El mandatario les ofreció a los uniformados un aumento de $1.200.000 escalonado, en el marco de una disputa que escala. La propuesta fue rechazada.
El gobernador Claudio Vidal adelantó que la provincia de Santa Cruz evalúa gestionar un adelanto financiero ante el Gobierno nacional para afrontar el reclamo salarial de la Policía, los Bomberos y el Servicio Penitenciario, en el marco de la protesta de las fuerzas de seguridad que hace meses mantiene en vilo al distrito patagónico.
“Vamos a realizar una propuesta y también a solicitar herramientas que nos permitan seguir acompañando a los trabajadores en un contexto muy difícil para todas las provincias argentinas”, afirmó el mandatario en declaraciones al programa Voces y Apuntes, de Caleta Olivia.
Este miércoles el gobierno provincial les ofreció a los uniformados un aumento de un $1.200.000 escalonado, en el marco de una mesa del salario convocada en la Escuela de Policía local. La propuesta fue rechazada y se pasó a un cuarto intermedio.
Vidal admitió este martes las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores, aunque remarcó que la Provincia realiza “un importante esfuerzo” para sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos.
“El reclamo es justo. Nadie puede desconocer la difícil situación económica que atraviesa el país y que los salarios muchas veces no alcanzan”, aseguró el gobernador, y argumentó que durante los primeros años de gestión se otorgaron incrementos salariales por encima de la inflación. Además, resaltó que Santa Cruz mantuvo abiertas las negociaciones paritarias “en un contexto de caída de recursos”.
El gobernador apuntó contra “la retracción económica” que se vive en el país, y explicó que la provincia enfrenta "una compleja realidad financiera" producto de la disminución de la recaudación nacional y provincial. “El consumo cae, la recaudación cae y automáticamente ingresan menos recursos a las provincias”, sostuvo.
“Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, pagando salarios en tiempo y forma y ayudando a municipios que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos”, agregó, y detalló que el Estado Provincial debe afrontar mensualmente el pago de salarios de trabajadores activos y pasivos, además de asistir financieramente a municipios y comisiones de fomento para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales.
En otro tramo de la entrevista, Vidal insistió en la necesidad de contar con instrumentos financieros similares a los que utilizaron administraciones anteriores para afrontar contextos de crisis. "Todos los gobiernos de las últimas décadas tomaron deuda. Lo único que pedimos es contar con las mismas herramientas para seguir garantizando el funcionamiento del Estado y sostener el desarrollo de Santa Cruz", aseveró.
El pedido de Vidal se daría en el marco de una relación singular con el Gobierno nacional. De hecho, la Casa Rosada asistió el año pasado y en el primer trimestre de 2026 a algunos distritos a través de mecanismos que no alcanzan dimensión pública. En eso piensa el gobernador cuando proyecta un nuevo pedido de ayuda. Su provincia es una de las que ya ha recibido este tipo de adelantos en el marco de las constantes negociciones entre las autoridades nacionales y los gobernadores.
Se trata de adelantos de coparticipación denominados "intramés": son anticipos que las provincias reciben y la Nación se cobra dentro del mismo mes por medio del goteo de las transferencias automáticas derivadas de la coparticipación. En rigor, Santa Cruz recibió a principio de año $100.000 millones, según refleja el decreto 161/2026 publicado el 19 de marzo.
El conflicto salarial de las fuerzas policiales genera tensiones desde hace meses en la provincia de Santa Cruz. Se trata de policías autoconvocados que días atrás realizaron un acampe en las afueras de la Casa de Gobierno en Río Gallegos y hasta armaron una manifestación frente a la residencia de Vidal para que los recibiera.
Días atrás, uno de los referentes del sector, Ramón Qupildo, dijo que el reclamo tuvo una fuerte adhesión en la Policía y el Servicio Penitenciario: “Podemos hablar de un 85% de acatamiento”, detalló ante los medios locales.
Los ecos de la crisis policial comenzaron a escucharse meses atrás en el sur de la Patagonia, cuando, a mediados de febrero, efectivos en actividad y retirados de las fuerzas de seguridad elevaron un petitorio en el que entre otros puntos reclamaban una actualización “real y efectiva” en sus haberes y una silla en el Consejo del Salario.
