Patricio Carey deberá ir a juicio oral. Le negaron la probation por un criterio de política criminal. En su financiera le cambiaban dólares a un narco.
Patricio Carey, vicepresidente de la financiera Cofyrco, de Rosario, deberá enfrentar un juicio oral y público.
Uno de los casos más elocuentes en la conexión del campo del comercio de droga con el mundo de las finanzas legales en Rosario es la causa contra Patricio Carey, vicepresidente de una financiera donde un narco compró 17.600 dólares el mismo día de su asesinato. Ahora rechazaron para el financista una probation. E irá a juicio oral y público.
La Justicia Federal de Rosario rechazó el pedido de que ese caso se zanjara para el financista con una multa económica y labores para la comunidad. El Tribunal Oral Federal 2 recibió la propuesta de Carey junto con la oposición del fiscal federal del caso y de la delegación local de la Unidad de Información Financiera. El juez Román Lanzón analizó las posiciones, denegó el pedido y ahora el caso se ventilará en juicio oral y público.
Patricio Carey es socio principal de la financiera Cofyrco, ubicada en Corrientes 836. Allí Marcelo “Coto” Medrano, un hombre que había tenido condena por narcotráfico, compró 17.600 dólares la misma mañana de su asesinato, en septiembre de 2022.
El día que la policía requisó la oficina de Carey encontró 175 DNI en una bolsa que, suponen los pesquisas, se usaron para hacer una estafa al Estado, comprando dólares oficiales a un precio y vendiéndolos en el mercado informal a un precio mayor. Las compras se hicieron en desconocimiento de los auténticos titulares de los documentos que en su mayoría estaban denunciados como extraviados.
La pesquisa económica desglosada del violento homicidio de Medrano, un hombre que tenía condena por narcotráfico, se dio a partir de que en su teléfono celular se encontraron evidencias de que había realizado en Cofyrco al menos tres compras de billetes estadounidenses en su último mes de vida, todas ellas superiores a 10 mil dólares.
El fiscal Federico Reynares Solari sostuvo ante el juez que la decisión de conceder una probation era atribución del Ministerio Público Fiscal que, en este caso, rechazaba esa salida. La política criminal priorizada es que en casos de lavado presunto los incidentes se ventilen en juicio por la alta conexidad que se establece entre la violencia del comercio de drogas y la derivación en inversiones de la rentabilidad que genera.
El criterio asoma como caso testigo de los enfoques concebidos para las fiscalías federales con el cambio al modelo acusatorio que arrancó el pasado 6 de mayo en todo el ámbito de la Justicia Federal de Rosario. Ya sin los casos de narcomenudeo, que representaban más del 80 por ciento de los casos, la decisión de política de persecución pasa porque los fiscales se enfoquen en el delito de guante blanco, es decir, de los asistentes técnicos y profesionales que gestionan el lavado de activos.
Este tipo de delitos van a la par del comercio de drogas y otras economías ilegales y brillaron históricamente por su ausencia en la jurisdicción de la Justicia Federal de Rosario.
Por este caso Fernando Vercesi, de 39 años y uno de los directores de la firma, acordó en proceso abreviado una condena de tres años de prisión condicional más una multa de 35 mil dólares y 400 horas de trabajo comunitario en la Justicia provincial. También aceptaron condenas en abreviados otros socios de la financiera, como Teodoro Fracasi y Guido Garay.
La esfera provincial era competente porque el caso financiero fue una derivación del homicidio de “Coto” Medrano. Pero Carey litigó para llevar el trámite de lavado a la Justicia Federal.
Pero la Justicia Federal también lo imputó por lavado de dinero, como había hecho en el fuero provincial el fiscal Sebastián Narvaja. Ante el procesamiento, Carey intentó apelaciones hasta proponer al tribunal de juicio oral una probation consistente en la restitución del dinero cuestionado al Estado y una iniciativa de trabajo social dos veces por semana.
A eso se opusieron el fiscal Reynares y el titular de la UIF de Rosario Juan Lafontana. El juez Lanzón no aceptó la probation porque si la fiscalía fundamenta con lógica el rechazo no puede el tribunal aceptar.
La Unidad Fiscal de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos investigaba desde el asesinato de Coto Medrano, ocurrido el 11 de septiembre de 2021 en una estación de servicio de Granadero Baigorria, los movimientos de dinero que aparecieron en el contenido de su celular secuestrado, que revelaban tres compras de dólares en un mes por 35 mil dólares en la financiera de Carey.
Lo que establecieron era que las compras de dólares del asesinado comercializador de drogas eran habituales en esa agencia de venta de divisas.