iniciativa. El gobernador Pullaro, por su parte, respalda el proyecto como parte de su plan de modernización judicial.